Ecologistas denuncian ante la Fiscalía la reanudación de las obras de Cuna del Alma en Adeje

La Asociación Ecologista Salvar La Tejita ha presentado una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife por los daños provocados por las obras de la urbanización turística Cuna del Alma, en las inmediaciones del Puertito de Adeje (sur de Tenerife), que ahora se han reiniciado.

Según la plataforma, la promotora Segunda Casa Adeje SL reanudó las obras el pasado 14 de noviembre tras dos años sin movimientos de tierra.

Los ecologistas recuerdan en un comunicado que en noviembre de 2022 el anterior Gobierno de Canarias emitió tres órdenes de paralización cautelar de obras por daño a flora protegida, ausencia de evaluación de impacto ambiental, así como daños a yacimientos arqueológicos.

Ahora, señalan, “las excavadoras han arrasado en estas semanas unos 9.000 metros cuadrados de terreno que hasta el momento permanecían intactos”.

Concretamente se corresponden con el trazado de dos viarios del Sector 6 del Plan General de Adeje donde se encuentran el hábitat de interés comunitario 5330 (cardonal-tabaibal), protegido por las directivas europeas; el núcleo de población más numeroso de viborina triste de la zona, planta protegida que ocasionó la paralización de obras en noviembre 2022, y dos yacimientos arqueológicos.

Por ello, la asociación ecologista ha trasladado al ministerio fiscal la urgencia de paralizar cautelarmente las obras “con motivo de que se puedan estar consumando, una vez más, delitos contra el patrimonio arqueológico que están produciendo un daño irreversible”.

En el cuerpo de la denuncia se detalla, a través de informes técnicos, como ya en 2022 se destruyó un yacimiento arqueológico de alto potencial, con grabados y estructuras de cabaña.

Las obras comenzaron a pesar de la existencia de dos informes desfavorables del área de patrimonio del Cabildo de Tenerife y un informe arqueológico redactado por ARQUEOCANARIAS, S.L. (empresa contratada por la promotora) en 2019 que fue ocultado a la administración, señalan los ecologistas.

En dicho informe se identificaba el yacimiento que posteriormente fue destruido y aún teniendo constancia de su existencia, la promotora permitió que las máquinas lo destruyeran.

Además, denuncian que este informe ignoró la existencia de al menos tres paneles de grabados (los bienes arqueológicos de mayor rango de protección).

Este yacimiento, identificado por la administración como PA 4, también fue destruido parcialmente (por segunda vez) de manera intencionada por maquinaria pesada incluso después de haber sido vallado por la administración.

En su opinión, “estos gravísimos hechos sirvieron para que la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias incoara un expediente sancionador frente a la promotora Segunda Casa Adeje, S.L. por la comisión de infracciones muy graves sancionables con una multa de 600.000 euros”.

No obstante, el actual Ejecutivo autonómico, en un “claro gesto de connivencia”, ha dejado caducar el expediente sancionador, pero “los hechos delictivos no han prescrito”.

Desde la asociación entienden que la promotora “puede ser criminalmente responsable por la comisión de un delito contra el Patrimonio Histórico de los previstos y penados en los artículos 323 y 324 del Código Penal”.

En octubre de 2022 ya se presentó una demanda en la Fiscalía de Medio Ambiente sobre diversos delitos contra el patrimonio, ordenación del territorio, flora y fauna, entre otros, a una veintena de cargos políticos y técnicos que estuvieron involucrados en la autorización del proyecto.

“Complicidad” entre el Gobierno canario y el Ayuntamiento

Los ecologistas han trasladado al ministerio fiscal la “evidente complicidad” entre la actual Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Adeje y la empresa promotora.

“Para muestra de ello, durante el último año han levantado las tres órdenes de paralización de obras, han dejado caducar los expedientes sancionadores y han emitido informes favorables a la carta. Por si esto fuera poco, han aprobado actos inauditos en la historia de la democracia autonómica como, por ejemplo, que un ayuntamiento pueda atribuirse competencias en el manejo de especies protegidas o de declarar todo el suelo urbanizable del municipio como de 'interés general' ante la emergencia habitacional”, indican.

Con esta nueva denuncia apuntan que buscan que “se haga justicia, que no quede ningún presunto delito sin ser castigado y, sobre todo, que se paralicen unas obras que están cometiendo un daño irreversible en el último rincón sin urbanizar del suroeste de Tenerife”.