Canarias tardará más de 25 años en incorporar al sistema de dependencia a las personas en lista de espera
Canarias continúa a la cola de España en gestión de la Ley de dependencia. El primer año del PSOE al frente de Políticas Sociales en el Gobierno regional concluye con un nuevo suspenso, a pesar de sus intentos por ponerse al día. Lo dice un informe de la Asociación Española de Gerentes y Directoras Sociales, que concluye que el período que se tardaría para que, a este ritmo, esta comunidad incluya a todas las personas que están en lista de espera en el sistema supera los 25 años.
Mientras en el resto de España son cuatro años los que tendrían que pasar para adecuar las cifras de personas que tienen derecho a ser atendidas en el marco de esta Ley, la situación de Canarias es, al igual que la de Cataluña, la “más preocupante”, ya que acumula un retraso de más de una década.
El Archipiélago tiene un avance anual en gestión de este sistema de menos del 5% y una lista de espera superior al 50%. Según ha explicado el presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez, a Canarias Ahora, actualmente existen 16.075 personas en lista de espera, mientras que son atendidas 14.457. Es decir, hay mayor número de personas que se encuentran pendientes de ser atendidas en este sistema que las que ya reciben este derecho.
Además, si se tiene en cuenta que un 54% de los dependientes tiene más de 80 años y que su esperanza de vida es de cuatro o cinco años más, por las condiciones en las que se encuentran, muchos mueren sin ser atendidos en el marco de esta Ley.
Ramírez insiste en que la causa de esta situación no se sitúa en la actual Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias sino en el punto de partida, ya que el Archipiélago acumula un retraso en este tema de más de diez años.
“La desidia del Gobierno anterior”, insiste el presidente de este colectivo, ha sido el detonante y señala a la anterior consejera, Inés Rojas. No obstante, apunta que este no es el único factor, ya que los recortes del Estado a las Islas también han contribuido. En total, el Ejecutivo central ha recortado en cuatro años al Archipiélago 46 millones en dependencia.
Para Ramírez, la nueva Consejería de Políticas Sociales, Patricia Hernández, ha mostrado un cambio de tendencia y ha ido incorporando este año más personas al sistema (un 4,33%). Sin embargo, explica que el ritmo sigue sin ser suficiente.
La solución, indica este colectivo, pasa por un plan de choque específico para Canarias que incorpore un cambio en el modelo de financiación, con una inyección económica muy importante y hacer un sistema más ágil de planificación. Con esas dos cuestiones no se necesitarían esos 25 años, sino que se agilizaría la gestión del derecho.
En el conjunto de España, el número de dependientes atendidos en el último año ha aumentado en casi 89.000, aunque se mantiene una lista de espera de 381.508 personas.
El Gobierno de Canarias da los primeros pasos para adecuar las cifras
La directora de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Marta Arocha, señala que aunque la situación es “dramática”, se está empezando “a ver la luz”. Explica que en el mes de junio se incorporaron 586 altas al sistema y este mes de julio se revalidará esta cifra, asegura.
Arocha aclara que al llegar al Gobierno, el PSOE se encontró con un derecho que prestaba una ayuda “insuficiente”. Por ello, el primer reto era ampliar el número de plazas sociosanitarias, algo que han incrementado en casi 800.
La directora subraya que hace un año había 7.000 expedientes en cajas que han tenido que ir estudiando para ir valorando y haciendo un diagnóstico de los casos. Explica que su equipo se está fijando en lo que hacen las comunidades más avanzadas en este ámbito para poder mejorar la situación y que están trabajando en un convenio con los ayuntamientos para mejorar el plan de ayuda a domicilio.
Otro de los puntos en los que Arocha asegura que está trabajando en colaboración con organizaciones sociales es en la prevención y promoción de la autonomía para aquellas personas que tienen diagnosticado el grado más bajo de dependencia. Un servicio que no se ha prestado en Canarias, según los datos del IMSERSO.
