La defensa de Miguel Ángel Ramírez ha pedido la nulidad de la mayor parte de la causa que sienta desde este martes en el banquillo de los acusados al empresario por un presunto fraude fiscal de 36 millones de euros. Sostiene que el ya exjuez Salvador Alba, que cumple desde el pasado mes de octubre una condena de seis años y medio de cárcel, contaminó el procedimiento judicial durante los meses en que asumió la instrucción y que ello invalida todas las actuaciones posteriores. Alba fue condenado por utilizar esas diligencias para fines ajenos al objeto de la investigación y con el objetivo de perjudicar a la magistrada a la que sustituyó, Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
El abogado de Ramírez, el afamado penalista y magistrado en excedencia José Antonio Choclán, ha esgrimido lo que en el argot judicial se denomina doctrina del fruto del árbol envenenado, una teoría asentada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que sostiene que cuando la fuente de prueba se corrompe (el árbol), lo que se gana de ella (el fruto) también. Su tesis, por tanto, es que el magistrado corrupto vició la causa con su ilegal proceder.
Alba tomó posesión en el juzgado en el que se sustanciaba la causa contra Ramírez, el de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, el 3 de noviembre de 2015. La jueza que abrió esas diligencias, Victoria Rosell, había solicitado la excedencia para concurrir a las elecciones generales como independiente en las listas de Podemos. Alba accedió a ese destino pese a que ya había rebasado el cupo legal de sustituciones al que tienen derecho los magistrados cada año. Según recoge la sentencia que lo condenó por prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial, en esos meses manipuló el procedimiento contra el empresario con el propósito de acabar con la carrera política y profesional de su antecesora en el juzgado. Fue una grabación aportada por Ramírez la que permitió descubrir la conspiración orquestada por el exmagistrado.
El letrado de Ramirez sostiene que no hay ninguna resolución judicial en la causa que motivara la ampliación de la querella inicial por el presunto fraude fiscal (limitada a los ejercicios 2008 y 2009) al periodo comprendido entre 2010 y 2013, por lo que, a su juicio, la causa debe quedar circunscrita a lo sucedido en 2009 (los hechos de 2008 prescribieron).
La petición de nulidad ha sido solicitada por el abogado del empresario en el trámite de cuestiones previas al inicio de un juicio que ha comenzado este martes, nueve años después de la apertura de la causa, y que se prolongará durante tres semanas.
La Fiscalía pide 21 años y medio de cárcel y multas que ascienden a 105 millones de euros para Ramírez por cinco delitos contra Hacienda y tres contra la Seguridad Social. También está procesado Héctor de Armas, que sustituyó al empresario como administrador de Seguridad Integral Canaria (SIC) en 2011. Para él, el Ministerio Público solicita catorce años de prisión y cerca de 80 millones en multas. También figuran como acusación Hacienda, la Seguridad Social y el sindicato USO.
La fiscal Evangelina Ríos acusa a ambos de recurrir a una serie de “ficciones” para eludir pagos a Hacienda y a la Seguridad Social y multiplicar los beneficios de Seguridad Integral Canaria, de la que Ramírez era socio mayoritario (un 91%), además de administrador hasta agosto de 2011, fecha en la que fue sustituido por Héctor de Armas. La representante del Ministerio Público sostiene, no obstante, que el también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas siguió al frente de la sociedad y que ese movimiento se debió a que Ramírez había sido inhabilitado en otro proceso judicial y ello podía perjudicar a SIC a la hora de concurrir a concursos públicos.
El escrito de acusación alude a varias maniobras mediante las cuales los acusados habrían eludido el pago de determinadas cantidades a Hacienda y a la Seguridad Social y habrían aumentado así los beneficios de la empresa a costa del erario público y de sus propios trabajadores. Una de ellas era disfrazar como dietas las horas extra que hacían sus vigilantes. La razón, precisa la Fiscalía, es que las dietas son conceptos extrasalariales y, por tanto, están exentas de cotización (a la Seguridad Social) y de tributación (en el IRPF).
Por esta vía se habría ahorrado entre los ejercicios 2009 y 2013 un total de 18 millones de euros (6,6 de las retenciones de Hacienda y 11,45 de la Seguridad Social).
Los otros 18 millones de euros presuntamente defraudados tienen su origen en los convenios colectivos firmados entre la empresa y los representantes de los trabajadores en 2012 y 2013, ambos anulados por la justicia. Según la Fiscalía, en esos acuerdos se reducía el salario base de los empleados y se sustituía por un complemento de productividad que solo cobraban si hacían 22 horas más de las fijadas en el convenio estatal. También se suprimían pluses por trabajar de noche o en festivos, aunque los vigilantes seguían ejerciendo en esos horarios que cobraban también como dietas.
El Ministerio Público precisa que, al no aplicar el convenio del sector, la empresa mantuvo en una “situación de precariedad a sus trabajadores” que le permitió no pagar determinados conceptos que en realidad les correspondían y por los que no tributó.