Canarias estudia incentivos para fomentar el empleo en las personas trans

Las consejerías de Derechos Sociales y de Empleo del Gobierno de Canarias trabajan en el desarrollo de un nuevo marco legislativo para favorecer la contratación de las personas trans e incluso introducir incentivos que existen para otros colectivos, ante las dificultades que padecen para lograr un trabajo.

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana (Podemos), ha hecho este anuncio a los periodistas antes de reunirse con representantes del Parlamento vasco, interesados en conocer el trabajo realizado con la Ley Trans aprobada en las islas hace un año y que es más avanzada que la ley nacional, según la representante del Ejecutivo canario.

Santana ha recordado que la ley canaria garantiza los derechos de estas personas y que puedan ser tratadas con todas las garantías, tanto en el ámbito sanitario, educativo y de los derechos sociales como en el resto de áreas de la administración, y con la “mayor dignidad” respecto a su género, de manera que a los menores se les trate en el colegio como se sienten y no por su nombre de nacimiento, y en la sanidad atiendan a los hombres y mujeres trans los especialistas que precisan.

Ha reconocido que debido a que es una ley aprobada hace solo un año y, para su aplicación, “hay que hacer casi una revolución en la administración”. Se trabaja, entre otras cosas, para que quienes quieran someterse a una operación de cambio de sexo puedan hacerlo en Canarias sin necesidad de trasladarse a otra autonomía.

La consejera también ha recordado que cuando no se cumple se puede denunciar, en relación a los casos que se puedan dar en los colegios sobre el tratamiento de “los niñes”.

Al ser preguntada por el incremento de los casos de abuso sexuales en la infancia y la adolescencia, así como por los grupales, según la Fundación Anar, la consejera ha destacado el trabajo que se desarrolla desde su departamento para tratar de evitarlos.

Se ha referido así al programa presentado días atrás, llamado “Clave A”, para evitar el abuso a niños en el ámbito familiar, escolar y en actividades extraescolares, y al denominado “Londra”, dirigido a las jóvenes tuteladas por la propia administración, pues se han conocido casos “flagrantes” de abusos a menores en estos espacios.

La consejera ha aludido a lo “muy peligroso” que son determinados discursos en el Parlamento y en el Congreso porque niegan una realidad, y ha hecho hincapié en que visibilizar lo que ocurre es importante para poder dar una solución.