Como si un magistrado soltara una ponencia sin admitir preguntas de su audiencia
Como si estuviera en su programa de radio favorito, con su locutor preferido dándole bola para que se explayara a gusto. El derecho de los acusados a no responder a las preguntas de las acusaciones, incluso a las del ministerio fiscal, o de guardar silencio extremo hasta las últimas consecuencias, tiene esas cosas. Prevalece durante ese momento su relato de los hechos, según se escucha. Y Salvador Alba, juez encausado por conspirar contra la magistrada y ahora diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell, ha iniciado así su juicio, dando una especie de conferencia como único ponente y sin preguntas incómodas de su audiencia.
Lo ha hecho el juez encausado respondiendo solo a las cuestiones de un fiscal, el ex jefe superior de Canarias, Vicente Garrido, al que le faltó garra y sentido crítico a la hora de formularlas, ya que más bien parecían colocadas para rematar a puerta; para que el acusado explicara a su modo los hechos que le han llevado al banquillo: la denuncia y grabación de una entrevista en su despacho oficial con el empresario Miguel Ángel Ramírez, donde se escucha cómo acabar con la carrera política y judicial de Rosell, a través de presentar supuestos contratos entre el empresario al que investigaba Rosell y su pareja, el director de Canarias Ahora, Carlos Sosa.
En su ponencia, Alba ha pretendido convertir la grabación que le hizo Miguel Ángel Ramírez en su despacho en una especie de cara B del single: donde todos suponen que se escucha la voz del juez decir “esto me lo cargo”, en referencia al proceso que contra el empresario había iniciado la jueza Rosell en su juzgado y había heredado Alba al sustituirla, el juez encausado sostuvo que eso lo dijo Ramírez y no él; o ante todas las explicaciones de cómo se fraguó la entrevista entre ambos, que todo fue idea de Ramírez y hasta este le decía qué tenía que preguntarle en su declaración.
Sin que nadie le rechistara ni contradijera mínimamente, respondiendo así a las preguntas del ministerio fiscal y a las de su propia defensa, la del letrado Nicolás González-Cuéllar, el juez Alba transitó su primera mañana como acusado, con derecho a sentarse en el estrado junto a sus abogados, pero sin lucir sus puñetas en la toga por estar suspendido, también con el regusto de haber presentado a última hora una solicitud de testimonio admitida por el tribunal: la de la ex mano derecha del empresario Miguel Ángel Ramírez y ahora enfrentados a muerte por el conflicto en Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas. Por el contrario, el tribunal rechazó que se admitiera el testimonio del exministro José Manuel Soria, rival político de Vicky Rosell en 2016 y principal beneficiado de que se apartara de la carrera política por la querella que este le presentó por este caso.
Sostiene De Armas que es capaz de demostrar que todo ha sido un montaje urdido entre Ramírez, Sosa y Rosell para enfangar a Alba. Y que quiere declarar como testigo de manera inmediata, a pesar de que, como han mantenido las acusaciones, De Armas ha presentado informes médicos por padecer un cáncer para no declarar como investigado en otras dos o tres causas. O que empezó a preparar y manipular presuntas pruebas en forma de comunicaciones entre él y Carlos Sosa, o su letrado, Luis Val, antes de que remitiera una carta al juez Alba en mayo pasado contándole que todo era un montaje… De Armas todavía tendrá que declarar y ratificarse.
Pero esta primera jornada de tono plano durante la mañana, en la que parecía prevalecer solo la versión monocorde del juez acusado, tuvo otros contrastes en su sesión vespertina. Durante la tarde declararon el empresario que grabó al juez, Miguel Ángel Ramírez, y el abogado que concertó la cita, Sergio Armario.
Y de sus declaraciones, aparte de reconducirse el relato de los hechos al punto intermedio que se escucha en las grabaciones aportadas a la causa, quedaron dos sentencias contundentes. Una, de Miguel Ángel Ramírez: la de sentirse “ante la mafia de Chicago, años 30” cuando se entrevistó con el juez Alba, ávido de buscar una relación contractual entre el empresario y la pareja de Victoria Rosell para acabar con su carrera; y la otra, la del abogado Sergio Armario: “El juez Alba solo quería hablar expresamente con Ramírez y cerrar su causa”, si le facilitaban pruebas para acusar a Victoria Rosell y Carlos Sosa.
La sesión vespertina ha girado fundamentalmente en torno a la prevalencia y pose de figura con mucho poder para decidir sobre el futuro de las personas que tiene un juez, o tuvo, como Salvador Alba. “Todos los caminos nos abocaban a entregarle los contratos de publicidad” que tuvieran las empresas de Miguel Ángel Ramírez con las de Carlos Sosa, dejó claro el abogado Sergio Armario, detallando lo que en su relato viene a ser una presión constante del juez: o entregaban esos contratos, aunque no tuvieran nada que ver con la causa o fueran de años atrás, o Alba les seguiría apretando en la causa por presunto delito fiscal de Seguridad Integral Canaria.
Es más, Armario llegó a detallar cómo, quien ahora es enemigo acérrimo de Miguel Ángel Ramírez, Héctor de Armas, padeciendo un cáncer y estando hospitalizado, fue objeto de presiones por parte del juez Alba, dispuesto a llevarle ante su presencia detenido, o tomarle declaración en el mismo hospital, a pesar de su convalecencia. Y todo para que el empresario Ramírez aportara alguna prueba en forma de contrato que le relacionara con Carlos Sosa, para perjudicar a su pareja. Quien se sienta en el banquillo de los acusados (aunque con derecho a hacerlo en el estrado de los abogados) es Salvador Alba, únicamente.
