El futuro complejo que albergará la estructura judicial de Santa Cruz de Tenerife se levantará en una parcela de más de 20.000 metros cuadrados perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias, ubicada en El Sobradillo (distrito Suroeste de la capital tinerfeña). El proyecto permitirá concentrar en una misma sede las oficinas, servicios y dependencias comunes, así como los distintos órganos jurisdiccionales, como son el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Audiencia Provincial, los Juzgados, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal. Además, la parcela dispondrá de un parking público.
En lugar de construir nuevas sedes dispersas para hacer frente a la necesidad de contar con más espacio, se concentrarán en un único emplazamiento. Han sido las propias partes las que han apostado por esta opción tras examinar las posibilidades inicialmente planteadas.
La parcela seleccionada, situada en la calle Los Bimbaches de El Sobradillo, cuenta con capacidad para albergar las sedes de los distintos órganos, actualmente dispersas por la capital. Supondrá, según ha expresado el Ayuntamiento en una nota de prensa, “una oportunidad de revitalización y revalorización del Distrito Suroeste, al tiempo que descongestionará el centro de Santa Cruz”.
Al Palacio de Justicia de la avenida Tres de Mayo, las dependencias de la plaza de San Francisco, y el actual Instituto de Medicina Legal, que se comparte con la Universidad de La Laguna, se une el alquiler de tres locales más que suponen un coste anual superior a los 1,2 millones de euros.
El edificio de la avenida Tres de Mayo podrá ser utilizado para otros fines por la Administración General de la comunidad autónoma, y se devolverá al Ayuntamiento de Santa Cruz el Palacio de la plaza de San Francisco.
Emplazamiento idóneo
En el proceso de consulta se evaluó el uso de otras tres alternativas más, dos de ellas situadas en el Polígono Cepsa-Disa (Los Gladiolos) y la tercera en Cabo Llanos, que se desestimaron por no reunir las condiciones necesarias.
Al margen de las consideraciones del Plan General de Ordenación Urbana, estas tres opciones se localizan en zonas de Santa Cruz ya colmatadas, y convertirían las condiciones de tráfico en un importante problema, no solo para el edificio en cuestión, sino para estas tres ubicaciones de la ciudad.
Los informes elaborados a tal efecto por la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife constatan, respecto al solar de Cabo Llanos, que apenas serían ocupables 3.000 metros cuadrados, y el Estudio de Detalle establece que habrían de construirse tres edificios independientes que, además, requerirían esperar un mínimo de cuatro años hasta la posibilidad de solicitar la licencia de edificación. Asimismo, no contaría con área de aparcamientos suficiente.
La parcela A del Polígono Cepsa-Disa, de forma triangular, es de 3.783 metros cuadrados e insuficiente para albergar todos los órganos en una sola sede. Como alternativa, las parcelas B y C situadas en el mismo barrio son de geometría irregular y, según el PGOU actual, contemplan respectivamente uso de “plaza pública y parking subterráneo” y “uso educativo”.
La superficie de ambas parcelas es escasa (6.687 y 7.438 metros cuadrados cada una) y no permite compaginar el programa requerido con una zona libre necesaria para la circulación de vehículos y peatones. Además, tampoco resuelve la cuestión del aparcamiento.
El emplazamiento elegido en El Sobradillo, de disponibilidad inmediata y más de 20.000 metros cuadrados, supone prácticamente una superficie equivalente a sumar las otras tres opciones.
Permitirá compaginar el programa requerido y una zona libre en la propia parcela, necesaria para las circulaciones exteriores peatonales y vehiculares, fundamentales para un edificio de estas características y prestancias. Además, no tiene restricciones de edificabilidad, y permite generar los usos funcionales diferenciados que requiere una auténtica Ciudad de la Justicia con proyección de futuro.
Podrá ser construido y ocupado por fases y en bloques diferenciados, y a la posibilidad de construir un parking público independiente, se une su máxima conectividad por su ubicación respecto a las vías de comunicación existentes y a las guaguas y el tranvía.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, fueron los encargados de presentar este jueves las conclusiones y estudios que han llevado a esta decisión, tomada tras un proceso de consulta liderado por la Consejería con representantes de la magistratura, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionariado, sindicatos y colegios profesionales, y en el que ha participado activamente el Consistorio. La cita contó además con la presencia del director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez.