El Defensor pide saber qué recursos ponen los ayuntamientos de Córdoba para atender a la población vulnerable

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio en la que pide conocer los recursos que implementan los servicios sociales de los distintos municipios de Córdoba para atender a la población más frágil y vulnerable.
El Defensor envía su requerimiento a los ayuntamientos de la provincia de Córdoba con una población superior a 20.000 habitantes, así como a la Diputación Provincial en relación a los municipios más pequeños. Así, pide conocer los recursos de estas administraciones en cuanto a los servicios sociales que amparan y dan respuesta a la población más vulnerable, dirigiéndose en concreto a la Diputación Provincial de Córdoba y a los consistorios de Córdoba, Puente Genil, Montilla, Palma del Río, Priego, Lucena y Cabra.
A estas administraciones locales requiere información “acerca de la conformación de los servicios sociales en cada una de las ciudades, ratios asignadas, así como protocolos de actuación, sistemas de atención articulados, y mecanismos de coordinación con el resto de recursos públicos relacionados con la población destinataria”.
En su exposición, el Defensor recuerda que el sistema público de servicios sociales tiene como objetivo atender “las carencias de las personas en el acceso a unos recursos que garanticen unas condiciones de vida dignas; contar con un adecuado entorno de convivencia personal, familiar y social; poder integrarse plenamente en la sociedad; alcanzar la plena autonomía personal, tanto en lo relativo a las carencias materiales como a las funcionales, y disponer de cauces para la participación social”.
Y, a nivel local, precisa que los Servicios Sociales Comunitarios de cada municipio son un recurso orientado a garantizar el derecho de todas las personas a la protección social, con la finalidad de “prevenir, atender o cubrir las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar”.

Pobreza, acceso al empleo y vivienda
En ese sentido, los últimos informes sobre Andalucía que señala el Defensor indican “cómo se han reducido las tasas de integración social con un crecimiento de las situaciones de exclusión severa, manifestándose con más virulencia en quienes tienen problemas en tres o más dimensiones de la vida cotidiana; crece el porcentaje de personas afectadas por problemas en el ámbito del empleo, la vivienda, la salud, etc. siendo la pobreza, los gastos excesivos de vivienda y las barreras económicas a los cuidados de salud los problemas más frecuentes”.
Y recuerda la misión de dicha Defensoría de contribuir al conocimiento de estas desigualdades, analizando sus causas, recomendando y/o sugiriendo a los organismos públicos mejoras en sus procedimientos que propicien la correcta protección de los derechos de quienes se encuentran en esta situación.
“Somos conocedores en esta Defensoría de la importancia que tienen los Servicios Sociales Comunitarios para quienes tienen dificultades para garantizar sus necesidades básicas. Hablamos de personas que carecen de ingresos suficientes para sufragar los gastos mínimos que permiten tener una vida digna, de quienes son objeto de desahucio de su vivienda habitual o de quienes carecen de él, personas que en ocasiones pertenecen a minorías étnicas o son migrantes que necesitan el apoyo de estos recursos para alcanzar su ciudadanía”, constata.
Y, junto a ello, el Defensor también recuerdas “los problemas a los que se enfrentan los distintos profesionales que conforman estos equipos (de servicios sociales comunitarios), que tienen que enfrentarse cada día a la sobrecarga de trabajo”.
Por todo esto, se ha dirigido a los ayuntamientos de Córdoba citados y a la Diputación Provincial, para requerir la información completa acerca de los recursos de los servicios sociales para atender a la población más vulnerable.
Se trata, además, de una actuación en consonancia con la Agenda 20230, que recoge dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible los relacionados con la eliminación de la pobreza, reduciendo todo tipo de desigualdad, y favoreciendo el acceso a los distintos derechos potenciando y promoviendo la inclusión social, económica y política de todas las personas.
0