El Gobierno canario insiste en un cambio de tendencia en dependencia tras conocerse su “crítica” situación
La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ha defendido este jueves un cambio de tendencia en la aplicación de la ley de Dependencia en Canarias y ha señalado que en julio se espera que el número de incorporaciones al sistema sea mayor que en junio, cuando se dieron de alta 586 dependientes.
En comunicado de este departamento, la directora general de Dependencia y Discapacidad, Marta Arocha, insiste en que se está materializando un cambio de tendencia en materia de dependencia, tal y como han reconocido, afirma, el presidente de la Asociación Estatal de Gerentes y Directores Sociales, José Manuel Ramírez.
Esta asociación calificó ayer de “crítica” la situación de Canarias en dependencia, ya que no solo tiene en lista de espera al 50% de sus potenciales usuarios, sino que, según sus cálculos, tardaría 25 años en atenderlos a todos al ritmo que avanza ahora en este campo.
Según Arocha, en declaraciones públicas el presidente de esta asociación ha reconocido que “la nueva Consejería de Políticas Sociales, que dirige Patricia Hernández, ha mostrado un cambio de tendencia y ha ido incorporando este año más personas al sistema (un 4,33%)”.
La directora general señala que el esfuerzo realizado por el Gobierno canario ha supuesto, en los convenios que se firman con los cabildos, un incremento en 2016 de 758 plazas sociosanitarias financiadas.
Estos convenios representan en 2016 un total 9.532 plazas financiadas para todo el Archipiélago.
Además recuerda que para agilizar la tramitación de los expedientes de dependencia, se incorporaron 26 profesionales más sobre los 90 anteriores, lo que supuso, dijo, un primer aumento de personal en Canarias tras la entrada en vigor de la ley.
También suma el incremento presupuestario en el área de dependencia que, en 2016, experimentó un aumento de casi 10 millones de euros más que el año anterior, de los 7,7 millones de euros son propiamente del área de Dependencia y 2 millones corresponden a discapacidad.
Arocha señala que su departamento también trabaja en el decreto que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia que, según señala, simplificará y optimizará los trámites de valoraciones y la prestación de servicios y los hará más ágiles.
Agrega que también se da prioridad a las prestaciones económicas del cuidado al entorno familiar y a las prestaciones económicas vinculadas al servicio y se trabaja en un modelo de ayuda a domicilio que responda a las diferentes intensidades de los dependientes.
Al respecto, la directora general alude al convenio de colaboración con los ayuntamientos para ampliar la prestación de ayuda a domicilio.
