Los partidos políticos en la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz Izquierda Unida Canaria (IUC) y Sí Se Puede llevarán al pleno municipal que se celebra este viernes una moción para destinar el 40% del suelo urbanizable en los terrenos de la refinería a la construcción de viviendas sociales.
La propuesta conjunta plantea que el Ayuntamiento reserve la mayor parte posible de suelo destinado a vivienda protegida al planificar el uso futuro de los terrenos de la refinería, sobre los que se ubicará la próxima expansión importante de la zona urbana capitalina.
Es uno de los cuatro puntos de acuerdo que establece la moción, que será defendida por los portavoces de IUC, Ramón Trujillo, y de Sí Se Puede, Pedro Fernández Arcila. El texto además pide que se incluya en todos los planes generales de ordenación, todos los planes rectores de uso y gestión de parques rurales y todos los planes especiales protegidos, al menos el 40% del suelo urbano o urbanizable para la construcción de viviendas sometidas a regímenes de protección pública y que la distribución de tal adscripción “se realice en todos los elementos de ordenación que se aprueben, de tal forma que no se formen barrios en los que la totalidad de las viviendas sean solo de protección”.
Asimismo, se insta al Gobierno de Canaria a la firma de convenios con el Ayuntamiento de Santa Cruz para edificar viviendas protegidas, igual que lo hace en otros municipios.
Ramón Trujillo explicó que Santa Cruz necesita dotarse de un parque público de viviendas para el alquiler muy superior al actual, que es “la manera de disponer de vivienda protegida que no acabe en el mercado libre y que, además, sirva para atender en cada momento a quienes cuentan con rentas más bajas es con la reserva de suelo”.
La moción responde a las conclusiones de un informe elaborado en agosto pasado por el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) que destaca el incremento de las dificultades de encontrar vivienda para los colectivos con rentas bajas en el municipio.
El creciente empobrecimiento social, sumado a la presión del alquiler vacacional (en los dos últimos años ha aumentado el 58%), y la creciente adquisición de viviendas por extranjeros (en Canarias en 2017 el 31,3% de las viviendas vendidas fueron compradas por extranjeros frente al 13,1% estatal) hacen casi imposible acceder a una vivienda en un mercado reducido como el de Santa Cruz.
Según datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, la ciudad cuenta con 12.600 viviendas en régimen de alquiler de las que 4.884 son viviendas públicas de alquiler social ya habitadas. Frente a estas cifras, Trujillo recuerda que en este momento hay en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias 6.463 demandas de vivienda protegida en régimen de arrendamiento en el municipio capitalino.
Los cálculos de un estudio publicado por la Fundación Alternativas señalan que de 2016 a 2030 España deberá dotarse de 2.650.000 viviendas para el alquiler social. Trasladando esas cifras a Santa Cruz, se necesitan unas 11.660 viviendas, lo que supone incorporar más de 900 viviendas anuales al parque público.