La justicia da un mes a Puertos de Tenerife para readmitir como jefa a la trabajadora desterrada al sótano por Melchior

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife dispone de un mes de plazo para ejecutar “en sus estrictos términos” la sentencia firme que declaró nulo el despido de la trabajadora Alicia Rojas y readmitirla en las condiciones estipuladas en la resolución, es decir, como jefa del área de Comunicación y Redes Sociales del organismo público. Así lo dictamina un auto del Juzgado de lo Social número 3 de la provincia occidental que da la razón a la demandante, a quien el anterior presidente de la entidad, Ricardo Melchior, desterró al sótano del edificio después de que ganara el mencionado pleito contra su cese, decretado por el histórico dirigente de Coalición Canaria (CC) en represalia por haber pedido regularizar su situación laboral tras una contratación irregular.

El auto de ejecución definitiva, fechado el 4 de febrero, designa como responsables directos del cumplimiento de la sentencia al actual presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, vinculado al Partido Popular (PP), y a su director, Luis Santana.

La resolución judicial considera probado que Rojas ejerció funciones de jefa del área de Comunicación y Redes Sociales desde diciembre de 2015, cuando fue contratada por la confianza que entonces tenía depositada en ella el propio Melchior, y que la entidad le facilitó un ordenador, material de oficina un teléfono y dos direcciones de correo electrónico corporativo para tareas de gestión de las redes sociales, representación ante los medios de comunicación, preparación de las ruedas de prensa del presidente u organización de eventos, entre otras funciones. La trabajadora recibía órdenes directas del presidente de la Autoridad Portuaria, de su director y del director comercial y percibía su retribución a través de la emisión de facturas con importes que Melchior decidía de forma unilateral.

Rojas fue despedida en marzo de 2017, un mes después de intentar regularizar su situación laboral en la institución a través de la figura del autónomo económicamente dependiente (TRADE), prevista para los trabajadores cuyos ingresos dependan, al menos en un 75%, de un solo cliente. La justicia le dio la razón, el despido fue declarado nulo por vulneración de derechos fundamentales, y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife fue obligada a reincorporarla. Ese pleito fue, además, el desencadenante de la investigación que la Fiscalía Provincial mantiene abierta contra Melchior por la contratación arbitraria de trabajadores, aunque las pesquisas se han extendido a otros contratos.

Sin embargo, su regreso al organismo, en octubre de 2017, fue hostil. Según consta en el relato de hechos probados de este último auto, Melchior había habilitado para la trabajadora una oficina en el sótano, junto al archivo, un cuarto destinado al cambio de las trabajadoras de limpieza y al almacén de equipos informáticos que, en el momento de su incorporación, “carecía de condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones en las condiciones previas a su despido”, dada la precariedad y el estado de abandono que presentaba. Hasta la segunda semana de noviembre no comenzó a dotarle de equipamiento necesario, aunque seguía careciendo de conexión a internet.

Fue el entonces director de la Autoridad Portuaria, José Rafael Díaz, que ya en ese momento mantenía un enfrentamiento con su presidente, quien ordenó que Rojas se trasladara a un despacho en la jefatura de explotación, ubicado en la segunda planta del edificio. El conflicto se agravó cuando Melchior envió varios requerimientos para que la trabajadora readmitida volviese al sótano e, incluso, ordenó cambiar la cerradura del despacho que ocupaba siguiendo instrucciones del director.

Para el magistrado que firma el auto, Juan Manuel Reyes, “su ubicación en el sótano y las indicaciones de que no necesitaba acceso a internet evidencian la pretensión de neutralizar los mecanismos necesarios que, para el desempeño de sus funciones, la propia Autoridad Portuaria había puesto a su disposición hasta el momento en que se produjo el despido declarado nulo”. La resolución subraya que si el organismo le facilitó dos direcciones de correo electrónico (una de redes y una de comunicación) es “porque se le había encomendado el desempeño de un papel en la gestión de estas dos áreas de la organización”.

El auto incide además en que el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife aprobó en noviembre de 2018 un nuevo organigrama del personal fuera de convenio en el que se omite a la trabajadora, se le desliga de las estructuras formales del organismo.

La ejecución de sentencias firmes, recuerda el magistrado, es un derecho fundamental y su efectividad quedaría anulada si las estipulaciones reconocidas en el fallo judicial quedaran relegadas “a la voluntad caprichosa de la parte condenada”.

“Un triunfo absoluto”

Para Alicia Rojas, el auto dictado por el Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife representa “un triunfo absoluto”. “El juez ha ratificado todos los planteamientos esgrimidos por mi defensa y ha dejado sin efecto los argumentos malintencionados de la Abogacía del Estado”, que ha representado los intereses de la Autoridad Portuaria en este conflicto.

La trabajadora considera que era “imprescindible” que la resolución responsabilizara al presidente y al director del cumplimiento de la sentencia y advierte de que, de no hacerlo en el plazo estipulado, “hablaríamos de delito de desobediencia, requerimientos dinerarios y patrimoniales o multas coercitivas a la Autoridad Portuaria, entre otros”. “Si me readmiten y optan por seguir enconados en tratar de vulnerar mis derechos fundamentales, como el de acceso a mi puesto de trabajo en los términos que indica el auto de ejecución definitiva con mi categoría de jefa de área de Comunicación, es decir, una readmisión irregular, incurrirán en lo mismo tanto el presidente como el director de la Autoridad Portuaria”, añade.

Rojas recuerda que lleva dos años luchando “contra personas que dañan el sistema, que creen que la Autoridad Portuaria es un chiringuito privado en el que reina el nepotismo”. “Esto se acabó. Son una administración pública con personas al mando y funcionarios públicos que son responsables si incumplen la legalidad vigente”, asevera. “Ni la Abogacía del Estado está para impedir mi acceso a mi puesto de trabajo ni el comité de empresa, que me consta que se representa a sí mismo, para continuar vejando mis derechos como trabajadora y mujer”, agrega la trabajadora, que también ha denunciado la actuación en este conflicto de los representantes sindicales que irrumpieron en una reunión del Consejo de Administración justo antes de su reincorporación para proyectar la imagen de que Rojas era perjudicial para el ente público.

Para Rojas, con este auto “se abre un camino importante para las personas que vienen detrás con situaciones similares”, ya que demuestra “que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife tiene responsabilidad como administración pública de cumplir la ley y los funcionarios, también”.