Las familias de un colegio de Córdoba pactan que sus hijos no tengan 'smartphone' hasta los 16 años

La Asociación de Familiares del Alumnado (AFA) del Colegio Público de Educación Infantil (CEIP) López Diéguez de Córdoba han aprobado un acuerdo colectivo para retrasar la edad mínima de uso de teléfonos inteligentes hasta los 16 años. La aprobación constituye un “hecho sin precedentes” en la ciudad de Córdoba, y busca combatir la creciente “presión social” que empuja a los menores a obtener un smartphone a edades cada vez más tempranas y reducir los riesgos asociados a su uso en la infancia y adolescencia.

La propuesta, según ha podido conocer este periódico, se ha desarrollado a través de un proceso de debate y adhesión al pacto en cada clase del centro educativo, lo que ha permitido que las familias reflexionen sobre los efectos negativos del acceso temprano a dispositivos con conexión a internet. El resultado ha sido que, por una mayoría, en cada clase se han sumado quienes consideran que los niños no deben tener un acceso tan prematuro a los teléfonos móviles.

Este “gran pacto de familias” va más allá del uso en clase, que la propia Consejería de Educación de Andalucía no permite, y se presenta como una herramienta clave que busca “proteger la salud mental de los menores y fomentar entornos digitales más seguros y responsables”.

Así, desde la AFA del CEIP López Diéguez, destacan que el uso prematuro de smartphones está relacionado con diversos problemas que afectan al desarrollo de los menores. Apuntan a los numerosos estudios científicos que muestran que la exposición prolongada a estos dispositivos puede provocar alteraciones en el estado de ánimo y las funciones cognitivas, disminución del rendimiento académico, dependencia psicológica y deterioro de las relaciones interpersonales. Además, la presencia constante de redes sociales genera fenómenos como el “Fear of Missing Out” (FoMO), la ansiedad por estar constantemente conectado y el aumento de casos de ciberacoso.

“Los riesgos no se limitan únicamente a la salud mental y emocional. También se ha evidenciado la existencia de peligros como el ciberbullying, el acceso a contenidos inadecuados (incluyendo pornografía desde edades muy tempranas), el grooming o acoso sexual a menores, y la normalización de estereotipos de género a través de redes sociales. En algunos estudios, se ha documentado que la edad media de primer contacto con contenidos pornográficos ha descendido hasta los 8 años, lo que supone un riesgo importante para la construcción de una sexualidad sana en la juventud”, recuerdan.

Un pacto para reducir la presión social

Asimismo, desde la AFA remarcan que la decisión de retrasar la edad de acceso a smartphones no solo responde a la preocupación por los riesgos asociados a su uso, sino también a la necesidad de crear “un apoyo colectivo que ayude a las familias a resistir la presión social”.

“Nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las familias entregamos estos dispositivos a nuestros hijos porque creemos que es lo normal y que si no lo hacemos, los estamos dejando fuera”, explican desde la AFA, que añaden que, con este pacto, el objetivo es “demostrar que no estamos solas y que podemos establecer un cambio significativo si actuamos juntas”.

En este ámbito, la finalidad de la AFA es que esta iniciativa no se quede solo en un centro educativo, sino que se extienda a otras comunidades escolares. Para ello, ya se han iniciado conversaciones con otras Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA y AFA) para que más colegios e institutos se sumen a la iniciativa. También planean presentar la propuesta al Consejo de Distrito Centro para que se eleve al Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba y logre un mayor alcance.

La mayoría de las familias entregamos estos dispositivos a nuestros hijos porque creemos que es lo normal

Las familias impulsoras de este pacto entienden que su acción es solo un primer paso y que, para que el impacto sea mayor, es necesario un cambio a nivel social y legislativo. “Retrasar la edad de uso de smartphones es importante, pero insuficiente si no se regulan adecuadamente los entornos digitales y no se establecen medidas para garantizar la seguridad infantil y adolescente en internet”, afirman desde la comunidad educativa que, entre otras medidas, abogan por incluir en el currículo escolar una asignatura obligatoria de Educación Sexual Integral (ESI) desde la infancia hasta los 18 años, en línea con las recomendaciones de la UNESCO y la OMS, para contrarrestar la influencia de la desinformación y los contenidos nocivos en internet.

Mientras se espera que las administraciones públicas impulsen regulaciones más estrictas, las familias y la comunidad educativa han decidido actuar por su cuenta. “No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que otros tomen decisiones por nosotros”, afirman desde la AFA. “Este pacto es solo el comienzo de un cambio necesario para proteger a nuestras hijas e hijos”.