Patricia Hernández (PSOE) advierte de que sustituir la ayuda a domicilio por una prestación “tendrá consecuencias sobre el empleo y las pensiones”

El último movimiento del Gobierno de Canarias de colar en las enmiendas de los presupuestos un cambio sustancial en la ayuda a domicilio ha recalado este jueves en la comisión de control de Santa Cruz de Tenerife. La concejala socialista Patricia Hernández ha advertido de que sustituir la ayuda a domicilio por una prestación “tendrá consecuencias sobre el empleo y las pensiones” y ha insistido en que “se está jugando con las cosas del comer de las personas más vulnerables”. 

Hernández hace alusión a que Coalición Canaria “ha ido por la puerta de atrás con enmiendas y sin la participación de la ciudadanía y de los colegios profesionales”para dejar de prestar el servicio de ayuda a domicilio. Señala que esto tendrá un impacto en las pensiones no contributivas y en las de complemento mínimo ya que la prestación tendrá que declararse en el IRPF. “El ciudadano va a tener que pagar por algo que ahora recibe”, insistió. 

La concejala citó el artículo 59 de la Ley de Seguridad Social y el artículo 33.1 y 2 de la ley de IRPF que señala que hay una serie de subvenciones que están exentas y otras que no. Sí esta exenta la prestación vinculada al servicio para el cuidado en el entorno familiar en el caso de la Ley de Dependencia, pero en este caso se trata de una ayuda a domicilio que dan los ayuntamientos dentro del Catálogo de Servicios Sociales y no de la ley de dependencia. 

“Por lo tanto lo que se está haciendo es quitar el servicio de ayuda a domicilio y ponerlo en una prestación que no solo tiene que declararse sino que tributa, poniendo en riesgo el complementos a mínimo y las pensiones no contributivas”, insistió Hernández, que añadió que “no es opinable que con la Ley de Subvenciones pueda garantizar que las trabajadoras que pasen de la Ley de contratos a la de subvenciones puedan cobrar a fin de mes porque no tendrá responsabilidad como ayuntamiento”, apuntó. 

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Rosario González Carballo, ha señalado que lo que se pretende es cambiar “hacia un nuevo modelo de ayuda a domicilio que sea de mayor calidad, que sea más rápido, más eficaz y dé mayor respuesta a las personas de nuestro municipio”. En este sentido, apuntó que “ningún mayor de nuestor municipio se quedará sin este complemento por tener la prestación de ayuda a domicilio. Estamos realizando todas las acciones posibles para que esto no sea así”, ha dicho.

“A día de hoy, el modelo de ayuda a domicilio que se está prestando en este municipio y en muchos otros cuenta con dificultades y problemáticas que se tienen que mejorar y lo que estamos haciendo es buscar oras vías u otras formas de poder realizar una ayuda a domicilio que dé mejor resultado”, remarcó.

La intervención de la concejala de Servicios Sociales no resolvió las cuestiones que planteaba Hernández, que la instó a leerse los informes del secretario y del interventor.

Cambios que llegan sin debate

El PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista acusaron este martes al Gobierno regional de “cacicada” por intentar modificar “por la puerta de atrás” la ayuda a domicilio, de forma que los municipios puedan sustituir este servicio, que reciben unas 20.000 personas en las islas, por una prestación económica.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, expuso en su intervención que no puede pronunciarse sobre este asunto porque se trata de una enmienda que debe pasar por el trámite parlamentario y no se ha votado aún.

Los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Canarias maniifestaron la pasada semana su “enérgico rechazo” a la enmienda 2323 presentada por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. Este cambio, explican que permite a los ayuntamientos sustituir la prestación directa del SAD por una prestación económica, lo que “vulnera los derechos sociales” y “pone en peligro la calidad del servicio y se ha llevado a cabo sin respetar el procedimiento participativo establecido en el artículo 12 del decreto dejando fuera a profesionales, administraciones públicas y ciudadanía”, denuncian.