Disparar al periodista

El empresario Andrés Alonso, promotor del proyecto Mimiland Park y protegido de la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Dorta, fue recientemente objeto de una información emitida por la Cadena Ser en la que se ponía en evidencia la escasa solvencia del proyecto que él promueve y que el Ayuntamiento de Güímar patrocina, y en la que se hablaba también de los embargos y deudas que acumula en su gestión empresarial. La información, realizada por la periodista Begoña Ávila, recordaba las intenciones y orígenes del proyecto, con una inversión inicial de 94 millones de euros, destinados a pagar las primeras fases de la construcción de una infraestructura de parque temático acuático, con hoteles y atracciones y en una extensión de 220.000 metros cuadrados, incluyendo algunos de los gigantescos agujeros resultado de la extracción minera de áridos que hoy existen en la zona. En la noticia, emitida por Radio Club de Tenerife el jueves, se planteaba la contradicción entre una inversión tan potente, y un empresario embargado en sus cuentas por no haber pagado deudas en proporción muy menores, concretamente de 15.000 y 25.000, más sus correspondientes interés de demora. Que a un empresario le embarguen por no pagar sus facturas no es noticia, pero que ese empresario se plante inversiones millonarias y venda desde su web paquetes de acciones de un millón de euros, en un proyecto sin licencia, sí lo es.

La cuestión no debería tener más importancia que la que tiene –la de un empresario que pretende gastarse 94 millones de euros que no tiene construyendo sin licencia un Park Aventura en Güímar-, si Andrés Alonso no hubiera reaccionado a las informaciones perfectamente contrastadas sobre su insolvencia, amenazado en las redes sociales con disparar contra los periodistas que –según él- le han injuriado. Sinceramente, no creo que alguien que quiera tirotear a un periodista sea tan idiota como para anunciarlo previamente en internet. Por eso, supongo que algunos dirán que al hombre se le calentó el pico o la tecla, y que no es para tanto. Pero yo creo que hay límites que no pueden jamás traspasarse. Ni siquiera metafóricamente puede escribirse que se va a disparar a la gente, y meter el nombre y los apellidos de la periodista que escribió la noticia en el mismo post. Hacer eso constituye un delito de amenazas, un delito muy grave que puede ser perseguido penalmente.

No creo que la alcaldesa de Güímar –que ha preferido callarse ante estas informaciones- pueda apoyar a un empresario que recurre a estos métodos sicilianos para evitar que se hable de sus incumplimientos con los acrededores. Callarse ante amenazas de muerte a periodistas es mantener un silencio cómplice. Luisi Dorta debería –por lo menos- desmarcarse inmediatamente de los comportamientos y amenazas de este señor tan excesivo, al que su ayuntamiento trata como si fuera la reencarnación misma de Walt Disney.