Los operadores jurídicos descalifican el estudio de movilidad sobre Cabo Llanos, “cuestionable” y hecho “sin rigor”

La Plataforma Pro Edificio Judicial en Cabo Llanos, que agrupa a los operadores de estos servicios en la provincia tinerfeña, ha difundido este viernes un comunicado de prensa en el que responde a las conclusiones del reciente estudio de movilidad que, en esencia, viene a desaconsejar la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife en la zona de Cabo Llanos, en el centro de la capital.

Ese estudio, que dio a conocer este jueves la Consejería de Justicia, dirigida por José Miguel Barragán (de CC), avala de forma parcial los argumentos del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento santacrucero en relación con el impacto de ese futuro recinto en el aumento de las colas y el empeoramiento del tráfico en el corazón urbano.

Las conclusiones del trabajo, que encargó el departamento de Barragán, inclina la balanza, en la disputa sobre si Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos (centro urbano) o en El Sobradillo (periferia de Santa Cruz), a favor del segundo emplazamiento, justo el preferido inicialmente por el Ejecutivo autonómico y el Consistorio capitalino.

En el comunicado, la Plataforma primero reconoce que ya ha accedido al Estudio detallado de movilidad en el área de Cabo Llanos, para ver la posibilidad de construcción del Campus de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife en el polígono Cepsa-DISA de dicha zona, elaborado por la empresa Trazas Ingeniería, SL, tras solicitarlo la Consejería de Justicia. Luego, enumera sus conclusiones negativas acerca del contenido de ese informe, que son las siguientes:

“1) (...) es innecesario. No hace falta un estudio de movilidad como si se tratara de un uso nuevo: los juzgados ya están en Cabo Llanos. Simplemente, lo que se pretende es concentrar en una sede lo que ahora está disperso en cinco.

2) No se nos ha dado la posibilidad de intervenir a la hora de plantear el objeto del estudio; tampoco para someter a aclaración o contradicción sus afirmaciones y conclusiones.

3). d Insistimos: se omite o desconoce que todos los juzgados están ya en Cabo Llanos. No hay nuevos usos ni nuevos desplazamientos atraídos.

y 4) Es más que cuestionable la metodología empleada y el rigor de sus afirmaciones. Por poner un ejemplo: afirma que se producen 14 desplazamientos de vehículos policiales en hora punta (de 8.00 a 9.00). La realidad es que nunca a esa hora llegan más de tres. Igualmente exagerada es la cifra de 110 desplazamientos diarios que contempla para el traslado de detenidos, presos y penados. Bastaría haber preguntado al servicio de conducciones de la CNP y la Guardia Civil“.

Apuntados esos aspectos críticos del informe, según la versión de la Plataforma, el colectivo judicial resalta que “la Consejería de Justicia ha dado pasos importantes y en la dirección correcta en el último año, al abrir un diálogo con todos los operadores jurídicos y conseguir la titularidad de las parcelas existentes en la zona próxima al Tanque, con el fin de ubicar ahí el centro educativo, despejando los problemas que afectaban a la zona en que se pretende ubicar la Ciudad de la Justicia”. También confía “en que ese informe no sirva de excusa o de pretexto para retomar la ubicación de El Sobradillo, ni para demorar la solución al problema de ubicación de las dependencias judiciales en Santa Cruz de Tenerife”.

A todo lo anterior, la Plataforma incorpora que, “cuando se tomó la decisión de situar en El Sobradillo la Ciudad de la Justicia -luego reconsiderada-, no se solicitó por parte de la Consejería ni del Ayuntamiento ningún informe de movilidad, y ello a pesar de que en este caso sí se trataba de un nuevo uso para una zona que no alberga dependencias administrativas, lo que no sucede con Cabo Llanos, donde, como es notorio, están ya todos los juzgados”. En ese caso, “tuvo que ser la Sala de Gobierno del TSJC la que se interesó por ese informe de movilidad, que fue emitido por Cabildo de Tenerife justo hace un año”.

Este otro trabajo, indica el mismo comunicado, dice que “a fecha de hoy no existe un estudio de la afección que a la fluidez del tráfico produciría la puesta en funcionamiento del Campus de Justicia en El Sobradillo”, y añade que “deberá realizarse una encuesta de movilidad específica a aquellas personas que acceden a las diferentes dependencias judiciales”. Este estudio, prosigue, “permitiría abordar las modificaciones en las líneas de TITSA existentes, la puesta en marcha de otras nuevas y el diseño de las modificaciones que requiera el viario de la zona”.

Pues bien, subraya la Plataforma, “ha transcurrido un año y esas tareas no se han llevado a cabo”. A su vez, recuerda algunas de las actuaciones que prevé necesarias el estudio del Cabildo, que son: 

“a) Se deben realizar mejoras en el enlace de El Sobradillo con la TF-2, ya que se considera que este en su actual configuración no podrá absorber los tráficos de nueva demanda, debiendo realizarse un estudio pormenorizado de alternativas.

b) Contempla asimismo la necesidad de que llegue hasta la zona la línea 2 del tranvía y nuevos servicios y frecuencias de autobuses hasta el complejo, tanto desde Santa Cruz como desde las zonas norte y sur, para facilitar al máximo el desplazamiento de los justiciables.

c) También destaca ese informe, al interrogarse sobre el impacto que la ubicación proyectada tendría sobre el tráfico en la TF-2 y, especialmente, en los diversos accesos, que las modificaciones producidas deben ser estudiadas de forma global. Por ello tiene en cuenta la reorientación del tráfico desde Cabo Llanos a la nueva ubicación. Anticipa, a pesar de la falta de los estudios de detalle, problemas de congestión en las intersecciones con la TF-1 y la TF-5.

d) Además, el Cabildo considera necesario acometer obras de mejora en la TF-2, y precisa que “la viabilidad, plazos y estimación de presupuestos para tales obras de mejora serán el resultado de un estudio específico que se escapa al alcance de este informe y que deberá ser realizado por el Gobierno de Canarias por ser el titular de esa vía”.

Transcurrido un año desde la presentación del informe del Cabildo, siempre según afirma la Plataforma, “tampoco se han llevado a cabo tales estudios, ni se ha elaborado una memoria con el coste de tales obras, ni se ha calibrado el impacto medioambiental que estas tendrían”. Además, el proyecto de prolongación de la línea 2 del tranvía está paralizado, con una fuerte oposición por parte de varios colectivos ciudadanos, recuerda la Plataforma en la nota.