El 'no' de Feijóo al primer decreto del Gobierno retrasa el pago de miles de millones a las comunidades del PP

PP, Vox y Junts tumbaron la semana pasada el real decreto ley ómnibus que recogía la subida de las pensiones, la prórroga de las subvenciones al transporte, la moratoria antidesahucios o las ayudas a los afectados de la DANA de Valencia. Pero el documento también incluía la actualización de las entregas a cuenta de dinero que el Gobierno central cede a las comunidades autónomas como anticipo para asegurar la financiación de los servicios públicos. La suma alcanzaba los 9.665 millones de euros, según datos de Hacienda, de los cuales 8.036 millones irían a administraciones controladas por barones del partido de Alberto Núñez Feijóo. Y algunos gobiernos autonómicos dicen “necesitar” ese dinero “cuanto antes mejor”.

“Chantajes ni uno”, escribió el PP en su cuenta de X el pasado 23 de enero, un día después del fiasco parlamentario del Gobierno con el primer decreto ómnibus. Bajo el mensaje, una imagen con los motivos que llevaron al partido de Feijóo a votar ‘no’. Entre otros, “regalar un palacete al PNV en París”, facilitar “la inquiocupación”, “subir el IVA de los alimentos” o“incrementar la factura de la luz”.

El tuit ha sido sustituido por otro en el que justifican el ‘sí’ del PP al nuevo decreto negociado por el Gobierno con Junts para atraer a los de Carles Puigdemont de vuelta a la mayoría parlamentaria que dio la investidura a Pedro Sánchez. Pero las medidas planteadas como una línea roja se mantienen. Tanto, que algunas organizaciones autodenominadas “antiocupación” que iban a apoyar a Feijóo este jueves en un acto para presentar su plan de vivienda han anunciado que se desmarcan del líder del PP.

Pero entre las medidas que caen hay una especialmente dolosa para las administraciones territoriales, de las que tanto presume Feijóo. Por ejemplo, decaen los pagos a las comunidades y las ayudas al coche eléctrico. Y lo hacen por exigencia de Junts, que pidió sacar del decreto las cuestiones económicas y fiscales para negociarlas aparte. Sobre las entregas a cuenta, de hecho, el partido de Puigdemont presumió en su comunicado de este martes de haberlas “dejado fuera” para abordarlas en el marco de la negociación sobre la reforma de la financiación autonómica y el “concierto” catalán.

En la dirección del PP el martes defendieron el ‘no’ al anterior decreto en que el electorado les apoyaba. “Está testado”, aseguraron fuentes de Génova. Lo que no recabó Feijóo previamente fue la opinión de sus barones autonómicos. O al menos, no de todos. Su sucesor al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, dijo no haber sido avisado del voto del PP ante el primer decreto ómnibus. 

Y todo apunta a que esta vez tampoco ha habido dicha comunicación. El mismo miércoles, poco antes del anuncio del PP, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, pidió al Gobierno aprobar de forma urgente las entregas a cuenta, que en su caso suponen un retraso indefinido en la transferencia de 655 millones de euros. Con todo, Murcia no es la más perjudicada. Para Andalucía estaban previstos 1.828 millones de euros. Para Madrid, 1.286. Para la Comunitat Valenciana, 814. Y para Castilla y León, 600. 

Además de lo dicho por López Miras, los barones del PP consultados por elDiario.es confían en que el Gobierno deberá aprobar esas mismas entregas a cuenta en otro decreto, ya que legalmente les pertenece. “Lo acabarán poniendo. Más tarde, pero lo pondrán”, dice un presidente autonómico.

Desde Andalucía, el Gobierno de Juan Manuel Moreno no solo confía en la llegada de ese dinero, sino que pide incluso más. Sus cálculos elevan la cantidad que, creen, las arcas centrales deberían destinar a engordar las suyas. “La Junta de Andalucía tendrá que adelantar ese dinero mientras el Gobierno de España no cumpla con su obligación y actualice las entregas a cuenta”, sostienen las fuentes consultadas.

Este mismo miércoles, Moreno participó en un acto informativo en Madrid, donde criticó política de tierra quemada que practica la dirección nacional. Sin mencionar a nadie, sin citar a los principales estrategas que toman las decisiones en Génova, lamentó el “aislamiento” del PP. 

Desde Balears se lanza un mensaje algo más desesperado, quizá porque el Govern de Marga Prohens no tiene la robustez financiera de la que presume Moreno. “Sánchez tiene que encontrar la mayoría para hacerlo, puesto que estos anticipos corresponden a los impuestos que han pagado los ciudadanos de las IIles Balears a través del IRPF”, subrayan a elDiario.es fuentes de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación. 

“La responsabilidad es del Gobierno de España, no de la oposición, y necesitamos este dinero cuanto antes mejor”, recalcan desde el departamento dirigido por el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

Una situación similar viven en La Rioja. “La falta de actualización de las entregas a cuenta es una cuestión muy crítica”, apuntan fuentes del Gobierno de Gonzalo Capellán. “Tiene una incidencia directa en el día a día de los riojanos porque incide en la dificultad para prestar los servicios públicos con todas las garantías”, añaden las mismas fuentes. “El Gobierno de La Rioja exige que se actualice de manera inmediata. Nos da igual si es en este decreto o un decreto que se apruebe mañana o pasado mañana. La herramienta es lo de menos, lo importante es que se haga”, zanjan.

La ausencia de las entregas a cuenta también afecta a las comunidades gobernadas por el PSOE. Catalunya es la más dañada, con casi 2.000 millones. Desde Castilla-La Mancha, el Gobierno de Emiliano García Page se ha felicitado por la previsible convalidación del decreto, pero ha pedido una “fórmula urgente” para recuperar las entregas a cuenta, algo que no hubiera sido necesario de haberse aprobado el primer decreto.

El PP reconoce ahora que lo del palacete del PNV no era más que una excusa para votar contrsa el decreto. Este mismo jueves, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado en una entrevista en Antena 3 que la devolución del edificio “era inevitable” desde la entrada en vigor de la norma, que se produce con su publicacion en el BOE y no con su convalidación parlamentaria.

“Lo teníamos muy claro en el momento en el que dijimos 'votaremos sí a la revalorización de las pensiones' y se lo dijimos a los pensionistas. No había ninguna duda, sobre todo cuando nuestro voto no es decisivo para el tema del famoso palacete”, ha dicho Gamarra. El miércoles, el portavoz nacional, Borja Sémper, también dijo, cuando todavía no se había desvelado el giro de Feijóo, que el PP estaba “muy tranquilo” porque el decreto, que incluye la revalorización de las pensiones, ayudas a los afectados por la DANA o la prórroga de las subvenciones al transporte, sería aprobado por el Gobierno y sus socios tras la negociación con Juts.

Gamarra, además, ha sostenido que en realidad la devolución del palacete al PNV ya es un hecho jurídico que no depende de la aprobación del decreto. De hecho, la número 2 de Feijóo ha reconocido que ya era así cuando la semana pasada votaron en contra y usaron como argumento precisamente el edificio parisino: “Desde el momento que se aprobó el real decreto ley, durante ese mes que estuvo en vigor, ya se había materializado, es decir, ya era inevitable”.

Por el camino, las comunidades autónomas han dejado de ingresar casi 10.000 millones de euros.