El Ministerio del Interior prohíbe a una eurodiputada de IU visitar el CIE de Hoya Fría

La eurodiputada de Izquierda Unida (IU) Marina Albiol ha criticado este miércoles con dureza al Gobierno de Pedro Sánchez y en especial a su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que desde el Ministerio se le denegara el acceso el martes de esta semana al Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Hoya Fría (en Santa Cruz de Tenerife y el único de los tres de Canarias en funcionamiento en la actualidad), algo inédito en la Unión Europea (UE).

La parlamentaria había solicitado permiso para visitar el recinto el pasado mes de diciembre; sin embargo, desde Interior alegan un cambio de criterio para justificar la negativa. “Como el peor PP, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en que las violaciones de los derechos humanos que se cometen en los CIE no trasciendan a la opinión pública”, ha dicho  la eurodiputada, antes de apuntar que “el PSOE, a pesar de querer transmitir una versión acogedora y tolerante, aplica sin contemplaciones la doctrina de la Europa fortaleza que los Estados miembros y la Comisión Europea imponen desde Bruselas”.

La eurodiputada se desplazó esta semana a Canarias, donde mantuvo reuniones con ONG, colectivos y asambleas de IU en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, para abordar diversos temas que trasladar a Europa, sobre todo en materia medioambiental y de políticas migratorias.

Desde las puertas del CIE de Hoya Fría, Albiol ha denunciado la situación de las “cientos de personas encerradas en esta cárcel racista sin haber cometido ningún delito”. “Son centenares de personas que están esperando para ser deportadas por la fuerza” y que están expuestas “a la vulneración sistemática de los derechos humanos”, tal y como han denunciado numerosas ONG en todo el Estado español.

Albiol ha criticado también las “condiciones de masificación e indignidad” del CIE de Tenerife y, por su puesto, “la opacidad de todo lo que rodea a estos centros, como demuestra el hecho de que nos hayan negado el acceso”. Es una orden “que viene desde el Ministerio de Interior después de que Grande-Marlaska haya decidido endurecer las ya de por sí duras normas de acceso que había impuesto el PP”.

Las ONG, ha añadido, “han venido advirtiendo en los últimos años de las deficiencias existentes en la asistencia jurídica, de la desinformación, la falta de intérpretes y de formación en los policías que lo custodian”, así como la “mala atención que se da a las mujeres migrantes internas” y que “tanto la asistencia médica como el catering estén privatizados”.

“No quieren que veamos lo que sucede aquí dentro, no quieren que denunciemos, no quieren que fiscalicemos lo que sucede en estas cárceles racistas” y, por eso, “nosotras desde Izquierda Unida vamos a seguir diciendo que las políticas migratorias europeas tienen consecuencias muy graves para las personas migrantes”.