Vivienda en riesgo: el impacto de la especulación y la lucha inquilina en Canarias
En Canarias la crisis de la vivienda se vive de forma aguda: con más de 200.000 viviendas vacías —en gran parte propiedad de fondos buitres, bancos y grandes inmobiliarias— y más de 180.000 residentes que necesitan una vivienda, este panorama refleja cómo la especulación inmobiliaria, así como la inversión extranjera y el aumento de la demanda turística han transformado el mercado inmobiliario, dejando a los residentes en la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. Además, el 90% de los desahucios en el archipiélago se deben al impago de alquiler, mientras que las medidas del Gobierno para ofrecer soluciones habitacionales se quedan cortas. Frente a esta realidad, se alzarán este 5 de abril las voces de los afectados por medio de múltiples plataformas sociales y asociaciones que se movilizarán en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura para exigir medidas estructurales y urgentes que conviertan la vivienda en un derecho y no en un simple bien de inversión.
La crisis en datos
En Canarias, la crisis habitacional se traduce en cifras que parecen sacadas de una crónica distópica. Según el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 del Gobierno de Canarias, existen 211.331 inmuebles vacíos, con una gran cantidad en manos de grandes tenedores, mientras que más de 180.000 personas necesitan urgentemente un hogar. Este desajuste revela que, en lugar de servir a la función social de ofrecer un techo digno, la vivienda se ha convertido en un activo financiero objeto de especulación.
La situación se agrava aún más en el ámbito de la juventud. Sólo dos de cada diez jóvenes menores de 30 años que tienen empleo han logrado emanciparse, debido a la precariedad laboral, los bajos salarios y los elevados precios de alquiler. En las capitales del archipiélago, por ejemplo, alquilar una habitación consume hasta el 40% del salario de los jóvenes, cifra que pone de manifiesto el duro contraste entre ingresos y coste del acceso a la vivienda, que no hace más que subir: el precio del metro cuadrado en las islas ha llegado ya hasta los 14,3 euros de media, una subida de casi el 9% interanual.
La oferta de vivienda se ve además desplazada por el auge del alquiler vacacional. En Canarias, el parque de viviendas destinadas a este fin se ha expandido, representando aproximadamente el 4,71% del total de inmuebles, lo que reduce significativamente la disponibilidad de viviendas residenciales y supera ya la oferta de camas hoteleras convencionales en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria. Esta coyuntura, junto a la marcada disminución en la construcción –hace dos décadas se edificaban cerca de 200.000 viviendas al año, y hoy apenas se alcanzan las 100.000– ha contribuido a encarecer los alquileres de forma insostenible.
El encarecimiento del mercado del alquiler también se ve alimentado por la escasez de viviendas sociales asequibles, sumado a la ineficacia de instituciones como la Sareb para ofrecer soluciones habitacionales. Este panorama se agrava en un contexto de salarios bajos, con promedios en torno a los 26.000 euros anuales, que hacen que apenas un pequeño porcentaje de la población pueda destinar el alrededor del 30-35% de los ingresos al pago de la vivienda como recomiendan los expertos.
Además, el papel de las grandes inmobiliarias y de las empresas de gestión del alquiler, como la polémica Alquiler Seguro, junto con las prácticas opacas y extra-legales de empresas de desocupación han contribuido a un ambiente de incertidumbre y vulnerabilidad para los inquilinos.
También han añadido más leña al fuego aseguradoras y empresas de seguridad y alarmas, que con sus campañas de miedo durante años han distorsionado por completo la percepción de la ciudadanía. Tal es el éxito de la campaña mediática sobre la ocupación, que los españoles creemos que “el problema de la ocupación” es casi 1.000 veces superior a lo que realmente es. En Canarias, las ocupaciones afectaron tan sólo un 0,06% del parque inmobiliario, estando estas cifras objetivamente muy lejos de “una crisis de ocupación” como se ve reiterado en medios y redes sociales.
Otro factor muy problemático para las islas es el aumento demográfico descontrolado de las últimas décadas. En 2024 los extranjeros representaban el 22,6% de la población, un aumento de casi el 6% respecto al año anterior (2023), llegando ya en cuatro municipios a superar en número a los canarios.
En declaraciones recogidas por El País el pasado diciembre, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, enfatizaba que “no podemos hablar de la vivienda como un elemento de mercado exclusivamente”, recordando que se trata de un derecho constitucional, y denunciando cómo la intervención de estos actores privados ha profundizado la crisis.
La prevalencia de prácticas especulativas en el mercado inmobiliario relegan el derecho a la vivienda a un segundo plano y crea un escenario en el que, para muchos canarios, acceder a un hogar se ha convertido en un desafío casi insuperable.
Respuestas gubernamentales y su impacto
En los últimos años, tanto el Gobierno nacional como el Gobierno de Canarias han lanzado una serie de propuestas y medidas de emergencia para contrarrestar la crisis habitacional, pero el Ejecutivo de Fernando Clavijo no parece interesado en aplicar el Plan Estatal de Vivienda, negándose a aplicar medidas como la declaración de zonas tensionadas para evitar la disminución de la oferta, según argumentaba Pablo Rodríguez ante la petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de ser declarada como tal.
El Gobierno canario prefiere ir por su cuenta, proponiendo medidas destinadas a la incentivación del mercado privado por encima de la oferta pública, y dejando pasar el tiempo reiterando propuestas como la limitación de compra a los extranjeros sin llegar a ningún lado. Mientras tanto, la vivienda social escasea: Canarias cuenta únicamente 19.413 viviendas protegidas, y para colmo más de 4.000 de ellas están alquiladas con opción a compra, de modo que podrían irse pronto al mercado libre, reduciendo la oferta aún más mientras la población sigue aumentando a un ritmo vertiginoso.
Y la ley canaria de alquiler vacacional, que lleva un año ya planteada sin terminar a aprobarse, parece incentivar aún más la masificación turística, dejando en manos de cada ayuntamiento poder superar el ya elevado límite que propone a los alquileres vacacionales (un 10% del total) y permitiendo a los que explotan la vivienda para fines turísticos hacerlo de forma indefinida.
En paralelo, la resistencia de pequeños inversores y empresarios del sector inmobiliario sigue dando voz a la ocupación como principal problema del sector a pesar de que, de acuerdo a los datos, ésta deja números irrisorios de incidencia.
Sumado a la falta de medidas realmente efectivas para tratar ambas crisis (la habitacional y de turismo masivo), la realidad actual de la mayoría de inquilinos muestra que se siguen necesitando medidas urgentes para proteger a los canarios de la especulación inmobiliaria, motivo principal que ha impulsado la convocada para este sábado el 5 de abril en ciudades de toda España por parte de colectivos, plataformas sociales y asociaciones destinada a exigir soluciones estructurales y un verdadero cambio en la política de vivienda estatal y regional.
Convocatorias en Canarias para el 5 de abril
Este sábado la defensa del derecho a una vivienda digna se convertirá en el epicentro de la movilización en Canarias. Más de 30 asociaciones saldrán a la calle en tres ciudades del archipiélago saldrán a las calles para reclamar medidas urgentes que contrarresten el uso especulativo de la vivienda.
La Plaza del Pilar en Las Palmas de Gran Canaria (a las 12:00), Plaza de la Ermita (San Isidro) en Tenerife (18:00h) y Puerto del Rosario (Fuerteventura, 12:00h) son los lugares seleccionados por los grupos que se han sumado como emplazamiento de las concentraciones.
Esta convocatoria, impulsada por Derecho al Techo, busca no sólo denunciar la creciente crisis habitacional, sino también presionar a las autoridades para que implementen políticas efectivas que garanticen un acceso real a un hogar digno para todos.
La rueda de prensa organizada por el grupo ha dejado claro que no se limitará a la protesta, sino que se erige como una plataforma para la presentación de propuestas concretas. Los líderes del movimiento han enfatizado la necesidad de una intervención estatal y autonómica que deje de tratar la vivienda como un activo financiero, abogando por una política habitacional que priorice el derecho social.
Un portavoz de Derecho al Techo ha declarado que “son las políticas de nuestros gobernantes las que nos han traído a este desastre. No se puede permitir que se siga especulando con la vivienda, que debería ser un derecho, al menos así lo recoge la Constitución, pero la tratan como una mercancía cualquiera con la que enriquecerse”.
Este clamor ciudadano se suma al movimiento en el marco nacional, evidenciando que la lucha contra la especulación inmobiliaria y la precariedad en el acceso a la vivienda es una causa que trasciende las fronteras regionales.
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