Canarias empieza a salir del pozo en Dependencia tras casi una década de mala gestión y recortes
Desde que entrara en vigor la Ley de Dependencia en el año 2006, Canarias ha registrado los peores datos en su gestión y se ha situado a la cola de España. Una “mala planificación” por parte de los anteriores Gobiernos regionales unida a los recortes paulatinos del Estado, se encuentran entre las principales causas. Así lo viene denunciando la Asociación Española de Gerentes y Directoras Sociales que, no obstante, aprecia un cambio de tendencia en el último año, gracias al plan de choque impulsado.
Un incremento de 7,7 millones de euros en el presupuesto regional para esta área y el aumento de contrataciones de técnicos, con el objetivo de valorar los expedientes de personas que solicitan ser acogidas en el marco de esta Ley, han permitido incorporar al sistema a más de 3.000 personas de las 16.000 que en julio se encontraban en lista de espera. Aunque las cifras están lejos de equipararse a la media nacional y de poder decir que el servicio funciona en el Archipiélago, ya ha empezado a ponerse en orden, explica la viceconsejera de Políticas sociales, Isabel Mena (PSOE).
Actualmente, el estado financia en un 22,4% este sistema en las Islas, mientras que el Ejecutivo regional destina un 77,6% del dinero. Un hecho que no se rige a la Ley, donde se recoge que en su gasto público este servicio debe ser financiado a partes iguales (50%) por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
Ante ello, Mena explica que si el Gobierno de España no cambia esta actitud, todas las Comunidades lo tendrán muy difícil para sacar adelante este servicio. “Necesitamos una financiación sólida que permita que el sistema siga creciendo”, puntualiza.
El mal punto de partida también se sitúa entre las causas de que Canarias suspenda una y otra vez en Dependencia. El director de la Asociación Española de Gerentes y Directoras Sociales, José Ramírez, ha señalado varias veces la “desidia” de anteriores Gobiernos y a la exconsejera Inés Rojas (CC), quien se encargó de Políticas Sociales en el anterior mandato. Cuando la nueva consejería, en manos de Patricia Hernández (PSOE) se puso en marcha, se encontró ante unos 7.000 expedientes en cajas de solicitudes de personas a las que no se les había reconocido su derecho a este servicio.
Para empezar a revertir la situación, por primera vez en mucho tiempo Canarias registra un dato positivo, la incorporación de estas 3.000 nuevas personas. El orden de estos expedientes lo que permite es seguir poniendo en marcha “la maquinaria” para paliar una situación que “no se puede cambiar en un sólo año”, apunta Mena. Gracias a los nuevos técnicos, se están agilizando estos expedientes y prevén que cada mes se puedan seguir incorporando a más personas. A ello, se suma la ampliación de plazas en residencias, que se han incrementado en 800 (ya que es una de las grandes demandas del Archipiélago).
Según datos del IMSERSO del mes de agosto (último informe publicado), existen 42.936 solicitudes de personas que piden ser beneficiarias de la Ley de Dependencia. De ellas, se conoce que tienen derecho a ser acogidas al marco del sistema 30.503, de las que ya se benefician 15.354. No obstante, el director de la asociación que vela por el cumplimiento de esta Ley espera que en el mes de octubre los datos reflejen mejor el cambio de tendencia de Canarias.
Retos de la Dependencia en Canarias
Para que el Archipiélago deje atrás este suspenso en Dependencia es necesario terminar con la reorganización. Una vez cumplido este paso, debe contar con todas las prestaciones que tiene la Ley. Entre ellas, es necesaria una mejora de la ayuda a domicilio o de la atención a la prevención.
Esta última, viene acompañada de planes de promoción de la autonomía personal. La viceconsejera explica que el Gobierno de España, por decreto, suspendió las prestaciones a todos los dependientes grado 1; es decir, todas las personas con derecho a recibir esta ayuda a la autonomía quedaban fuera del sistema.
Para la socialista, la “prevención” es de “gran importancia” y trabajar por ello es uno de los grandes retos, a pesar de este decreto. Señala que cuando los dependientes ya tienen un grado mayor, como el tres, ya no se incorporan a estos planes, puesto que necesitan otro tipo de ayudas.
Otras personas necesitan plazas en residencias, ayudas económicas o prestaciones del entorno familiar. Todas estas posibilidades que recoge la Ley deben seguir mejorándose y ampliándose en un futuro para que “nadie muera” sin recibir estas ayudas, insiste Mena. Y es que, la edad media de los solicitantes es de 80 años, algo que preocupa a la asociación que lidera José Ramírez.
La oposición pide más recursos
Nueva Canarias ha sido uno de los partidos más críticos con la gestión de la Dependencia estos últimos años. La formación llegó a denunciar el pasado mes de marzo que se tarda hasta tres años en tramitar una solicitud. De hecho, en 2015, 1.492 solicitantes fallecieron en el Archipiélago sin haber recibido la prestación.
Por ello, la fuerza nacionalista ha pedido en reiteradas ocasiones que el Gobierno regional destine parte de los fondos que se recibirán del Estado del extinto IGTE (Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas) a Políticas Sociales, para paliar, entre otros aspectos, la situación que viven las personas con derecho a acogerse al marco de la Ley de dependencia en Canarias. No obstante, la respuesta del jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo ha sido negativa en este sentido.
