Revisar competencias y financiación

Pues no, a estas alturas siguen sin estar resueltos del todo los problemas de financiación de las corporaciones locales que ha de ser considerada como una vía adecuada para seguir progresando en la consecución de más altas cuotas de bienestar.

Así se puso de manifiesto en la pasada sexta Conferencia de Presidencias de diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que finalizó con una declaración conjunta que recoge los compromisos y las demandas de las entidades locales. 

El turismo sostenible es uno de los compromisos planteados que, naturalmente, tiene su importancia en el contexto de la sociogeografía canaria, una disciplina que estudia la sociedad en relación con el territorio, considerando al ser humano como transformador del espacio geográfico. El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, valoró tras la citada Conferencia que “estamos ante un segundo boom turístico que plantea retos que deben ser gestionados desde la colaboración público privada”, y que hacen necesario “conciliar la actividad turística con los derechos de los residentes, principalmente la vivienda”. 

Otro de los compromisos hace referencia al “bienestar y la igualdad de todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia”, una cuestión destacada por Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería y de la mencionada comisión,  que ha defendido la singularidad de estas administraciones que “llevamos a los municipios todos los servicios; si no fuera estas entidades muchos de los vecinos que viven en nuestro país, no podrían tener los servicios básicos que llevan a todos los rincones”.

Sobre el avance en la transformación digital, con la aplicación de mecanismos de ciberseguridad y la incorporación “con la prudencia necesaria” de la inteligencia artificial, un tercer compromiso consignado en la declaración, Martínez-Sicluna ha mostrado su convicción de que “las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos será cada vez más digital”. A su juicio, la digitalización supondrá agilización y simplificación administrativa y exigirá “un cambio de paradigma respecto de los derechos ciudadanos” en el que será preciso “velar porque la brecha digital no suponga excluir a nadie, ya sean personas mayores o inmigrantes”.

Pero, además de los compromisos, en el texto de la declaración se incluyen las demandas de revisión de las competencias y del sistema de financiación de diputaciones, cabildos y consells. Sobre este último, además, los municipalistas han insistido en que su negociación se desarrolle de forma paralela al sistema de financiación autonómica.

Sobre este punto, el presidente de la comisión de Diputaciones de la FEMP, Javier Aureliano, aseguró que “vamos a continuar trabajando por una financiación justa para poder seguir llevando servicios. Vertebramos el territorio, somos el motor económico y social, pero necesitamos financiación”. A seguir negociando, pues. Aunque sin presupuestos… ya se sabe.