El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas y de su Sección Sexta, Emilio Moya, ha ordenado este viernes al mediodía la entrada de la letrada de la Administración de Justicia, acompañada de personal auxiliar, en el despacho del magistrado Salvador Alba en la Audiencia Provincial, con el fin de que se retiren “los procedimientos penales y civiles que se encuentren en su interior, levantando acta de todo ello”.
Moya ha tomado esta decisión inmediatamente después de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial le notificara este viernes el acuerdo aprobado el jueves en el que, además de dar cuenta de la suspensión provisional en funciones del juez Alba al estar encartado en un proceso penal por cinco presuntos delitos (prevaricación, falsedad en documento oficial, cohecho, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos), se pide al presidente de la Audiencia que “adopte con carácter de urgencias las medidas necesarias para solventar las situaciones en las que se encuentran los procesos en los que haya asistido el magistrado Salvador Alba Mesa y todavía no fallado o firmado”.
Entre ellos se encuentra el caso Faycán, una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde durante el mandato 2003-2007, con el Partido Popular (PP) en el gobierno local en coalición con Ciudadanos por el Cambio (Ciuca). El juicio concluyó el 12 de marzo, pero Alba aún no ha puesto la sentencia, aunque en declaraciones realizadas la mañana de este viernes a la Cadena Cope sugirió que pediría el alta médica para dictar la resolución sobre esta causa (en la que están procesados, entre otros, dos ex alcaldes del PP en el municipio grancanario) antes de que le notifiquen la suspensión.
Emilio Moya también se ha dirigido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, para solicitar que sean los magistrados Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, miembros ambos del tribunal del caso Faycán que presidió Alba, quienes deliberen y pongan la sentencia de este procedimiento.
La decisión de este viernes del presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas contempla además poner a disposición de la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas una copia del acuerdo de suspensión dictado por la Comisión Permanente en referencia a Alba, “a los efectos de llevar a cabo, en su caso, la notificación personal del mismo”, si el juez decidiera acudir a la Ciudad de la Justicia.
El acuerdo se notificará al Servicio de Inspección del CGPJ, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del propio Alba.