Rebajas de penas, una absolución y críticas de la defensa a la Fiscalía en el inicio del juicio por el caso Fundescan

Quince años después de que se abriera la investigación, este martes ha arrancado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas el juicio sobre el presunto fraude de las subvenciones concedidas por el Servicio Canario de Empleo (SCE) entre 2006 y 2009 a UGT Canarias para los cursos de formación de Fundescan (Fundación para el Desarrollo Social de Canarias), una entidad vinculada con el sindicato en las Islas.

La vista ha comenzado con un intenso trámite de cuestiones previas en el que se han planteado rebajas de penas para trece de los catorce procesados al eliminar algunos de los cargos y reducir otros y en el que se ha retirado la acusación contra una de ellas, Dulce María Quintana, que será, por tanto, absuelta. De hecho, el presidente del tribunal, Emilio Moya, ha invitado al término de la sesión a la exsecretaria de Comunicación de UGT Canarias a abandonar el banquillo y sentarse en los asientos reservados al público.

El juicio arrancó con sorpresa. La Fiscalía, representada por Ricardo de Mosteyrín, renunció a su propio escrito de acusación y se adhirió al formulado en esta primera sesión por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, que ejercen como acusación particular y que se habían centrado en otros hechos.

La actuación del Ministerio Público generó sorpresa entre los abogados de la defensa y también reproches. Al menos dos letrados solicitaron incluso su exclusión como parte acusadora o que se acordara la imposibilidad de que interrogara a acusados, testigos y peritos.

Los abogados argumentaban que habían preparado la defensa sobre la base del escrito de acusación que la Fiscalía había presentado en 2019 y que, por tanto, esa modificación les generaba “indefensión”.

Las defensas atribuyeron ese cambio del Ministerio Público a que los hechos recogidos en aquel escrito de acusación (sobre tres subvenciones a Fundescan que se habrían destinado a financiar al sindicato y no a su fin original) habían sido declaradas prescritas en el propio auto de apertura de juicio.

En su turno de réplica, el fiscal negó que ese cambio obedeciera a la prescripción de esos hechos y explicó que se trataba de un acuerdo que había alcanzado con el resto de las acusaciones (el propio Gobierno de Canarias y otras dos particulares que representan a extrabajadores o profesores de Fundescan) porque consideraba “conveniente” que todas se atuvieran a lo mismo.

El fiscal negó, además, que esa adhesión al escrito del Gobierno de Canarias generara indefensión a las defensas, puesto que la acusación del Ejecutivo regional “ya estaba hecha” con anterioridad.

Así lo entendió también la sala presidida por Emilio Moya, que incidió en que el Ministerio Público “no puede tener peor trato que la acusación particular”, recordando que es común en las vistas el proceso inverso. Es decir, que el resto de las acusaciones (ya sea particular o popular) se adhieran a la Fiscalía.

Falta de legitimación

Más allá de esa discusión jurídica sobre el papel de la Fiscalía, las defensas también plantearon la falta de legitimación tanto del Gobierno de Canarias como de los querellantes para formular acusación por los delitos de estafa y fraude en subvenciones públicas, al entender que el perjudicado de las actuaciones presuntamente ilícitas fue la propia fundación que recibió los fondos para los cursos, Fundescan.

En su respuesta, el abogado José Luis Gutiérrez, que representa a 40 querellantes, recordó que lo que se sustancia en este juicio es si, bajo una “apariencia de legalidad”, el sindicato convirtió a su fundación en una “máquina para defraudar” y evitar, por ejemplo, el pago a los profesores.

El tribunal dijo que la cuestión sobre la legitimación de las acusaciones será resuelta en sentencia.

Rebaja de penas

Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias han planteado al inicio del juicio una modificación de penas para todos los acusados, retirando alguno de los cargos (por los delitos de estafa y fraude) y reduciendo la petición de condena por fraude de los cuatro a los dos años y medio o un año de cárcel.

Así queda, por tanto, la acusación:

Alicia María Rodríguez, expresidenta del Patronato de Fundescan, y Manuela Fernández, exsecretaria. Se mantiene la acusación por estafa (seis años de cárcel y una multa de 36.000 euros) y se reducen de cuatro a tres los delitos de fraude (siete años y medio de cárcel en total y el tanto de la cuantía de lo defraudado), puesto que retiran el correspondiente a 2009.

José Lorenzo López, exvocal y presidente del Patronato de Fundescan. Sigue estando acusado de estafa (seis años de cárcel y multa) y cuatro delitos de fraude, aunque en este caso se rebaja de los 16 a los 10 años. Se enfrenta, por tanto, a la máxima petición de penas de entre los acusados, 16 años de prisión.

A los exvocales Juan Raúl Núnez, Antonio Martín y Andrés Pérez se les sigue acusando de estafa (seis años de cárcel y multa) y tres delitos de fraude (de cuatro años a dos y medio por cada uno de ellos, además de la devolución de lo defraudado).

Por su parte, a Carmen Dumpiérrez, que también fue secretaria del Patronato de Fundescan durante uno de los años investigados, se le retira la acusación por estafa y se rebaja la pena por un delito de fraude hasta un año de cárcel, al igual que a José Yanes y a Carmen Guadalupe Parrilla.

El exsecretario de Organización y Servicios de UGT Canarias Jesús Trancho se la acusa ahora sólo de estafa (seis años de prisión), puesto que se le han retirado los cuatro delitos por fraude.

El caso de José Antonio Montesdeoca, que fue gerente de Fundescan hasta junio de 2009, es peculiar. La Fiscalía no había formulado hasta ahora acusación contra él, pero al haberse adherido al escrito del Gobierno de Canarias, ahora pide para él una condena por estafa (seis años) y por tres delitos de fraude (en total, siete años y medio de cárcel).

También se mantienen los cargos contra Miguel Pérez García, ex secretario de Política Institucional de UGT, por un delito de estafa (seis años de prisión) y uno de fraude (dos años y medio) y contra Carlos Alberto Ucha, exsecretario general de UGT y asesor de Fundescan, por un delito continuado de estafa (seis años).

Las acusaciones han retirado los cargos contra Dulce María Quintana, que estaba procesada por estafa.

UGT como responsable civil

El sindicato UGT figura en esta causa como responsable civil del presunto fraude en las subvenciones públicas. La Fiscalía solicita una indemnización de 1.090.122 euros por este concepto, mientras que las acusaciones particulares solicitan, además, 523.601,52 euros (para 40 querellantes) y 20.400 euros (para otra).

El tribunal también ha acordado, a petición de las defensas, que los acusados declaren después de escuchar a testigos y peritos, por lo que han sido suspendidas las dos próximas sesiones de la vista (previstas para este miércoles y jueves), que se reanudará el 9 de abril.

La Sala también ha acordado admitir como prueba documental un informe, realizado por el catedrático en Derecho Fernando Navarro, que ha sido presentado por la representación de UGT Canarias para “determinar el cumplimiento de la finalidad de las subvenciones”.

El tribunal ha rechazado, sin embargo, otro informe del sindicato, en esta ocasión firmado por el profesor Ricardo Queralt, porque fue incorporado apenas dos días antes del inicio del juicio pese a que había sido admitido hacía tres años.