El Cabildo de Tenerife “trabaja” con el Consejo de Aguas para legalizar sus propias obras en la carretera de Martiánez

El Cabildo de Tenerife debe legalizar las obras que ejecuta en la vía TF-31, la célebre carretera del este que permite el acceso o salida del Puerto de la Cruz por la zona de Martiánez, por el famoso túnel con los huecos que miran al Atlántico. Desde el pasado 2 de septiembre, este enlace clave en las comunicaciones y la descongestión del tráfico de la ciudad turística del norte de Tenerife permanece cerrado, con las consiguientes y, por momentos, interminables colas por la carretera de La Paz que enlaza con esta vía por encima del Jardín Botánico o la que lleva a Las Arenas. Lo más chocante es que los trabajos para evitar los problemas y riesgos con las escorrentías en el barranco de Los Pastores carecen de la preceptiva autorización del Consejo Insular de Aguas, órgano dependiente del propio Cabildo, que lleva desde el 11 de noviembre pidiéndole a la administración gobernada por CC y PP que complemente el proyecto básico presentado con una documentación con “mayor definición gráfica” para poder legalizar la actuación. De hecho, habla de “insuficiencias técnicas detectadas”.

El Consejo Insular deja claro en su informe del 11 de noviembre que las obras de encauzamiento son viables y “susceptibles de ser legalizadas”, pero el departamento de Aguas Superficiales remarca que “requieren (de) una mayor definición gráfica que permita valorar (por evaluar o analizar) en profundidad su geometría y otros aspectos hidráulicos, tales como la conexión cauce natural-canal y cómo está previsto recibir las aguas de escorrentía en dicho punto, además de permitir descartar efectos de socavación por el impacto sobre el terreno de las aguas lanzadas a gran velocidad desde la cubierta del falso túnel (una de las grandes novedades) o sobre el muro de las aguas que caigan a baja velocidad desde el labio de vertido”.

El pasado  viernes, el PSOE preguntó en la Comisión Plenaria de Presidencia por la situación de estas obras y los perjuicios por un cierre de ya cinco meses de una carretera clave en el motor económico del norte. El consejero del área de Carreteras, Dámaso Arteaga (CC), respondió que “trabajan” con el Consejo de Aguas para legalizar las obras que siguen ejecutándose y que prevén que concluyan durante el próximo mes de marzo, cuando en el anuncio de esta intervención, por un total de 613.000 euros, el propio Arteaga había fijado un plazo de tres meses a partir del 3 de septiembre (comenzaron ese día, uno después del cierre), con lo que debían terminarse a principios de diciembre.

De principios de diciembre a marzo… de momento

Poco después, el 30 de septiembre y con el habitual despliegue de comunicación y propaganda implantado desde el nuevo pacto de nacionalistas y conservadores en el Cabildo, la presidenta insular, Rosa Dávila (CC), cursa visita a las obras y resalta su compromiso para resolver los históricos problemas con estas escorrentías, que obligaban en muchos momentos (sobre todo cuando llovía mucho más, pues ahora Tenerife está, de hecho, en emergencia hídrica, si bien hay más riesgos con las lluvias intensas y esporádicas) a cerrar la carretera, al menos uno de los carriles. Ese día, junto a Arteaga, el alcalde, Leopoldo Afonso (PP), el portavoz local de CC, Alonso Acevedo, y el de ACP, David Hernández, que un mes y medio antes había propiciado la censura a Marco González (PSOE), resaltaron la importancia de esta intervención sin aludir en ningún caso al problema administrativo que está retrasando su conclusión.

El PSOE, además, reprocha al gobierno actual que presente estos trabajos e inversión como algo propio cuando los primeros pasos los da el gobierno insular anterior, pues las obras se incluyeron en el contrato de conservación de carreteras a finales de 2022, si bien el proceso de adjudicación se alarga, al presentarse una veintena de empresas. Según los socialistas, esto dificultó las evaluaciones, aparte de los recursos presentados. Con todo, la intervención se adjudicó a finales de 2023 y el contrato se formalizó y entró en vigor a principios de 2024.

“Silencio absoluto del gobierno insular cuando hay problemas”

El portavoz socialista en el Cabildo, el portuense Aarón Afonso, critica el “caos de tráfico” que esta situación está creando, sobre todo en las horas punta de lunes a viernes, por el cierre de la TF-31, así como el “silencio absoluto del actual gobierno, al que sólo le gusta los titulares positivos, pero que esconde la cabeza como un avestruz cuando hay algún problema”. A su juicio, no es de recibo que se dé un problema administrativo como este con una actuación tan importante en la principal ciudad del norte de Tenerife y que ahora el Cabildo tenga que centrarse en legalizar unas obras propias, lo que tampoco resulta muy edificante y ejemplarizante para la ciudadanía, a la que luego se le exige cumplir escrupulosamente la ley. “Esto está demorando la conclusión de los trabajos porque no se cuenta con la autorización obligatoria del Consejo Insular de Aguas, cuando en el mandato anterior, y con el objetivo de acelerar este proyecto, se obtuvo el informe de viabilidad técnica del Consejo en 2022, aunque era necesario presentar un proyecto básico para obtener la correspondiente autorización”, que sigue pendiente por dichas “insuficiencias”. “No lo hicieron –recalca- y, de aquellas lluvias, estos lodos de ahora”, en forma de ilegalidades y colas y colas.

Frente a las tesis del PSOE, el gobierno del Cabildo indicó este mediodía a Canarias Ahora que el retraso de estas obras “se debe a que se suscitaron dos fenómenos meteorológicos adversos que impidieron concluir los trabajos en el plazo previsto, por lo que se concluirán en el mes de marzo. En cuanto al área de Carreteras y el Consejo Insular de Aguas, sólo decir que la coordinación es total y efectiva”, aunque sin aludir al proceso de legalización.