El Juzgado de Instrucción número 1 de Güímar tiene en sus manos una extensa causa penal de más de 17.000 folios, dividida en 34 tomos, abierta para dilucidar las posibles responsabilidades penales por los continuos vertidos contaminantes que se han producido en el polígono industrial que comparten los municipios tinerfeños de Arafo, Candelaria y Güímar. Un procedimiento con un total de diez investigados por presunta prevaricación y delitos contra el medio ambiente que fue declarado complejo en septiembre de 2017, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com.
Las diligencias, que llevan codo con codo la Fiscalía de Medio Ambiente y el juez instructor, parten de una denuncia de representantes de IU-Los Verdes y Alternativa Sí Se Puede en los tres municipios afectados. Aunque el procedimiento fue archivado provisionalmente, la causa fue reabierta en abril de 2017. Entre los investigados figuran las alcaldesas de Güímar y Candelaria, Luisa Castro (PP) y Mari Brito (PSOE), respectivamente; el actual alcalde de Arafo, Juan Jesús Lemes (CC); el exalcalde de Candelaria Gumersindo García (PSOE); los concejales de Urbanismo de Arafo, Domingo Marrero; Candelaria, Fernando Alduán, y Güímar, Francisco Javier del Rosario; los exconcejales Domingo Ramos y Rosendo Batista, así como un representante de la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial de Güímar, Antonio Daroca.
El juzgado fijó inicialmente el 25 de enero de 2018 la declaración de los primeros investigados, pero la complejidad de la causa provocó que se retrasara el interrogatorio al mes de abril. En un cambio de estrategia, el juez instructor ha preferido escuchar primero a los testigos y peritos relacionados con el expediente y ha pospuesto, de momento sin fecha, el testimonio de los imputados.
Por el Juzgado de Instrucción número 1 de Güímar ya han desfilado como testigos, entre otros, representantes de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (Apmun), de la Demarcación de Costas en Santa Cruz de Tenerife, del Consejo Insular de Aguas del Cabildo, técnicos municipales y expertos de la Universidad de La Laguna.
La causa investiga la gestión del emisario submarino del polígono industrial de Güímar y los posibles efectos nocivos de los vertidos que, sin autorización desde 2011, se han llevado a cabo en esa zona del litoral tinerfeño. La dificultad para identificar a los responsables directos de la instalación es uno de los problemas con los que se han topado el fiscal y el juez instructor, que tratan de desenmarañar las posibles consecuencias penales derivadas de los indicios de delito encontrados hasta el momento.
Hay dos hechos que han quedado contrastados en las primeras diligencias. Por un lado, los vertidos han rebasado en determinados momentos los límites permitidos de sustancias contaminantes, aunque falta por aclarar si esas situaciones han provocado un daño directo al medio ambiente y un riesgo para la salud de las personas. Por otro, se han incumplido las obligaciones de mantenimiento del emisario submarino y de fiscalización de las empresas instaladas en el polígono industrial de Güímar.
El mantenimiento y control del emisario submarino corrió a cargo de la Asociación Mixta de Compensación hasta el 23 de julio de 2013, fecha en la que se produjo la cesión formal de la gestión del polígono industrial a los tres municipios cuyo suelo ocupan las instalaciones. Tanto la autorización de vertidos como la concesión del dominio público caducaron el 20 de mayo de 2011.
Desde entonces, el emisario vierte de manera ilegal, aunque en estos momentos está en trámite una autorización por parte del Gobierno de Canarias para regularizar la situación de la instalación. La gestión del polígono ha provocado un enfrentamiento entre los ayuntamientos implicados y la Asociación Mixta, a la que se acusa de ocultar la situación administrativa y el estado de la instalación en el momento en el que se formalizó la cesión. A ello se suma la posible dejación de funciones de las administraciones públicas, como ha señalado la Fiscalía durante las diligencias al motivar la investigación de los alcaldes y concejales imputados.
Contaminación y falta de control
Contaminación y falta de controlEn uno de los escritos que justifican las imputaciones de cargos públicos, el fiscal recuerda que los ayuntamientos pasaron a ser los responsables de la gestión del polígono industrial desde que se produjo la cesión. Según un informe del Seprona de la Guardia Civil, incorporado a la causa, el fiscal señala que no se deduce “una mínima labor de conservación, mantenimiento o control, desde el 23 de julio de 2013 hasta la fecha de incoación de diligencias previas, de las instalaciones referidas, visto su estado de abandono y deterioro, ni labor alguna de supervisión, control o sanción de los vertidos incontrolados”.
El fiscal también asegura que la posible responsabilidad política “no se agota” en los concejales, sino que “desemboca de forma ineludible en los distintos alcaldes de las tres corporaciones (Arafo, Candelaria y Güímar) por el ejercicio (o falta de ejercicio) de sus competencias al frente de los tres ayuntamientos en la coordinación, gestión, mantenimiento y control de las aguas residuales industriales y urbanas del polígono y las zonas residenciales aledañas”.
No fue hasta mayo de 2017, ya con la causa penal abierta, cuando el Ayuntamiento de Candelaria ordenó el cierre del emisario submarino. En el informe del secretario municipal se pone de manifiesto que la instalación no cumple con autorización desde mayo de 2011 y ha llevado a cabo “vertidos de aguas residuales contaminantes”.
Una demanda presentada por los empresarios del polígono industrial de Güímar provocó que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife decretase en junio la suspensión del cierre del emisario ante los posibles perjuicios económicos que podría producir en los negocios afectados. La medida cautelar se mantiene en la actualidad ante los avances en el proceso administrativo para regularizar la situación de la instalación.
A día de hoy se encuentra en trámite un convenio del Plan de Etapas elaborado por el Consejo Insular de Aguas para licitar la construcción de una depuradora en el polígono industrial (solo pendiente de aprobación por Candelaria), que inicialmente se prevé poner en marcha en 2020. El consejero Manuel Martínez asegura que las medidas aplicadas desde el órgano dependiente del Cabildo de Tenerife permiten constatar que los vertidos no causan contaminación ahora mismo.
En una visita al polígono industrial realizada en agosto por Francis Hernández, concejal de IU-Los Verdes en Arafo y uno de los denunciantes de la causa penal, y el periodista de Tenerife Ahora Vicente Pérez, se pudo constatar que se siguen produciendo vertidos sin control en la zona.