La distintas versiones de los testigos del juicio del denominado caso Ladrillo, que juzga la supuesta agresión de un subinspector del Cuerpo General de la Policía Canaria a un agente, para luego endosar la misma a un detenido, han quedado reflejadas en la segunda sesión celebrada este martes en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
El subinspector Carmelo Martín S.D. ha vuelto a sentarse en el banquillo junto a su asistente en el momento en el que tuvieron lugar los presuntos hechos, Luis Jesús R.M. y el agente denunciante sobre el que recae a su vez un delito de falsedad documental, Horus L.C. El cuarto acusado, Francisco de Asis P.G. no acudió a la Sala después de que el juez Emilio Moya se lo permitiera tras manifestar el lunes una serie de dolencias en la espalda.
Las dudosa validez de algunas pruebas recopiladas ha hecho que las declaraciones de los testigos cobren especial relevancia en el caso, por el que la Fiscalía pide penas de hasta seis años de cárcel e inhabilitación por los delitos de falsedad documental, atentar contra los derechos individuales y lesiones.
Una de las intervenciones más esperadas de la jornada fue la del comisario del Cuerpo, Luis Santos Jara, que fue llamado a declarar por la defensa del subinspector, que trató de sonsacar la relación de hostilidad que reinaba en la base de Gran Canaria. Durante su intervención, Santos Jara señaló que antes de que se interpusiera la denuncia del caso ante la Justicia no había recibido quejas sobre Carmelo Martín S.D. por parte de los sindicatos y añadió que incluso durante un encuentro en el que estaba presente Horus L.C. se había hablado bien de él.
Sin embargo, una vez el caso llegó a la Justicia, aseguró que la base de Gran Canaria se hizo “imposible, un infierno” atribuyendo esta situación a la presión sindical. En ese sentido, lamentó que Luis Jesús R.M. se fuera el Cuerpo, puesto que era “un buen funcionario” y en referencia a Carmelo Martín S.D., actualmente de baja, manifestó que “la presión que ha aguantado ese hombre es inaguantable”.
De esta forma, Santos Jara abrazó la teoría de una conspiración sindical contra el subinspector al considerar que tanto Horus L.C. como Francisco de Asis P.G. se habían autoinculpado y habían destapado el caso ante la Justicia por “hacer daño”. Asimismo, no recordó las conversaciones resultantes de los pinchazos telefónicos que obran en la causa, en las que se recogen declaraciones suyas en las que se refiere a esbozar ante el juez que “esto es una persecución”.
El comisario admitió que no supo lo que había ocurrido hasta días después, puesto que en el momento en que el caso salió a la luz se encontraba de viaje y reconoció que envió a un inspector que mantenía contacto continuo con el principal acusado a indagar en lo que había ocurrido. Una vez en Gran Canaria, Santos Jara se entrevistó con el subinspector y su asistente antes de hablar con el policía denunciante, al que negó haber amenazado.
La investigación interna llevada a cabo por la Policía Canaria, cuyos resultados se desconocen, fueron puestos en duda por la defensa del denunciante, así como la forma en que el Cuerpo fue cumplimentando la información que le requería la Guardia Civil.
Sobre este último aspecto, destacó la versión del oficial al cargo la noche en que sucedieron los hechos, quien dijo que el parte de incidencias en el que queda reflejado que Horus L.C. fue agredido– que fue remitido al Juzgado con tres meses de retraso - no se hizo el mismo día, sino posteriormente y se envió al subinspector cuando éste lo requirió.
La presión sindical quedó ratificada por el agente de la Guardia Civil que instruyó el atestado, en cuyas conclusiones destacó que Horus L.C. llevaba a cabo una intensa labor sindical.
Sin embargo, dicha hostilidad fue contrarrestada por las defensas de los denunciantes con las declaraciones de varios agentes, que describieron a Carmelo Martín S.D. como una persona que alardeaba de los contactos que tenía y amedrentaba a los cargos inferiores mediante vejaciones, algunas de las cuales están denunciadas ante la Justicia.
Sin lesión antes, con una herida en el cuello después
La mayoría de los agentes que trabajaron la noche de la final de murgas del Carnaval de 2013 de Las Palmas de Gran Canaria llamados a declarar respaldaron la versión de Horus L.C. al afirmar que durante la intervención llevada a cabo la madrugada del 10 de febrero el agente no sufrió lesiones, por lo que no necesitó acudir al hospital.
El propio detenido, que llegó a la Sala esposado y custodiado por dos agentes de la Policía Nacional, aseveró que él no había agredido a nadie y que no había podido provocarle las heridas del cuello, puesto que carecía de algunas uñas. En este punto, denunció que durante la actuación policial le propiciaron “porrazos”, le hicieron una maniobra llamada “mataleón” y le pusieron una bota en el cuello y le amenazaron con endosarle “resistencia” o “atentado” contra la autoridad. Esto último no quedó aclarado, puesto que relacionó ambas palabras.
Todos los agentes implicados mantuvieron dicha versión, excepto el oficial que estaba al mando en la intervención, quién no estuvo presente durante la detención y aseguró que fue Francisco de Asis. P.G. quien le trasladó en el mismo Parque de Santa Catalina que un policía había sido agredido, por lo que habían procedido a arrestar al individuo por atentado contra la autoridad.
Sin embargo, dicho oficial afirmó que no vio a nadie lesionado durante la intervención, al igual que otros seis agentes, quienes confirmaron haber visto a Horus L.C. una vez salió del despacho de Carmelo Martín S.D. con la herida en el cuello. Algunos aseguraron que el policía les reveló que había sido el subinspector el que le había agredido, aunque todos coincidieron en que el comportamiento de su compañero era extraño. “No respondía”, “no atendía”, “tenías los ojos llorosos”, “su cara estaba roja”, son algunas de las descripciones que dieron del agente tras lo supuestamente sucedido.
Uno de los policías que intervinieron en la detención aseguró además que, una vez en la base, el subinspector no le permitió figurar en el atestado, pese a habérselo solicitado.
Uno a uno, el abogado defensor del subinspector trató de sonsacar la relación de los agentes con el superior y éstos le confirmaron que en esa época pertenecían al sindicato Cobas.
El hombre que vio las cámaras
Otro de los testigos clave del caso fue el policía que visionó las cámaras de seguridad junto a Carmelo S.D. y un inspector antes de que las imágenes se perdieran y de las que supuestamente quedan unas instantáneas captadas por este último, que no supo decir si la fecha de las fotografías era la correcta.
El mencionado policía dio fuerza a la versión del denunciante al describir que las cámaras mostraban cómo Horus L.C. había entrado al despacho junto a Carmelo Martín S.D. y Luis Jesús R.M., cómo las luces de la habitación se habían apagado y cómo los tres habían salido de la habitación.
La defensa del subinspector trató de contrarrestar su declaración con la del vigilante de la base, quien afirmó que la falta de luz del despacho no se puede apreciar por el monitor.
El juicio continuará el jueves con las exposiciones finales de la Fiscalía y de las defensas de los acusados.