Alba insiste en la nulidad de la grabación y anuncia una querella contra Ramírez por compararlo con la mafia
Con la pesada losa de peticiones de condena de hasta 13 años de cárcel, Salvador Alba ha tratado de erigirse hasta el último momento en víctima en la vista oral que se ha celebrado estos días en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El juicio, que ha quedado este viernes visto para sentencia, dilucida si el magistrado, suspendido de funciones, es autor de cinco de los delitos más graves que puede cometer en el ejercicio de su profesión (prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, falsedad en documento oficial, cohecho y revelación de secretos). Se juzga en palabras de la Fiscalía, su “acuerdo corrupto” con un empresario al que investigaba para perjudicar a la jueza a la que sustituyó durante siete meses al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, que había pedido la excedencia para concurrir con Podemos a las elecciones generales de 2015.
“Es el mundo al revés”, ha manifestado el abogado del magistrado, Nicolás González-Cuéllar, a propósito de la versión que mantienen la Fiscalía, la acusación particular (Rosell) y las acciones populares (el periodista Carlos Sosa y Unidas Podemos). En un extenso informe final que se ha prolongado durante más de una hora y media, la defensa ha sostenido que el procedimiento está viciado por completo y, por lo tanto, debe ser anulado porque está “contaminado” por la manipulación de los archivos de audio que Ramírez entregó en los juzgados, denominados REC001 y REC002, fragmentos del REC004, el audio que la Guardia Civil encontró en la papelera del dispositivo de grabación utilizado por Ramírez y que los expertos en Criminalística y las acusaciones dan por auténtico y válido para incriminar al magistrado Salvador Alba.
Frente a esta posición, la defensa insiste en el informe pericial de parte elaborado por Jonathan Hellín y desacreditado por la Guardia Civil. González-Cuéllar ha relatado siete razones que, a su juicio, demuestran que también el REC004 ha sido manipulado. Entre ellos ha citado el supuesto desfase entre el tiempo de grabación y el tiempo de permanencia de Ramírez dentro del juzgado, los metadatos del archivo y la aparición de subcarpetas que, supuestamente, no pueden haber sido generadas por la grabadora utilizada, el famoso ‘plín’ que atribuyen a una maniobra para enmascarar un corte o la presunta discordancia conceptual entre los fragmentos del audio que figuran con anterioridad y posterioridad a esta señal.
Las frases que se pueden escuchar en esa grabación “son cosas que se han dicho, pero no son todas y no están en ese orden”, según el letrado, que ha insistido en que la expresión “indicio de delito” la pronunció Ramírez y no Alba porque el juez es natural de Córdoba y no sesea.
Frente a los intereses “personales y espurios” de los que hablaba la Fiscalía en su informe final, el abogado de Alba ha incidido en su tesis de que estaba buscando, además del supuesto incumplimiento del deber de abstención de Rosell, la posible conexión de los contratos de publicidad suscritos entre su pareja y Ramírez con un supuesto delito de blanqueo de capitales, a pesar de que nunca informó a las partes ni ejecutó ninguna otra acción encaminada a este fin, tal y como reconoció la fiscal Evangelina Ríos durante su declaración como testigo.
Querella contra Ramírez
González-Cuéllar ha anunciado además la presentación de una querella contra Ramírez por injurias y calumnias, después de que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas comparara la actuación de Alba con la de “la mafia en Chicago en los años 30”. También el magistrado ha amenazado, haciendo uso de la última palabra, con emprender acciones penales contra la abogada Sandra Rodríguez, que ejerce como acción popular en representación de Unidas Podemos, por “faltarle el respeto” al calificarle de “chantajista” y “cobarde” durante su informe. González-Cuéllar, abogado habitual de José Manuel Soria, exministro y expresidente del PP canario que se querelló contra Rosell en plena campaña electoral y que se sirvió para ampliar la denuncia de un informe reservado (y plagado de falsedades, según las acusaciones) elaborado por Salvador Alba, ha hecho a este respecto un alegato contra la “instrumentalización de la acción judicial” por parte de los partidos políticos.
Pero no solo Podemos ha sido diana de los ataques del magistrado y de su abogado, que han utilizado sus últimas intervenciones para cargar las tintas, con inusitada virulencia en ocasiones, contra quienes lo acusan. Ya lo advirtió González-Cuéllar en su introducción, cuando, además de su insistente alusión al “mundo al revés”, citó el pasaje del Evangelio de San Lucas que recoge la afirmación sobre lo fácil que es ver la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio.
Para arremeter contra la Fiscalía, el letrado ha hecho referencia a las diligencias preprocesales que abrió contra la propia Rosell por el contrato de alquiler de licencia de radio suscrito entre la pareja de la jueza y la productora del club de fútbol presidido por Ramírez, la Unión Deportiva Las Palmas, días después de que la ahora diputada de Podemos abandonara el juzgado. Una investigación que fue anulada por vulnerar derechos fundamentales de la jueza, tal y como recordó González-Cuéllar para tratar de defender la actuación de su cliente a la hora de buscar los vínculos comerciales entre Ramírez y Sosa. “A quien ha tirado las orejas el Supremo ha sido a la Fiscalía por no utilizar los cauces adecuados”, ha manifestado el letrado, obviando cualquier referencia al hecho de que Alba aportó uno de sus informes bajo sospecha a la fiscal en esa investigación o que el propio magistrado afirmó tiempo después que fue él quien entregó al Ministerio Público la única copia del borrador del contrato que estaba en circulación y que, según Carlos Sosa, solo podía estar en manos del exministro José Manuel Soria.
El informe de la defensa también ha querido minimizar las consecuencias que las maniobras de Salvador Alba han tenido a nivel personal para Rosell, declarada víctima en este proceso, y las ha atribuido a su decisión de “meterse en política” y quedar sujeta “a la exposición pública”. “No parece que haya sufrido tanto cuando vuelve a presentarse a unas generales”, ha llegado a decir González-Cuéllar, quien ha insistido en imputarle un delito de cohecho a la magistrada por unos hechos, los vinculados al contrato de radio, que ya fueron investigados y archivados.
Última palabra de Alba
Tanto el magistrado Salvador Alba como su letrado han tratado de trasladar que las relaciones comerciales entre empresas de Ramírez y sociedades periodísticas vinculadas a Carlos Sosa continúan vigentes a día de hoy, a pesar de que la Fiscalía dijo que, de haber existido, habrían finalizado en el año 2009 (antes del inicio de la instrucción contra el empresario y de que el periodista fuera pareja de Rosell) y que, con posterioridad, el único vínculo era una alarma de Seguridad Integral Canaria en las oficinas de Canarias Ahora en la calle Cebrián hasta finales de 2012, por la que se pagaba unos 30 euros mensuales, y el servicio de limpieza, por parte de Ralons, en las sucesivas sedes del periódico, por entre 600 y 700 euros al mes.
Durante su turno de última palabra, Alba ha dedicado un tiempo considerable para referirse a las “142 publicaciones” que, según el magistrado suspendido, ha tenido que “soportar del periódico de Carlos Sosa”, a quien en numerosas intervenciones en un programa de radio ha llegado a calificar de “hoja parroquial”. “No voy a contar la de veces que se ha puesto en duda mi imparcialidad en algunos casos, pero sí quiero reiterar algunas publicaciones que han ido a dañar deliberadamente a la persona que les habla”. Entre ellas, se ha referido a sus vacaciones en las Islas Maldivas mientras se encontraba de baja, un viaje que, incluso, le costó el reproche de la Fiscalía. “¿Con qué finalidad (se publicó)? ¿Para que me hicieran un escrache en mi casa o fueran a romperme el coche?”, se preguntó el juez, que ha negado que su reunión con Ramírez fuera clandestina, que su objetivo fuera perjudicar a Rosell o que filtrara informes a la prensa.
