Opinión

“Delinquid, Majestad, que la Constitución os ampara y no hay nada que podamos hacer para impedíroslo”

Es absolutamente falso que embridar la conducta personal del jefe del Estado con arreglo a la legalidad no sea posible con nuestras leyes actuales. No solo es posible, sino que además podemos hacerlo de inmediato.

No es cierto que sea necesario reformar la Constitución para aclarar que el blindaje jurídico de nuestra monarquía parlamentaria no permite que el jefe del Estado pueda robar, matar o cometer cualquier delito. Esto es una afirmación tan perversa como falsa.

La inviolabilidad que constitucionalmente se le concedió al jefe del Estado español tenía como cometido facilitarle su labor en el cargo, tal y como ocurre en otras democracias modernas. El monarca no fue agraciado con una licencia para que pudiera aprovecharse del cargo y así expoliar nuestras arcas o cometer delitos. Nos toman el pelo quienes dicen que los delitos de un ciudadano español en su esfera privada, cualquiera que sea su cargo, no pueden ser perseguidos y que nuestra carta magna dicta lo contrario.

Y esta tomadura de pelo nos mantiene distraídos durante horas de tertulias y falsos debates en radio y televisión. Páginas llenas de sentencias de un lado a otro; cruces de espadas entre «republicanos» y «monárquicos» que no hacen nada más que mantener el statu quo por una premisa de estupidez supina: «delinquid, Majestad, que la Constitución os ampara y no hay nada que podamos hacer para impedíroslo». ¿Realmente hemos de aceptar esta tomadura de pelo?

Incluso, en su primer año como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez declaró que era partidario de derogar la prerrogativa constitucional que ampara la figura del rey y la hace inviolable. Y durante meses, el Gobierno planteó pactar una reforma legal para acometer este asunto sin necesidad de modificar la Constitución, pero según Carmen Calvo, la entonces vicepresidenta primera en declaraciones a El País, «no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real».

Es hora de que abordemos este asunto con una propuesta concreta sobre la mesa que finalmente nos saque de este bochornoso limbo legal. Un limbo legal que no hace más que mermar la credibilidad del sistema jurídico que nos ampara. Un limbo legal que nos abofetea con la vergüenza que sufrimos dentro y fuera del Estado español cada vez que la conducta de nuestro anterior monarca ocupa los titulares mancillando «la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales» y nada hacemos al respecto.

Es más que posible resolver el asunto de una vez por todas –y sin tener que incomodar demasiado a sus señorías en el Congreso. Se puede perfectamente regular el estatuto del rey sin disolver las Cortes para poner orden a este embrollo. 

Una propuesta para resolver el asunto de fondo sería la aprobación de una ley orgánica que regule el estatuto del rey y que suprima su inviolabilidad en el ámbito personal para todos aquellos actos que puedan ser delictivos y que no hayan sido refrendados. Lo anterior, acompañado de la necesaria reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de la inclusión dentro de las competencias del Tribunal Supremo la de enjuiciar los actos del monarca en su esfera privada.

Se trata de una propuesta realista que debería de ser bienvenida tanto por quienes anhelan una república como por quienes defienden el actual modelo de monarquía parlamentaria.

Además, se trata de una propuesta que, si la Casa Real tiene criterio y visión, debería de ser asumida e impulsada con agrado por su majestad Felipe VI. Y es que se trata de una oportunidad única para resolver este asunto de golpe. Cualquier persona, «noble» o «plebeya», republicana o monárquica, que se pronuncie en contra de esta iniciativa deberá de esgrimir argumentos verdaderamente sólidos, pues resulta insultante que a la ciudadanía se nos siga tratando de manera tan paternalista alegando complejidades constitucionales que están fuera de nuestra comprensión.

Es imperativo acabar de una vez con la inviolabilidad del jefe del Estado en su esfera privada. En aras de que esta propuesta sea tomada en consideración y dejar de envenenarnos con veleidades sobre jets privados y regatas, aquí una petición para sumar apoyos. Redirijamos nuestra indignación a resolver el asunto; abandonemos de una vez la absurda premisa de que nuestra Constitución fue concebida para que algunos puedan delinquir.

Súmate a la petición. Hagámonos oír. Es lo menos que la ciudadanía «de a pie» podemos hacer cuando nuestros representantes políticos carecen del coraje para actuar.