Corte por decreto: senadores que obedecen a los gobernadores de la UCR demoran el rechazo a García-Mansilla

Una vez más, los gobernadores radicales se posicionan como la última línea defensiva del gobierno de Javier Milei. En este caso, para sostener la designación por decreto de Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema. Los motivos son diversos —alianzas electorales, crisis económicas, especulaciones políticas—, pero son suficientes para demorar la convocatoria de una sesión que rechace los pliegos de García-Mansilla y Ariel Lijo. En la Casa Rosada perciben que el kirchnerismo está cerca de conseguir el número, por lo que presiona y apuesta su salvación a quienes han sido, hasta ahora, sus más fieles aliados.

La bancada radical en el Senado se encuentra en crisis. Atravesada por una fuerte disputa interna respecto a cómo responder institucionalmente a la designación por decreto de García-Mansilla y Lijo, el radicalismo ensaya una coreografía muy similar al episodio de la comisión investigadora para el caso $LIBRA; un escándalo que fracturó al bloque y expuso, como ninguna otra votación, el alineamiento automático de los gobernadores radicales con el gobierno libertario. 

Primero, la presión para avanzar de los radicales más opositores, como Pablo Blanco y Martín Lousteau, y la respuesta evasiva de los más amigables con el Gobierno, como Eduardo Vischi o Mariana Juri. Eso se observó la semana pasada, luego del operativo de pinzas orquestado junto al kirchnerismo para dictaminar el pliego de García-Mansilla y dejarlo preparado para tratarlo en el recinto. Esta estrategia respondía a la necesidad de la oposición de regularizar la situación del pliego —que, a diferencia del de Lijo, nunca consiguió las firmas necesarias— para poder rechazarlo con solo 25 votos. Sin dictamen, la oposición debía tratarlo “sobre tablas” y ahí ya necesitaba los dos tercios del recinto: un número imposible de conseguir. 

Al momento de estampar la firma en el dictamen de rechazo, sin embargo, solo estaba Lousteau. Los otros radicales integrantes de la comisión de Acuerdos, como Juri (Mendoza) o Vischi (Corrientes), pidieron tiempo para pensarlo y conversarlo con sus gobernadores. Frente a la indecisión, Lousteau terminó firmando un dictamen de rechazo con Guadalupe Tagliaferri (PRO) y, en paralelo, lo mismo hicieron los siete senadores peronistas con un dictamen propio. Estaban las nueves firmas —la mitad más uno de los integrantes— para llevar el tema al recinto, pero surgió un problema: Victoria Villarruel no reconocía la firma de José Mayans bajo el argumento de que no había estado presente en la audiencia en la que García-Mansilla expuso en el Senado. 

La discusión era técnica, pero dilataba la posibilidad de convocar una sesión. Por lo que la apuesta era esperar a que otro senador radical, Carolina Losada o Maximiliano Abad, firmase para allanar el camino. Pero, el fin de semana, se desarrolló el segundo paso de la danza: el silencio elocuente de los más críticos —Losada, Abad— y las excusas de los más concesivos con el Gobierno.

Quienes responden a los gobernadores empezaron a poner el foco en el kirchnerismo, acusándolo de no estar dispuesto a voltear el pliego de Lijo. “El que tiene la llave es el kirchnerismo, pero son ellos los que no convocan”, explicaba un senador radical norteño, buscando hacer foco en el respaldo de los gobernadores peronistas a la candidatura de Lijo. El temor era que Cristina Fernández de Kirchner estuviera negociando para ampliar la Corte Suprema con la amenaza de voltear los pliegos y que, a último momento, se negase a votar en contra de Lijo. 

La excusa, sin embargo, tuvo poco vuelo interno. “Están mintiendo. Usan ese argumento para no firmar, pero no firman por otros motivos”, admitía, por lo bajo, un senador radical. ¿Cuál era el motivo? El respaldo de los gobernadores Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Leandro Zdero y Maximiliano Pullaro, todos de la UCR, al Gobierno nacional. Se consolidaba, así, el tercer paso que, en el caso de la comisión investigadora por el criptogate, anticipó la votación negativa del bloque radical.

Los motivos son varios y difieren de provincia a provincia, tal como ya contó elDiarioAR. Algunas están más atadas de manos que otras, como el caso de Chaco, que atraviesa una fuerte crisis económica y el año pasado se salvó del default solo gracias a una intervención del Gobierno nacional. Zdero depende de la Nación para sobrevivir, y no solo por la precaria situación fiscal: el temor de que el peronismo, liderado por “Coqui” Capitanich, retome el control de la provincia es una realidad muy cercana a menos de dos meses de las elecciones locales. 

Los senadores que responden a los gobernadores no anticiparon aún su postura, sin embargo. Lo harán el martes a la tarde, cuando el bloque se reúna en el tercer piso del Senado. “Que los defensores de la República expliquen por qué cambian de opinión”, provoca un dirigente radical de peso, apuntando los cañones contra Losada, quien se había manifestado en contra de la designación por decreto pero se negó a firmar el pliego de rechazo de García-Mansilla.

La incógnita, sin embargo, es lo que hará Maximiliano Abad. El senador bonaerense suele articular con Lousteau en el recinto y fue uno de los que más se enojó con Vischi, jefe de bloque de la bancada, cuando votó en contra de la creación de la comisión investigadora. Ahora, sin embargo, guarda silencio, y algunos compañeros de bloque sospechan que su negativa a colaborar con el rechazo de los pliegos está vinculada al armado electoral de la Provincia de Buenos Aires. Abad viene trabajando junto a Cristian Ritondo (PRO) para cerrar una alianza en PBA y, si bien el expresidente de la UCR bonaerense piensa más en una reedición de Cambiemos, en el PRO descuentan que el armado derivará en un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. 

El panorama se aclarará este martes por la tarde, cuando el bloque se reúna y se defina convocar o no una sesión para rechazar los pliegos. El peronismo, hasta entonces, aguarda satisfecho: la pelota ahora está en la cancha del radicalismo. Necesita que una parte de la UCR acompañe con el quórum porque el kirchnerismo desconfía del accionar de los gobernadores: los mandatarios provinciales tienen mucho poder de fuego en el Senado y podrían arrastrar hasta una docena de ausencias.

 “Para voltear a Mansilla estamos todos, pero muchos quieren a Lijo. Piden que lo dejemos, que es buen tipo. Pero ese no puede ser el argumento”, masculla un dirigente peronista que dialoga con los gobernadores. Y finaliza: “Lijo podrá ser nuestro, pero infringió la ley”.

MC/JJD