Segunda dimisión en una semana de un miembro del Consejo de RTVC

María Antonia Álvarez, uno de los dos miembros del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC) propuestos por Coalición Canaria (CC) ha seguido los pasos dados el pasado 22 de diciembre por María José Bravo de Laguna y ha presentado su dimisión, decisión que agrava aún más el deteriorado ambiente de un organismo que apenas tiene siete meses de vida y que pone 'en la picota' aún más al presidente del mismo, Santiago Negrín, para seguir al frente del canal autonómico.

Álvarez ha transmitido su decisión a través de una dura carta tanto al propio Negrín como a Presidencia del Gobierno, al presidente de la Comisión de Control de RTVC en el Parlamento, el nacionalista José Manuel Pitti; y a la dirección de CC en Gran Canaria, que fue quien la propuso a finales de la pasada Legislatura para ocupar el cargo de consejera del ente.

De esta manera, el Consejo Rector de RTVC se queda solo con tres miembros contando a su cuestionado presidente (también propuesto en su día por CC pero respaldado en el cargo en marzo por 52 votos del Parlamento con los tres en contra de los diputados de NC), Alberto Padrón (cuota del PP) y María Lorenzo (cuota del PSOE) y si bien reglamentariamente aún existe el quorum suficiente para tomar decisiones, lo cierto es que esta segunda baja obligará a los grupos parlamentarios a adoptar medidas.

Unas medidas que parecen estar abocadas a renovar por completo el Consejo Rector y poner al frente de RTVC a una persona distinta a Negrín, tal y como ya barajan los propios socios del Pacto de Gobierno, si bien la dimisión de Álvarez obligaría a acelerar un proceso que se intentaba dejar para el mes de febrero.

La “falta de liderazgo” de Negrín, como ha asegurado el portavoz parlamentario de CC, José Miguel Ruano, ha provocado que, entre otras cuestiones, RTVC no haya aprobados sus presupuestos para 2016 ni diseñado la programación para el próximo año, además de que tiene paralizado el Reglamento Orgánico por el que, por ley, se deben crear los Consejos Informativos que regulen los derechos de libertad de expresión, de información, la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas que trabajan para el ente.