La Ley de Servicios Sociales, en fase de tramitación en el Parlamento de Canarias y sin fecha prevista de aprobación definitiva, dará estabilidad a los profesionales del sector, que se han especializado de forma destacada desde 1987, año del que data la normativa en vigor.
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario, Cristina Valido, ha asegurado este jueves que la nueva ley incrementará las aportaciones económicas dirigidas a los municipios, lo que conllevará que puedan dotarse de más personal.
Sobre todo, ha agregado, la normativa dará una mayor estabilidad a los recursos, garantizará los servicios y actualizará el coste de las plazas que se ofertan.
Cristina Valido, antes de asistir a la reunión del Consejo General de Servicios Sociales -que tiene como objetivo crear la Comisión Técnica Especializada para la elaboración del reglamento de desarrollo de la ley-, ha admitido que la norma actual ha quedado desfasada, pues la mayoría de servicios que existen en la actualidad no estaban en 1987.
“Por tanto, necesitamos una ley que responda y ampare jurídicamente la red de servicios que tenemos en la actualidad”, ha manifestado la consejera, quien espera que la ley se apruebe cuanto antes, pues han pasado “bastantes meses” desde que llegó al Parlamento.
Ha hecho hincapié en que, una vez el Parlamento dé luz verde a la nueva normativa, se van a revisar todos los servicios que existen, cómo se financian y cuánto cuestan para actualizar los precios y comprobar si los recursos están adecuadamente financiados con el fin de dar estabilidad y seguridad a los trabajadores.
“Esta ley debe de dibujar el mapa y la cartera de servicios que se presta en Canarias, que es algo de lo que carecemos, para tener una fotografía real de todos los servicios que existen”, ha aseverado.
Asimismo, ha informado de que cabildos, ayuntamientos y Gobierno canario dedican casi 1.200 millones al sostenimiento de la red de los servicios sociales.
Se trata de “una cifra muy importante” ha resaltado Valido, quien ha admitido que probablemente hay algunos servicios que no están bien financiados, por lo que sería necesario pactar incrementos.
A este respecto, ha aclarado que si no se puede subir la financiación en un año, habría que hacerlo “en dos o tres” garantizando un porcentaje de incremento anualmente que lleve a que en poco tiempo los servicios estén en los precios que estipula la cartera.
Sobre la tramitación de la ley, ha indicando que los grupos parlamentarios están tratando de llegar a acuerdos para trasladar su debate y aprobación al pleno del Parlamento canario.
La consejera, que no sabe cuándo podrá estar aprobada la ley -ya que le compete a los grupos elevarla al pleno para su votación-, ha mostrado su confianza al trabajo que llevan a cabo los grupos, que está segura que mejorarán el texto.