Las conclusiones de un informe técnico encargado por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) pocos meses antes de que acabara el mandato pasado, cuando todavía ese organismo autónomo del Cabildo de Tenerife estaba en manos del PSOE, viene a contradecir la urgencia de demoler el inmueble con la que CC ha justificado que no se convocara un concurso público para buscar el inmueble donde realojar de forma temporal a los más de 200 pacientes del geriátrico Febles Campos.
Este proceso a dedo duró dos años y desembocó en el intento de comprar para tal fin un edificio de una empresa de la familia de Antonio Plasencia en Cabo Llanos (municipio de Santa Cruz de Tenerife) por 23 millones de euros, más otros 6,1 para que se adecuara el inmueble a su uso como geriátrico.
Frente a la argumentación de CC sobre la necesidad de no demorar ese desalojo, y de ahí que se acudiera a la búsqueda por el procedimiento de compra directa que tardó dos años, hasta que surgió la oferta de Plasencia, una empresa especializada en ensayos para el control de calidad en la edificación, ECA, concluyó que “no se detectaron patologías importantes”, al no hallarse “ni grietas ni fisuras en los puntos de carga, ni deformaciones excesivas en los forjados”.
El informe sobre esta prueba de carga en forjados de ese centro sanitario, construido en 1930, lleva fecha del 21 de julio de 2015, es decir, tras las elecciones de mayo de ese año; esto es, cuando ya CC había tomado el control de ese organismo autónomo en el Cabildo de Tenerife (2015-19), en el mandato anterior gestionado por el PSOE.
De hecho, el día 28 de julio el Consejo de Gobierno insular, formado por CC y PSOE -el pacto se reeditó-, acordó la designación de Juan María Reyes como directora del IASS, que fue la que en el último trimestre del pasado año impulsó los trámites para la compra del edificio a Plasencia, inicialmente apoyada por todos los partidos, excepto Podemos, que se abstuvo, aunque luego todos, excepto CC, defendieron esa adquisición, ante el revuelo que se suscitó cuando trascendió que era de aquel empresario condenado por el caso Las Teresitas y el caso Áridos.
El informe, firmado por un arquitecto técnico de ECA, señala que, “si bien no se realizó una inspección exhaustiva de toda la estructura”, no encontró motivos de preocupación.
“Los resultados de probetas testigo, aún siendo bastante bajos, entran dentro de lo previsibles en edificios de esta época”, sostiene el técnico en las conclusiones.
Con respecto a los muros de carga, aclara que “no se pudo obtener un valor de tensión admisible dado que la cohesión de los bloques macizos con los que están realizadas es bastante bajo y no se pudo obtener un testigo válido para el ensayo a compresión simple”. Y añade que “la capacidad resistente de los bloques debe ser muy pequeña, si bien se solventa por el ancho de los muros”:
Precisa que “no se detectan fisuras en los muros, por lo que actualmente están trabajando correctamente”, aunque recomienda que “cualquier actuación sobre el edificio no debería originar un aumento” de peso. “En caso de necesitar aumentar las cargas que se transmiten por las paredes de carga de manera significativa, sería conveniente plantear añadir un refuerzo adosado a estas”, señala.
El informe que echó en falta el interventor lo tenía el IASS
Llegados a este punto, cabe recordar que el interventor del IASS, que se llegó a negar el 27 de diciembre a hacer su informe sobre la compraventa para el Consejo Rector porque no le habían dado tiempo para examinar el expediente pese a ser “harto complejo”, cuando al día siguiente hizo el informe, advirtió precisamente de que “poco o nada se dice en el expediente sobre el estado de la edificación del actual hospital Febles Campos, ni sobre si dicho estado permitiría o no demorar en el tiempo la adquisición de una ubicación alternativa, aspecto sin duda relevante para justificar una compra” directa como esta. Llama poderosamente la atención que, obrando en poder del IASS una prueba de carga hecha por un laboratorio especializado en estos chequeos, no fuera mencionada ni incluida en el expediente, como hubiera deseado el funcionario fiscalizador.
Tras la polémica suscitada, el Cabido ha desistido de comprar el edificio a Plasencia sin procedimiento público, tras perder Coalición el apoyo de los demás partidos, si bien la opción que ahora se va a llevar a cabo, aprobada en el pleno insular solo con los votos de CC y PP, es una solicitud pública de ofertas a la que puede presentarse de nuevo la empresa Carlacand, por lo que PSOE y Podemos interpretan que se ha dejado la puerta abierta a que al final se consume la operación con el constructor condenado.