Quejas en la Reserva de Caza de Ancares, que urge a la Junta medidas para atajar “problemas” de gestión
La Reserva de Caza de Ancares, constituida por los ayuntamientos de Valle de Ancares, Peranzanes, Vega de Espinareda, Villafranca del Bierzo, Fabero, además de las juntas vecinales y asociaciones integradas, solicita una reunión con el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para exigir “medidas concretas” que sirvan para solucionar “problemas” de “gestión” en el espacio que achaca a la administración autonómica, que acaba de repartir los permisos tanto en Ancares como Riaño y Mampodre.
Así, denuncia cuestiones como “la constante y progresiva disminución de los planes de caza”, algo que asegura que se lleva arrastrando desde hace una década; la “falta de efectivos de guardería” de la Reserva “sin ninguna tasa de reposición” hasta producir efectos como “el aumento descontrolado del furtivismo”; o el “total abandono en el acondicionamiento, mantenimiento y reparación de las infraestructuras existentes”.
En el ámbito puramente económico, las demandas van desde la mejora de la gestión del fondo de mejoras y del fondo de la Reserva hasta la recuperación de las subvenciones ZIS (Zonas de Influencia Socioeconómica) pasando por repescar la periodicidad anual en la retribución a las juntas vecinales propietarias.
Las reclamaciones también abordan otros factores como el “inexistente plan en el control de depredadores” o “la obligación por parte de la Junta de Castilla y León de que los celadores, a pesar de la falta de los mismos, presten el servicio en las cacerías colectivas en pareja”. “Dicha circustancia”, agrega, “agrava la situación, siendo imposible hacer efectivos los planes anuales de caza y por tanto arrastrándose permisos pendientes desde hace años”.
“Todas estas circunstancias se vienen poniendo de manifiesto por los participantes de manera reiterada y desde hace años en los órganos consultivos, sin obtener por parte de la administración ningún tipo de respuesta ni solución”, apuntan para exigir “medidas concretas” para “solucionar los problemas planteados” y solicitar una reunión con representantes autonómicos al considerarlos “los máximos responsables de la situación actual”.
