17 días en el mar para acabar en prisión sin pruebas: ''Todos mis planes se cayeron''

Sostener un GPS, haber estado cerca del timón o ser señalado por un compañero de cayuco es suficiente para entrar en prisión. Un informe sobre vulneraciones de derechos humanos en Canarias en 2024 denuncia la detención sistemática de los supervivientes de la ruta atlántica y pone el foco en las irregularidades de los juicios contra los acusados de patrón de patera. “Llegué a Tenerife en 2021 tras 17 días en el mar. Pasé dos días en el CATE y, al tercero, me mandaron a prisión”. Así recuerda el marfileño Ismael Outtara sus primeras horas en Europa.

Fue encarcelado después de perder a su pareja y a una de sus hijas como consecuencia del viaje. También lo separaron de su otra hija. Después de un año y dos meses en prisión preventiva, quedó en libertad por falta de pruebas. “Entré en prisión sin saber el idioma, sin saber de qué me estaban acusando. Estudié para saber de qué me acusaban, pero ninguna persona me ayudaba con los trámites”, recuerda durante la presentación del informe en Barcelona.

El marco normativo europeo exige a los Estados miembros imponer sanciones a cualquiera que “facilite la entrada o tránsito irregular” de una persona en el territorio comunitario. Sin embargo, tal y como señala el último informe elaborado por las entidades Irídia y Novact, las operaciones contra el tráfico de migrantes en Canarias se alejan de este fin y terminan en una persecución contra los conductores de las embarcaciones, que “muy pocas veces forman parte de un clan organizado”. 

A pesar de la peligrosidad de las rutas y de las dificultades a las que se enfrentan los migrantes en el camino, en muchos casos los interrogatorios se realizan nada más pisar tierra firme. El Defensor del Pueblo ya ha puesto en cuestión estas prácticas de la Policía Nacional y Frontex (la agencia europea de fronteras), y ha advertido de que las entrevistas “se realizan mientras la persona acaba de llegar por vía marítima, en condiciones de peligro y vulnerabilidad”. A veces, ni siquiera hay abogados, a pesar de que estos testimonios pueden servir para encarcelar a los supuestos conductores de las barcazas. 

“El grueso y origen de la única prueba de cargo (testifical de otros integrantes de la patera) se obtiene durante las 72 horas en las que los migrantes se encuentran detenidos” en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Según el estudio, se han llegado a producir presiones para que las personas migrantes señalen a quien dirige la embarcación. “Para coacciones se ha utilizado la amenaza de no traslado hasta que no acusen a alguien como patrón”, asegura el documento. 

“Durante ese tiempo, la única prueba que tenía la policía contra mí era un teléfono móvil que me quitó un agente de Frontex. Descargaron todo y de ahí salió un informe. Lo que vieron en mi móvil no tenía indicios delictivos”, contó Outtara durante la presentación del estudio. Aunque recuperó su libertad, nadie podrá devolverle los catorce meses que perdió en prisión. “Es mucho tiempo en la vida de una persona. Toda la planificación que había hecho se había caído. Yo no quería quedarme en Tenerife, pero la situación hizo que al final me quedara”, subraya. 

Vidas truncadas

En Canarias, la Justicia pide penas más altas para los acusados que en otras autonomías. Un exhaustivo análisis de sentencias elaborado por el abogado canario Daniel Arencibia y recogido por las entidades Irídia y Novact concluye que la pena de ocho años es la más repetida entre las solicitadas por la Fiscalía de Las Palmas. En Santa Cruz de Tenerife, cae a siete años. También es más larga la espera que atraviesan las personas hasta poder cancelar sus antecedentes penales. Mientras que en las islas pasan cinco años para suprimirlos y poder proceder a su regularización, en el resto de comunidades el tiempo se reduce a tres años. 

Pasar hasta cinco años con antecedentes penales empuja a los supervivientes a vivir “de la beneficencia” una vez fuera de prisión, al no poder trabajar de forma legal. “Las personas salen sin red, ni recursos, ni posibilidad de ser admitidos en centros de atención humanitaria”, insiste el informe Vulneraciones de derechos humanos en Canarias 2024. “También las personas que salen de permiso de prisión se encuentran en situaciones durísimas de desprotección, ya que no tienen dinero, ni recursos para desplazarse, ni donde quedarse”, añade. 

En esta línea, el estudio de Arencibia evidencia que las dos provincias canarias son las únicas del país en las que se ha acusado a personas de nacionalidad maliense. Entre 2022 y 2023 se identificaron 22 casos de este tipo, en contra de la Convención de Ginebra que protege de acusaciones penales por su entrada irregular a un país a personas con necesidades de protección internacional, al escapar de territorios donde están en peligro su vida o su libertad. Es el caso de Mali, que atraviesa desde hace más de una década un conflicto armado que ha provocado el desplazamiento forzado de más de 24.000 personas. 

“Lo más duro era saber que había demasiada gente en prisión y que la mayoría firmaba conformidad porque estaban cansados de la situación. Muchos o la mayoría nunca habían visto a su abogado para poder explicar lo que realmente sucedió”, sostiene Ismael. Hasta en un 69% de los casos hay conformidades. Según el estudio de vulneraciones de derechos, hay muchos factores que llevan a este punto, como la imposibilidad de localizar a los testigos cuando se celebra el juicio, a veces hasta diez meses después de la detención. 

En la ruta canaria, a diferencia de otros pasos fronterizos, todas las personas que se suben al cayuco o a la patera están realizando su propio periplo migratorio. Cuando los patrones logran su propia inmigración, la ley permite reducir las penas. Sin embargo, esta reducción solo se ofrece cuando el acusado acepta la conformidad. Entre 2022 y 2024, de 39 personas que no se conformaron con la pena, 20 quedaron absueltas. 

Menores en la cárcel

Por las prisiones de Canarias han pasado al menos 15 menores migrantes acusados de ser patrones de pateras. El informe, que también aborda la criminalización de la infancia migrante, advierte de que los errores en la identificación de los supervivientes han conducido a jóvenes a estar en prisión. “Para poder proteger a la infancia, el requisito inicial es poder identificarla”, insiste el texto. 

En marzo de este año, la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó la liberación de un menor senegalés que pasó 82 días en prisión provisional acusado de favorecer la inmigración irregular. La Justicia ordenó su puesta en libertad después de que el joven fuera sometido a una prueba médico forense, cuyos resultados eran más compatibles con una minoría de edad que con “una certeza de que el sujeto sea mayor de edad”. 

El adolescente, al llegar a las islas, fue reseñado como menor de edad por la Cruz Roja. Sin embargo, tal y como contó este periódico, la Policía Nacional lo registró como adulto. A pesar de que tenía un certificado de nacimiento que probaba su minoría de edad, el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana lo mantuvo en prisión. 

“La identificación es la puerta de entrada al resto de garantías y de derechos que son fundamentales para poder atender al principio de interés superior del menor y garantizar su protección”, concluye el informe. 

No normalizar las detenciones

El ingreso de migrantes en prisión es, según el estudio, solo la punta del iceberg de unas políticas migratorias que normalizan la detención de los supervivientes. Irídia y Novact señalan a los CATE, recursos policiales donde las personas pasan un máximo de 72 horas, como ejemplo de el enfoque securitario de las migraciones en Europa. “No deberían entrar allí los niños, las niñas y los adolescentes. El nombre confunde, pero es un centro de detención”, subrayó la investigadora Maite Daniela Lo Coco durante la presentación del texto en Barcelona. 

“Los espacios de detención no son adecuados para recibir a personas migrantes y refugiadas después de un trayecto largo y, a menudo peligroso”, añade el análisis. La retirada de los móviles, las deficiencias en la asistencia letrada y en los servicios de traducción e interpretación, así como la precariedad de algunas de sus instalaciones son algunos de los principales déficits detectados en los CATE. En su memoria de 2023, la Fiscalía de Canarias ya alertó de la “provisionalidad ya endémica” del dispositivo de Arrecife, descrito por el Ministerio Público como un solar sin sombra y sin pavimentar repleto de tiendas de campaña sobreocupadas. 

Como alternativa, propone replicar la experiencia de la acogida de desplazados ucranianos y poner en marcha los CREADE (Centros de Recepción, Atención y Derivación para desplazados ucranianos). “Sería importante continuar con las lecciones aprendidas, extendiéndolas a todas las personas con independencia de su lugar de origen o procedencia”, concluye.