El Gobierno y el FMI discuten la gradualidad en la liberación del cepo y del nuevo préstamo

“Están definidos el programa y el monto”, aseveró el ministro de Economía, Luis Caputo, acerca del nuevo endeudamiento que tomará quien en 2018 contrajo como responsable de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri el mayor préstamo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) entregó en su historia a cualquier país. Es un crédito que viene condicionado a un plan económico, que no cambia la motosierra fiscal pero sí el cepo cambiario. “El staff (técnico del FMI) estuvo de acuerdo y ahora lo manda al board (directorio, donde están representados los países miembros), que decide si le pone el gancho”, agregó Caputo en la enésima entrevista que le concede al canal LN+. Pero no todo parece tan allanado, según informantes de las potencias económicas que dominan el board.

“Las negociaciones están en pleno curso”, cuentan las fuentes del hemisferio Norte. “No hay nada concluido, no todo está consensuado. Todos los miembros del board, no sólo los Estados Unidos de Donald Trump, están dispuestos a apoyar a Argentina de manera constructiva y positiva, pero hasta el momento no hay una base para acercar al directorio. La negociación es del staff con el Gobierno argentino y puede demorar semanas, no días, según reconocen en ambas partes. Puede ser que se acuerde en abril o tardar un poco más”, agregan. Otros informantes con acceso directo a los negociadores tampoco descartan que se pacte a fines de marzo.

“La noticia buena es que las ideas de unos y otros no divergen mucho y el convenio parece muy probable y va a haber fondos frescos”, dicen. Se refieren a que no sólo se refinanciará la deuda que vence en los próximos tres años sino que habrá un préstamo adicional. Caputo había arrancado pidiendo US$15.000 millones nuevos, frente a los US$44.000 millones que tomó hace siete años. El Fondo le respondió que podía ofrecerle US$10.000 millones, pero con determinadas condiciones, en especial a lo que hace a liberación cambiaria.

En la actualidad se baraja un programa para los próximos tres años, que refinancie los vencimientos que ocurrirán por US$12.600 millones -las amortizaciones empiezan en septiembre de 2026, pero antes y después hay intereses que saldar- y que además incluya fondos frescos por entre US$8.000 y US$12.000 millones. Si son US$8.000 millones este año, no alcanzaría para liberar totalmente el cepo.

Si fuera cierto lo que declaró el ministro de que ya hay acuerdo por el monto, lo que aún está por definirse es la gradualidad en los desembolsos. Cuánto dinero llegará de inmediato, para calmar la incertidumbre en los mercados financieros en picada y antes de las elecciones legislativas de octubre próximo, y cuánto después de los comicios. También está por dirimirse la gradualidad de la liberación del cepo. Tanto el FMI como Javier Milei y su ministro de Economía están de acuerdo con terminar con los controles cambiarios, pero el presidente y Caputo no quieren hacerlo ahora porque temen que eso descalabre su plan antiinflacionario que tanto rédito popular les ha reportado. El organismo ha escuchado sus argumentos y los comprende y por eso no reclama levantar el cepo ya mismo porque sabe que acarrearía una devaluación brusca dañina para la economía. Está de acuerdo con que las restricciones se eliminen de forma paulatina.

Caputo quiere que la mayoría de los nuevos recursos le lleguen lo antes posible. Quiero mostrar al mercado que tiene poder de fuego para controlar el tipo de cambio, aunque prometer no usarlo. En el FMI no le creen mucho: recuerdan que eso mismo incumplió en 2018 cuando de ministro de Finanzas pasó a presidente del Banco Central.

Aquí radica uno de los debates pendientes. ¿Cuánto del nuevo préstamo llegará en 2025 y cuánto en 2026, en un programa que durará hasta principios de 2028, o sea, hasta inicios del próximo gobierno, sea o no de Milei? “Va a haber desembolsos tempranos siempre y cuando el Gobierno de pasos que el FMI considera relevantes para restablecer el acceso a las divisas y actualizar el tipo de cambio”, explican entre los países que mandan en el organismo. Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, India, Rusia, Brasil y Canadá son las naciones con mayor poder de voto en el directorio, en ese orden.

“Hay diferencias sobre la acumulación de divisas y la política de cambio”, añaden las fuentes de las potencias económicas. O sea, hay acuerdo en liberar el cepo de a poco, pero el FMI quiere que sean más rápido porque considera que el tipo de cambio actual encarece demasiado las exportaciones y las está dañando, con lo cual el Central no acumula suficientes divisas para después pagarle lo que le debe al organismo.

Hay consenso en los pasos por seguir, pero no en el ritmo. Primero se normalizaría del todo el acceso de los importadores al mercado oficial, donde ahora demoran 30 días para acceder a las divisas. Después se liberaría la entrada y la salida de inversiones. Por último, se autorizaría el giro de utilidades de multinacionales al exterior, que se vienen acumulando desde 2019 y que superarían los US$10.000 millones. También se eliminaría el dólar blend, por el que los exportadores liquidan el 80% de sus divisas en el mercado oficial y el 20% en el contado con liquidación (CCL) o el MEP (Mercado Electrónico de Pagos), porque esta política que buscó mejorar el tipo de cambio exportador y calmar los dólares financieros atenta contra la acumulación de reservas del Central en la plaza regulada. Además, se eliminarían las restricciones que impiden a exportadores e importadores el uso simultáneo de los mercados oficial y financiero de divisas: si se opera en este último, no se puede volver al primero por 90 días. Por último se prevé que la autoridad monetaria siga interviniendo para controlar el dólar en ambas plazas.

La duda está en cómo evolucionará el tipo de cambio oficial, que en la actualidad sólo se mueve al 1% mensual, pese a que la inflación supera el 2% y eso encarece los productos y los servicios medidos en dólares. Se discute una banda de flotación con límites a subas y bajas pronunciadas hasta llegar un día a la meta final de un tipo de cambio flotante y libre. Pero se prevé que el dólar no se siga atrasando hasta las elecciones de octubre. Incluso se considera que eso sería perjudicial para el propio Gobierno, porque si se acumulan expectativas de devaluación poselectoral, a mediados de año comenzará a intensificarse la demanda de dólares en el MEP y el CCL, con el consiguiente impacto en la inflación. Mejor es la gradualidad, opinan en el Fondo. El Bank of America ha informado a sus clientes en un informe reservado que el FMI prevé que el dólar oficial, que ahora cotiza a $1.086, termine el año a $1.400. Es decir, el crawling peg (depreciación gradual) del 1% no iría más, en algún momento de 2025 se acelerará.

Puertas adentro del FMI hay otro disenso sobre la exposición al riesgo de tener un cliente tan grande como la Argentina. Ya de por sí es el primer deudor del organismo, con el 28% de la deuda total concedida en la actualidad, el triple que el segundo, la Ucrania invadida por Rusia. Cuanto más crédito adicional se le otorga, más riesgo toma el acreedor, es decir, los contribuyentes de los países miembros.

Pero más allá del monto, en el organismo se pusieron de acuerdo en darle más a la Argentina después de que el mes pasado Caputo visitara en Washington al secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, después hablara por videoconferencia con la número dos del Fondo, la indionorteamericana Gita Gopinath, y por último el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, asistiera en Sudáfrica a la reunión del G20, el grupo de las 20 grandes economías ricas y en desarrollo. La decisión de Trump de apoya a su aliado Milei fue clave para despejar las dudas.

El presidente argentino es además un modelo para el gobierno estadounidense: Elon Musk empuñando y aplicando la motosierra es la muestra más contundente. Eso sí: quizás el apoyo en el FMI sea la única prueba de amor contundente de Trump con Milei porque su política proteccionista está impactando de forma tan negativa al mundo que no supone buenas noticias para la Argentina, mientras que el reciente comentario del magnate a favor del tratado de libre comercio bilateral que desea el economista libertario debe superar diversos escollos políticos en EE.UU., que no negocia pactos así desde los tiempos de George Bush hijo (2001-2009).

En lo que están de acuerdo en el Fondo y en el Gobierno es en el ajuste fiscal. Siempre el organismo lo pidió y ahora se encuentra con un gobierno que está dispuesto a hacer más de lo que le solicitan y que lo hace sin provocar una resistencia social masiva. En cambio, el FMI no le reclama la agenda de desregulación, pero es el Ejecutivo el que quiere introducirla como parte del acuerdo. El organismo acepta ponerla en el pacto. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, feliz.

Lo que hay que ver es en qué medidas sus teorías se trasladan a la práctica porque en el primer año de gobierno sectores liberalizados como telecomunicaciones, prepagas y alquileres se encarecieron más que la inflación, por ahora ningún gremio acordó con su patronal cambiar el sistema de indemnizaciones por despido, las multas de los juicios laborales fueron reemplazadas en los hechos por compensaciones que disponen los jueces a su criterio y sólo se concretó una privatización, la de la metalúrgica Impsa.

En el FMI confían en que en la medida en que Milei siga siendo popular, el Congreso no le volteará el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que sacará para aprobar el futuro acuerdo. Ese DNU es la forma que ha encontrado para esquivar la ley que impulsó en 2021 el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, para que todo convenio con el Fondo siempre sea ratificado por el Poder Legislativo. El organismo no reclama esa ratificación parlamentaria, pero sí exige que los préstamos excepcionales como este, dado su monto y la acumulación de deuda del mismo país, sea acompañado por capacidad política e institucional para implementar los condicionantes que se exigen a cambio.

AR/DTC