Litigio estratégico y lucha jurídica contra el hambre y la corrupción
La criptoestafa de Javier Milei es una trama de corrupción, frivolidad, personajes exuberantes y fraude financiero que en pocos meses va a terminar como serie en el catálogo de Netflix. Pero antes, esperemos que la Justicia investigue a fondo. Hoy la Cámara Federal de Apelaciones tomó una decisión importante en ese sentido: aceptó las querellas de tres damnificados que represento junto a los abogados de Argentina Humana, Nicolás Rechanik y Camila Palacin. El martes nos habían convocado a una audiencia –al igual que en la causa Alimentos un año atrás– donde expusimos uno por uno los argumentos de por qué las víctimas deben ser parte del proceso judicial.
Entre los estafados están nuestros representados: tres jóvenes inversores que creyeron en el Presidente de la Nación. Milei les vendió espejitos de colores desde el estrado de la más alta magistratura de la República Argentina diciendo que eran joyas. Los estafados vieron sus ahorros esfumarse en pocas horas y al trompa gringo llevarse el dineral en un avión virtual: “¿A dónde? Nadie sabe, por supuesto; Seguro de que pronto lo olvidarás; Y podrá postularse una vez más”.
El martes se llevó a cabo la audiencia ante los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes debían revisar la decisión del juzgado que en primera instancia negó la posibilidad de que mis defendidos sean admitidos como querellantes en la causa. Como en otras ocasiones, empezamos mal: llegaron una hora y media tarde. No me gustan los modales nobiliarios de la casta judicial y así se los hice saber. Finalmente, la demora se debía a un chequeo de salud de uno de los magistrados. Disculpas aceptadas, su señoría.
Junto a mis colegas, insistimos en que estos jóvenes no solo fueron víctimas de una estafa común, sino de un esquema delictivo más profundo que involucra tres crímenes que eslabonan la cadena causal de la gran estafa:
- Estafa financiera internacional en la que miles de personas fueron inducidas por el Presidente, que publicó el smart contract en su cuenta oficial para que compraran un activo creado exclusivamente para realizar un esquema de rag pull: a partir del tuit de Milei, el precio se infló 570 millones de veces en cuatro horas (de US$0,000001 a US$5,20 USD), luego los propietarios mayoritarios de la criptomoneda liquidaron sus posiciones y el precio se desplomó.
- Negociación incompatible con la función pública: la publicación de Milei sobre $LIBRA que posibilitó la estafa es, además, un delito en sí mismo. Esto es así porque aún si el activo no hubiera sido un jarrón roto, el presidente de la Nación no puede promover negocios particulares.
- Tráfico de influencias, donde los empresarios detrás de la estafa habrían logrado acceder al presidente Javier Milei mediante el pago de sobornos a su entorno más cercano, en particular a su hermana Karina Milei, para hacer negocios privados con la investidura presidencial como respaldo.
Me resultó sorprendente que un periodista me preguntara en tribunales si acaso mis defendidos no habían hecho una “mala inversión” en criptomonedas. Hermano: fue una estafa perpetrada desde los más altos niveles del poder donde actuaron de carnada el Presidente de la Nación y empresarios inescrupulosos. Ninguna inversión rinde 520 millones de veces su valor inicial. Eso es una estafa.
Así las cosas, mientras en Estados Unidos la demanda colectiva avanza y los tribunales norteamericanos reconocen la legitimidad de los damnificados para reclamar justicia, en Argentina recién ahora, luego de nuestro planteo, las víctimas podrán participar del proceso judicial.
Durante la audiencia, expusimos la necesidad de que nuestros representados sean aceptados como querellantes, ya que negarles esta posibilidad sería un acto de discriminación y desprotección jurídica. Sería, además, una vergüenza nacional. Las víctimas argentinas serían víctimas de segunda clase.
Celebro la decisión de la Cámara, porque no se puede tratar a nuestros compatriotas estafados como si fueran espectadores ciegos en un caso que los perjudicó directamente… pero hay algo más importante: no podíamos permitir que la investigación esté exclusivamente a cargo del fiscal Taiano por varios motivos, pero uno de esos es que tiene conexiones familiares directas con el Gobierno y hasta el momento ha sembrado algunas dudas en amplios sectores de la población respecto de su vocación de encontrar la verdad permitiendo que la línea operativa de la estafa tuviera más de quince días para borrar la información de sus dispositivos electrónicos antes de secuestrarlos. Nuestra querella tiene un sentido claro: impulsar esta causa para que no quede exclusivamente en manos del ministerio público garantizando así la transparencia de la misma. Acompañando cuando sea oportuno y proponiendo nuestras medidas de prueba cuando lo creamos necesario
Como pueden ver en el video, demostramos cabalmente que están cumplimentados los requisitos para ser querella: no hace falta ni que el delito esté probado ni que esté probado el daño… existe la presunción de inocencia para los acusados y la afectación de los damnificados se demuestra plenamente en juicio. Lo que se requiere para ser querellante es que exista un hecho plausible de ser delito y los querellantes muestren indicios verosímiles de una afectación. En nuestro caso, las dos cosas son absolutamente innegables. Y los jueces nos dieron la razón.
Esperamos que la Justicia vaya a fondo con la investigación. Colaboraremos en ese sentido. Porque la impunidad en este caso no solo significaría el triunfo de los estafadores, sino también la consolidación de un modelo de saqueo institucionalizado, donde los chanchullos privados se disfrazan de “libertad económica”; el Estado termina siendo la junta de negocios de la plutocracia; el presidente de la República el crupier sobornado de un casino de buitres.
JG/DTC
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