La Audiencia Nacional confirma siete años de cárcel al exvicepresidente madrileño por la fallida Ciudad de la Justicia de Aguirre

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la condena de siete años de cárcel al que fuera vicepresidente y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada por el descontrol en el macroproyecto fallido de la Ciudad de la Justicia bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre.

El tribunal mantiene la condena impuesta a Prada por delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con delito continuado de malversación agravada, pero reduce de 40 a 10 millones la indemnización que Prada y otros condenados deben pagar a la Comunidad de Madrid. Esta modificación se debe a que los magistrados entienden que de los 25 contratos del Campus de la Justicia por los que Prada fue condenado en primera instancia, no todos pueden considerarse irregulares. Sostienen que la mitad de ellos han reportado algún grado de utilidad y podrían servir ahora o en el futuro a la continuidad del proyecto.

Tras el análisis de la prueba, la Sala de Apelación entiende que todos esos contratos son constitutivos de prevaricación porque se adjudicaron de forma arbitraria sin cumplir con los requisitos legales. Pero respecto a la malversación, defiende que se cometió este delito en la mitad los contratos —un total de 13—, que son los que se alejaron del fin social del proyecto y sirvieron para el autobombo. Esto es, para publicidad y comunicación, en vez a proyección y edificación pública.

Entre dichos contratos se encuentran las distintas campañas de publicidad que se pusieron en marcha, con un coste de más de cinco millones de euros; el alquiler de una lona publicitaria en una fachada del centro de Madrid; la cobertura fotográfica o la creación de una revista digital. Todo ello, por una suma total de 10,3 millones de euros. Esta cifra, calcula la Sala, supone en torno a un 25% de los más de 40 millones totales del proyecto dedicado al Campus de la Justicia.

La Sala de Apelación sostiene que los contratos presentan considera, tal y como estableció la sentencia de la Sala Penal, que los contratos presentan “irregularidades esenciales” porque se ideó y puso en marcha un sistema “elusivo de la transparencia y la concurrencia contractual” en el que el único propósito era “posibilitar la arbitrariedad de la autoridad que los decidía y adjudicaba”.

La defensa de Prada rechazó en su recurso la existencia de delito de malversación bajo el argumento de que ni los acusados ni los adjudicatarios de los contratos se lucraron personalmente. Para la Sala, el exvicepresidente se olvida de que ese dinero era “de los ciudadanos que los aportan a través de sus impuestos” y que él ni los podía adjudicar caprichosa y arbitrariamente ni los podía administrar deslealmente. El tribunal añade que lucraban con contratos inservibles a los adjudicatarios que caprichosamente elegían para prestarlos y los dedicaban a “mera autopropaganda”.

Respecto al resto de acusados, el fallo confirma la pena de tres años y medio de cárcel para el director financiero del Campus de la Justicia, Alicio de las Heras, por delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada, mientras que absuelve de este último tipo penal al director general técnico Isabelino Baños y al director de Seguridad Andrés Gómez Gordo. A todos los anteriores les mantiene la condena de inhabilitación por el delito de prevaricación administrativa.

En el caso del acusado Félix José García de Castro, asesor jurídico del proyecto, se le rebaja la condena inicial de tres años y medio de prisión a la de un año y medio por el mismo delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con delito continuado de malversación agravada, mientras que para Mariano José Sanz Piñar se confirma su absolución.