Canarias mantiene los contratos para la acogida de menores migrantes con una entidad investigada por malversación

El Gobierno de Canarias mantiene los contratos con la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, investigada por malversación de caudales públicos. La consejera de Bienestar Social del Ejecutivo autonómico, Candelaria Delgado, ha confirmado este lunes que la comunidad autónoma tiene abiertos centros de acogida de menores no acompañados gestionados por la entidad. ''No ha sido en ningún momento sentenciado que no se pueda seguir trabajando con ellos. No podemos cerrarlos porque no hay ninguna medida cautelar que así lo indique y que diga que no debemos pagarle los servicios que están prestando'', aseveró.

La Fiscalía Europea ha asumido este mes el bautizado como 'caso Siglo XXI', que investiga la desviación de fondos públicos dedicados a la atención de menores migrantes. Derechos Sociales adjudicó entre 2019 y 2022, en la pasada legislatura, diferentes contratos a la Fundación Siglo XXI. En concreto, la ONG recibió 12 millones de dinero público entre 2021 y 2023. Sin embargo, parte de este dinero terminó en tratamientos de belleza, hoteles de lujo, restaurantes y viagra. La supuesta trama salió a la luz en 2023, cuando la Fiscalía Anticorrupción denunció indicios de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsedad en documento mercantil.

Este lunes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el Gobierno canario aseguró que tanto el Ejecutivo como la organización han ofrecido su máxima colaboración a la Justicia. ''Ellos, al igual que nosotros, están aportando la documentación que diferentes juzgados nos han ido solicitando'', defendió Delgado.

Desde el pasado 12 de febrero, el caso está en la Fiscalía Europea, ya que cerca de dos millones de euros recibidos por la Fundación procedían de los fondos Next Generation de la Unión Europea. El Juzgado de Instrucción número 7 de las Palmas de Gran Canaria emitió un auto que recoge que las diligencias practicadas hasta el momento evidencian que las personas investigadas manejaron fondos públicos en beneficio propio, ''sin perjuicio de las eventuales responsabilidades de las autoridades y funcionarios públicos que no hayan realizado un cabal control y seguimiento de la aplicación del gasto''.

Cinco centros investigados

La Justicia investiga a cuatro responsables de los centros de Puerto Bello, Guiniguada y Acorán, en Gran Canaria, y Yaiza y La Santa, en Lanzarote. Una de las querelladas por la Fiscalía Anticorrupción es María de los Ángeles Barroso, que fue directora del centro de menores Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, entre los meses de diciembre de 2020 y 2021. En aquellas fechas era, además, vicesecretaria y tesorera de Vox en Las Palmas. La querella incluye “numerosos indicios” para incriminar a Barroso en el desvío de una parte de esos fondos públicos para enriquecerse. Para ello habría utilizado de manera fraudulenta una cuenta que se había abierto a su nombre con el exclusivo fin de sufragar los gastos propios de la gestión del centro de menores. Esa cuenta, en la entidad INGBank, fue cancelada en julio de 2021, siete meses después de su apertura, al detectar el propio banco movimientos sospechosos.

La Fiscalía sostiene también que Barroso utilizó la tarjeta reservada a la gestión del centro para sufragar gastos personales, como un bono de seis meses para eliminar arrugas de expresión por 1.500 euros, alguiler de vehículos, un producto para agua de piscinas o gastos en supermercados, aparcamientos, cafeterías y restaurantes.

Otro de los investigados es Fernando Pérez Romero, quien dirigió los recursos de Puerto Bello y Acorán. Según describía Anticorrupción en su escrito, el modo de operar del director de este centro era idéntico al ejecutado por la máxima responsable del Guiniguada. El querellado desviaba fondos desde las cuentas vinculadas al centro de menores a una personal y usaba la tarjeta para pagar sus gastos propios. Con la tarjeta se hicieron compras en Cicar, Media Markt, Ikea, Decathlon, tiendas de moda y complementos, supermercados, cafeterías y restaurantes, según Anticorrupción.

En Lanzarote, los directores querellados son Natalia Levy, que fue responsable de Las Casitas Forestales de Yaiza, y Enrique Manuel Dévora, al frente del albergue de La Santa. Según la querella, ambos habrían desviado a sus cuentas personales cantidades de dinero dedicadas a la integración y atención de los menores acompañados. En el caso de La Santa, el fiscal identificó compras que pueden no estar relacionadas con la actividad propia de un centro de menores, como analgésicos no estudiados en niños y adolescentes, Enantyum y dos cajas de medicamentos para tratar la disfunción eréctil. También se compraron varios cartones de tabaco Chesterfield y unas zapatillas de 149,99 euros de la marca Nike.

La vía de emergencia

Este lunes, el Gobierno de Canarias ha acordado ampliar la declaración de emergencia para gestionar la acogida de menores no acompañados. La vía de emergencia permite agilizar los trámites en la contratación de entidades y en el cierre y apertura de nuevos centros en función de las llegadas de niños y adolescentes. Desde 2020, el Archipiélago encadena declaraciones de emergencia. Ese año fue por el aumento de menores en las embarcaciones que arribaban a las islas y, ahora, por la ''saturación de los recursos existentes''.

Este sistema excepcional que permite dar contratos a dedo sin abrir expediente y con muy pocos controles y transparencia. La ley de contratación pública limita esta vía a tres supuestos: acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional. Millones de euros se mueven en los contratos que el Ejecutivo autonómico adjudica a las ONG para la gestión de las instalaciones de atención. Sin embargo, el dinero no siempre se traduce en una acogida digna. En el Archipiélago se acumulan las denuncias por hacinamiento, malos tratos o desprotección infantil, y la tramitación de las adjudicaciones por emergencia obstaculiza los controles y la fiscalización de los fondos. 

Mientras tanto, Canarias y el Estado intentan desbloquear la reforma de la Ley de Extranjería, que permitiría establecer un traslado obligatorio de menores no acompañados a otras comunidades autónomas. Otra de las alternativas que permanece estancada es la propuesta por el presidente canario, Fernando Clavijo, sobre un reparto extraordinario entre todas las regiones teniendo en cuenta los criterios de población total, población acogida (media de menores acogidos por cada 100.000 habitantes en los últimos seis meses), el PIB per cápita, el desempleo y la solidaridad (número de menores acogidos en los últimos años).