La tormenta perfecta que imposibilita el acceso a la vivienda en Canarias

Un oxímoron es una figura retórica de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido. Por ejemplo: silencio atronador, soledad sonora, noche blanca… Pues bien, en Canarias, un oxímoron también podría ser vivienda accesible, porque directamente es un contrasentido en sí mismo. Los isleños lo tienen más difícil que nadie para acceder a un domicilio digno por los elevados alquileres, el escaso poder adquisitivo, la colonización de los Airbnb, la nula presencia de pisos sociales y de protección oficial y la poca voluntad política, que también tiene su hueco en todo este enredo. Una tormenta perfecta, en resumen, que ha sido analizada este domingo en el último programa de Informe Trópico, emitido en Televisión Canaria.

Primer dato: seis de cada diez canarios invierten más del 30% de sus ingresos en pagar el alquiler o no pueden comprarse una casa porque el banco no les concede una hipoteca. Es evidente que la pandemia no ha hecho más que agravar esta situación. “[El acceso a la vivienda] está paralizado completamente por falta de vivienda pública. Y con respecto al mercado particular, muy caro debido a los pisos vacacionales, el escaso territorio que hay, que todo el mundo quiere vivir en los mismos sitios…”, reflexiona Isabel Saavedra, abogada del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria.

“Hay una emergencia en materia de vivienda. Hemos llegado a esta situación y no es ahora, esto es una cuestión estructural”, analiza Fernando Rodríguez, director de Provivienda en Canarias. “Son 18.000 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda pública en espera de un hogar. La gran mayoría son familias monoparentales, normalmente conformadas por mujeres con hijos a cargo. También hay inmigrantes. Y por último, pero no menos importante, los jóvenes entre 16 y 29 años”.

Segundo dato: los jóvenes deben poner el 92,9% de su salario neto para vivir solo de alquiler, según las cifras aportadas por el Observatorio de Emancipación. Y tercero: el coste del arrendamiento en las Islas ha aumentado un 49% en cinco años, el mayor incremento de toda España, acorde a datos del portal inmobiliario Fotocasa. Así parece muy difícil independizarse. “Hemos estado durante ocho años sin plan de vivienda y eso significa sin ningún tipo de directrices, sin ningún tipo de camino, de objetivos, de estrategias. Y al final, lógicamente, se nota”, concluye Rodríguez.

“Claramente influye mucho el alquiler vacacional”, continúa Saavedra, “porque un propietario puede sacar tres veces más alquilando desde el punto de vista vacacional que con un contrato de arrendamiento”. A principios de 2021, el total de inmuebles de este tipo inscritos en el Registro General Turístico asciende a 27.804. Sin embargo, en 2019, tan solo se iniciaron 23 viviendas de protección oficial, según datos del Gobierno de Canarias. “Encima, el alquiler vacacional está situado en zonas residenciales, con lo cual provoca una situación de desarraigo, de gentrificación… Yo no solamente lo enfocaría a la falta de asequibilidad de la vivienda, sino también los propios requisitos que el mercado del alquiler impone”, apunta Rodríguez.

Verónica tiene 29 años y es enfermera. Cuenta que está buscando un piso con una habitación que valga menos de 500 euros y que las condiciones de habitabilidad sean dignas. Su conclusión: “Ahora mismo creo que tengo cero posibilidades de encontrar lo que estoy buscando”, lamenta. “Más de la mitad de tu sueldo tendría que ir a un alquiler o nunca tendrás los recursos suficientes para poder comprar una casa. O te quedas como hasta ahora o te tienes que ir fuera del entorno urbano”.

Ángel Lobo, especialista en planificación y gestión territorial, ahonda en los porqués que hay detrás de esta crisis. “En los últimos 25 años hemos asistido a un incremento poblacional muy importante en Canarias. No ha sido fruto solamente del crecimiento natural de la población, sino una inmigración muy importante, sobre todo europea”. Esos extranjeros, con más billetes en los bolsillos, han disparado el precio por metro cuadrado al poder permitirse pagar más. Y también han reforzado la cultura de la inversión inmobiliaria en las Islas, donde cerca de uno de cada cuatro domicilios son adquiridos por personas nacidas fuera de España.

Lobo razona sobre cómo se podría atacar esta cuestión con la intervención de los ayuntamientos: “La ley del suelo en el Archipiélago establece que el 30% del total de la edificabilidad en los sectores urbanizable o de suelo urbano no consolidado deberán dedicarse para vivienda de protección oficial. En algunas comunidades lo establecido está en un 50%, un ejemplo es Madrid. Pero eso no quiere decir que lo que ponga la ley después se cumpla”.

La insuficiente voluntad política por cumplir el mandato constitucional de acceso a una vivienda digna y adecuada, según denuncia Lobo, deja algunos casos más sangrantes que otros. La Oliva, al norte de Fuerteventura, es un ejemplo paradigmático. Un municipio donde los pisos turísticos representan el 23,7% del total de domicilios, donde apenas hay 43 viviendas de protección oficial, donde la tasa de paro ronda el 22% y hasta el 40% de los contratos son de carácter estacional.

“Efectivamente”, agrega Lobo, “[La Oliva] puede ser un laboratorio para explicar muchas cosas. Una región que ha crecido en población mucho, que ha crecido en número de visitantes y los trabajadores viven en zonas que no son principalmente residenciales, sino turísticas, o bien viven en municipios satélites, como Puerto del Rosario. Y eso no es una buena política”. En estos momentos, en La Oliva gobierna Pilar González, hija de Domingo González Arroyo, conocido como El Marqués, el que fuera durante casi 40 años alcalde del municipio. Según ha afirmado en el programa Informe Trópico, su hija no tiene ninguna intención de dar un giro de 180 grados en la gestión de la comarca.

Falta de personal y una prioridad “que hasta ahora no lo era”

Los ayuntamientos de Canarias, de la mano de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), siempre han denunciado la escasez de manos para acometer grandes planes. Lo hacen ahora, con la gestión mastodóntica de los fondos europeos. Y lo han hecho desde hace un tiempo, dice la directora de la FECAM y alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito Núñez, con la falta de inmuebles y perfiles técnicos para el planeamiento. “Necesitamos poder contratar ese personal especializado. Hay funcionarios en las oficinas técnicas municipales, pero se necesitan más”, remacha Brito.

Por otro lado, sorprende que el director de la empresa de viviendas sociales de Canarias (Visocan), Víctor Gonzalez, admita que “hasta ahora”, la vivienda no era una “prioridad” en las Islas. “No lo era ahora ni lo ha sido nunca. En los estándares del Estado del Bienestar, siempre se ha hablado de educación, de sanidad, pero nunca se le ha dado importancia a la vivienda. No hay que permitir que se haga negocio con la vivienda pública”. ¿Y se ha hecho? “Históricamente sí”, confiesa González.