La Guardia Civil ha detenido este jueves a Onalia Bueno (Ciuca), la alcaldesa de Mogán, uno de los principales municipios turisticos de la isla de Gran Canaria, con cerca de 20.000 habitantes censados, en una operación en la que además ha registrado las oficinas municipales en busca de pruebas de la presunta compra de votos en las elecciones municipales celebradas en mayo de 2019, que reactivaron una investigación abierta en 2015.
Policías judiciales han entrado por sorpresa en el Ayuntamiento y en las oficinas municipales en Arguineguín y han ordenado apagar todos los ordenadores y hacer copias de los servidores. Los agentes han asistido en tres coches sin distintivo policial - dos a la sede del Ayuntamiento y otro al edificio de informática - cargando numerosas cajas de cartón para portar documentación. La alcaldesa, Onalia Bueno, ha sido detenida tras ausentarse de la visita de la expresidenta del Congreso Ana Pastor (PP) al campamento de migrantes ubicado en el Muelle de Arguineguín.
También han sido detenidos la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso y el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Mencey Navarro, investigado, además, por presunta prevaricación en un caso de contratos fraccionados para beneficiar, supuestamente, a su despacho de abogados.
La alcaldesa y el primer teniente de alcalde entraron este mediodía en la sala de ordenadores del Ayuntamiento acompañados por la comisión judicial y los agentes de la Guardia Civil. Han salido sobre las 7 de la tarde en un coche camuflado de la Guardia Civil que los agentes habían cargado con abundante documentación tras casi 10 horas de registro.
Los tres detenidos fueron trasladados a las oficinas municipales de Arguineguín y una tercera localización, donde la Guardia Civil ejecutó un segundo y un tercer registro por orden judicial. Sin embargo, al salir de las casas consistoriales, Onalia Bueno negaba estar detenida. Fuentes oficiales de la Guardia Civil en la Comandancia de Las Palmas no prevén que los ediles pasen la noche entre rejas y su abogado, Dani Reyes, asegura a este periódico que ya han sido puestos en libertad.
El Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana investiga una presunta trama de compra de votos en las elecciones de 2015 y 2019. Las diligencias se abrieron en 2015 en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana tras la denuncia del exalcalde, Paco González (PP), y un supuesto colaborador de la compra de votos, Ramón Trujillo, conocido en el municipio como 'El Perraya'. Las pesquisas se ampliaron tras las elecciones de mayo de 2019, después de que la Delegación del Gobierno de España en Canarias trasladara a la Fiscalía y a la Guardia Civil una denuncia de Nueva Canarias (NC) sobre la presunta compra de votos en el municipio sureño. Tanto el exalcalde popular como la portavoz de NC en el municipio, Isabel Santiago, personada en la causa bajo la dirección letrada de Sandra Rodríguez, han sido llamados a declarar la próxima semana, el primero en condición de denunciante y la segunda, de testigo. El juez ha levantado el secreto de sumario, pero la investigación tiene carácter reservado, informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La detención de Onalia Bueno ha interrumpido una visita de tres líderes del Partido Popular al campamento de migrantes de Arguineguín después de que la alcaldesa pidiera, con la voz temblorosa del llanto, que “políticos de mayor instancia” se acercaran al muelle para conocer la situación. A su llamada asistieron, además de la expresidenta del congreso, Ana Pastor, la presidenta de los populares canarios, Australia Navarro y el presidente del partido en Gran Canaria, Poli Suárez. Este último reconoció en recientes declaraciones a Canarias Ahora que buscaba un acercamiento al partido de la alcaldesa para poner fin a la fragmentación de la derecha en la isla. Como parte de este mejor entendimiento, el portavoz del PP en el municipio, Maicol Santana, se aseguró un sueldo de 34.000 euros como sustituto del ahora detenido Mencey Navarro, al que había denunciado anteriormente por prevaricación. Sus compañeros de denuncia de NC dicen que el acuerdo contempla la retirada de la denuncia del portavoz Santana contra el primer teniente de alcalde de Ciuca.
En relación a la investigación policial en curso, a Onalia Bueno se la escucha en una conversación grabada antes de los comicios de 2019, explicando a un simpatizante cómo manipular el voto por correo. Su partido ganó su primera mayoría absoluta en mayo del año pasado tras pasar de 500 a 2.000 los votos por correo en este municipio de menos de 20.000 habitantes.
El equipo de policía judicial encargado de investigar el presunto pucherazo a favor de la alcaldesa también maneja más de 500 imágenes de la jornada electoral. En ellas se observa cómo actuaban delante de los mismos colegios los apoderados del partido aliado de Coalición Canaria en el municipio, unos recibiendo a votantes y hasta otros pasando lista.
Además, colaboradores suyos han revelado que su modus operandi, que consistía en comprar voluntades a cambio de 50 o 100 euros –denunciando incluso que el mismo domingo electoral se cambiaban votos por papelas de droga–, y de financiar estas por medio de contratistas cómplices.
Así, algunos de estos implicados ya arrepentidos habrían montado empresas para contratar obras, con el único fin de inflar facturas por pequeñas actuaciones en el municipio, cuya mayor parte del montante se destinaría a comprar voluntades de votantes de cara a las elecciones. Otra línea de investigación se basa en negocios que tenían deudas pendientes con el Ayuntamiento. En este caso, los recursos a esas sanciones serían admitidos a cambio de comprometer el voto de propietarios y empleados.
Supuesto fraude en 2015
En los penúltimos comicios, Ciuca ya fue señalado a posteriori por uno de sus colaboradores por su supuesta compra de votos. En una grabación difundida por Canarias Ahora, uno de los responsables de la campaña del partido, José Monzón, conocido en el pueblo como Pepe El Japonés explicaba cómo el partido habría pagado la renovación del DNI o clases de karate a cambio de votos en las elecciones municipales de mayo de 2015. La trama, según esta conversación, habría contado con colaboradores en las oficinas de Correos para hacer entrega de las papeletas electorales.
Ciuca ganó las elecciones electorales de 2015 con 2.806 votos, 398 más que el segundo partido más votado, el PP (2.408 votos) de Francisco González. Sólo El Japonés habría comprado, presuntamente, 383 votos, y a ello habría que añadir los que supuestamente se compraron durante la misma jornada electoral. Además, otro testigo aseguraba haber comprado 100 votos por correo para esta formación política.
La de este jueves es la segunda detención de Onalia Bueno. La alcaldesa ya fue investigada por ocho presuntos delitos –entre ellos, el electoral– en el conocido como caso Góndola, cuando era la mano derecha del entonces alcalde del PP y ahora su enemigo irreconciliable, Paco González. Ambos fueron detenidos en enero de 2007 dentro de esa investigación, que después de once años de instrucción en un juzgado por el que pasaron varios jueces y fiscales, quedó archivada.
A raíz de esa detención, Onalia Bueno abandonó el PP señalada como responsable del escándalo y regresó a la política de la mano de Ciuca en 2011. Paco González siguió siendo alcalde hasta 2015, cuando perdió las elecciones ante su otrora mano derecha. Los recientes acercamientos de PP grancanario al partido de Bueno, no han sido a gusto del exalcalde.
Los negocios de la alcaldesa
Bueno también se ha visto envuelta en polémica recientemente por compaginar sus negocios personales con la alcaldía de Mogán. A pesar de las posibles incompatibilidades, conserva el 100% de las acciones de la mercantil Ernesto Fernández Morales SL, titular de parte de terrenos donde su ayuntamiento ha dado licencia a su padre, el exalcalde Guillermo Bueno, para un centro de ecoturismo. La alcaldesa inyectó en 2017 una ampliación de capital de 120.000 euros sin que haya querido aclarar el origen y destino de ese dinero.
Un mes después de ganar las elecciones de 2019, Bueno dimitió como administradora única de la empresa, investigada por Hacienda y la Inspección de Trabajo, poniendo a su padre como sustituto. El cambio de administrador confirmaría las causas de incompatibilidad en la que incurrió Onalia Bueno durante el anterior mandato, al no dirigirse al pleno para poder compaginar su cargo público de alcaldesa con la actividad empresarial de su empresa como administradora única desde 2014.
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