Los retos del sector tras la aprobación del nuevo decreto sobre las ayudas Posei del plátano

En el inicio de la actual legislatura, en julio de 2023, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias propuso medidas efectivas para intentar controlar el exceso de oferta y los bajos precios percibidos por los productores locales de plátano, incapaces de cubrir costes en gran parte del año 2022 y todo el año 2023. La crisis se prolonga durante el 2024, salvo en meses del primer semestre en los que la escasez de fruta hizo elevar el precio y la remuneración al agricultor. Muchas explotaciones tradicionales llevan dos años consecutivos en pérdidas.

Las medidas cuentan con el apoyo de las cuatro organizaciones profesionales agrarias con representatividad en Canarias (Asaga-Asaja, COAG, UPA y Palca-Unión de Uniones), con el de dos de las seis organizaciones de productores de plátanos (OPP), Coplaca y Agriten, que representan casi el 50% de la producción, y con el apoyo unánime, a través de la proposición no de ley (PNL) aprobada a finales de julio de 2024, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias.

En septiembre de 2024, la Consejería inicia un proceso de consulta y participación ciudadana ya con un borrador de proyecto de decreto. El informe con los resultados obtenidos es de fecha 21 de enero de 2025 y refleja una opinión favorable al texto de consulta en más del 80% de las alegaciones presentadas.

En ese momento, se inicia el proceso de tramitación y de informes administrativos preceptivos, lo que culminaría, según reconocía el consejero Narvay Quintero, con la aprobación del decreto por el Gobierno de Canarias, en este mes de marzo de 2025.

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en el debate general sobre el estado de la nacionalidad, en su primera sesión, celebrada el pasado martes 11 de marzo, confirma que el lunes 17 se llevará a Consejo de Gobierno el borrador de decreto y se solicitará informe al Consejo Consultivo para luego proceder, en breve, a su aprobación definitiva.

El nuevo decreto, según el presidente será un calco de las consideraciones definidas y aprobadas en el seno de la Comisión de Agricultura, por tanto quedarán sin acceso a la subvención o ayuda directa por kilo comercializado las nuevas plantaciones, las posteriores a la publicación de esa norma en el BOC, y debido a lo dilatado del proceso, no lo hace con las nuevas fincas plantadas después de agosto de 2024, como era la intención original de la Consejería. Además, limita a un máximo de 68.500 kilogramos la producción por hectárea y año con derecho a ayuda, el 44% más del rendimiento promedio actual, que es de 47.500 kilos por año. Por último, amplía de dos a tres años el periodo de cálculo de las cantidades de referencia para la distribución de los 141,1 millones de euros que la Unión Europea (UE), dentro del programa Posei, destina al año a mejorar la renta de los productores isleños.

En la práctica, la nueva norma rompe el paradigma instalado en el sector desde hace algunos años de producir más kilogramos para obtener más subvención y obliga a pensar más en el mercado: en producir lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Tenemos que dejar de malvender todo lo que somos capaces de producir. Es la única manera de conseguir la viabilidad del sector platanero tradicional canario y de mantener su amplia base social, la sostenibilidad futura y su rentabilidad en un entorno de crisis de precios más frecuentes, duraderas y profundas provocados por excesos de oferta.

Los consumidores prefieren y valoran más el plátano que la banana. Además de por sus características organolépticas, más dulce, por su menor tamaño, su origen y trazabilidad, y su sostenibilidad ambiental y social. Todo ello reforzado por unas buenas campañas publicitarias. Esta es nuestra gran fortaleza: la marca Plátano de Canarias.

Se trata de un activo infrautilizado que necesita un reposicionamiento estratégico frente a la banana. Es fundamental que este producto alimentario esté presente, sea perfectamente identificado y mejore la apariencia en todos los lineales comerciales. Debemos vender con una marca única y con no más de dos categorías o calidades diferenciadas. Para ello, se necesitan normas de calidad unificadas y disciplina en su cumplimiento; también disciplina interna y la unidad real y fiable del sector, todo bajo la supervisión y vigilancia eficiente de la Consejería de Agricultura, a través del ICCA, de las normas propias de la indicación geográfica protegida (IGP) Plátano de Canarias y hasta con la actualización de sus regímenes de funcionamiento y de sanción, si esto fuera necesario.

El consumidor debe tener acceso a un producto, a un alimento fresco, siempre disponible en los lineales, perfectamente identificado y acorde a la calidad esperada. No podemos continuar con el exceso de marcas comerciales y calidades diferentes si queremos competir con la banana en el que hoy en día es, y quizá casi será, nuestro principal y casi único mercado de destino o expedición: la Península y Baleares y algo en Portugal.

Los precios deben ser remuneradores para que los productores mantengan sus rentas, los maduradores garanticen su margen comercial y así los plátanos lleguen al consumidor con un precio de venta al público aceptable. Si son excesivos respecto a la banana, esto puede cambiar la percepción del consumidor y contribuir con la pérdida progresiva de demanda a hacer peligrar la cuota actual de mercado del plátano de las islas.

Con el plátano, aunque algunos operadores hacen caso omiso, la ley de la oferta y la demanda también funciona. Y es necesario el equilibrio para obtener un precio adecuado. El Decreto 48/2018, de 16 de abril, por el que se regula el reconocimiento de las Organizaciones Productoras de Plátanos (OPP) y sus asociaciones (Asprocan), en el BOC de 26 de abril de 2018 y cuya lectura es recomendable, en su artículo 3, apartado a, dice que uno de los objetivos que deben perseguir dichas entidades es garantizar que la producción se planifique y se ajuste con arreglo a la demanda, sobre todo en lo referente a la calidad y a la cantidad.

Hoy no existe una planificación de la producción en las OPP ni métodos efectivos de control. Las OPP, muchas, no están consolidadas y son meros acuerdos entre grupos de productores para gestionar las ayudas del Posei. Dentro de una misma OPP, varias personas venden independientemente a maduradores en la Península. Las OPP compiten entre sí y no coordinan sus decisiones. Prima el individualismo.

Es necesaria, por lo tanto, la unidad real del sector y se requiere dar un impulso a la integración, la coordinación y la cooperación. La Comisión de Comercialización de Asprocan es débil y no la conforman todos los agentes que deberían estar en ella. No existe confianza dentro de la propia Asprocan. Es necesaria una transición hacia un nuevo organismo gestor, profesional, democrático, eficiente, transparente, con disciplina y potestad sancionadora, compuesto por OPP, OPA y la Administración pública como garante, con el objetivo de lograr la unidad de la oferta.

A lo anterior se une que el sector debe reducir los costes de producción. Existe demasiada capacidad instalada, demasiados centros para el empaquetado, muchos de ellos duplicados en las mismas zonas y ociosos durante muchas jornadas. Lo racional es hacer compras conjuntas de insumos, utilizar sistemas de envío a la Península en cajas de plástico retornables. Hay que potenciar la integración con las concentraciones empresariales y de cooperativas, para ser más eficientes y para que el agricultor perciba una mayor remuneración final.

Desde un sector unido y eficiente es como podemos defender nuestro negocio en el mercado peninsular e intentar entrar en algún nuevo mercado con alguna posibilidad de éxito. Nos enfrentamos a una banana competitiva y a una distribución concentrada y más poderosa que nunca.