San Bartolomé de Tirajana aboga por suspender las sanciones por residir o no tener un apartamento en explotación turística

San Bartolomé de Tirajana aboga por suspender las sanciones a propietarios de apartamentos por residir en ellos o no cederlos a un explotador turístico. El alcalde Marco Aurelio Pérez asegura en un comunicado que ha conseguido el compromiso de la Consejería de Turismo para desarrollar una propuesta legislativa.

Por su parte, desde la Consejería (liderada por Jéssica León, del PP) afirma a este perídoco que se pronunciará sobre ello proóximamente.

Este periódico ha recabado multitud de multas, en algunas ocasiones incluso con carta de pago que están llegando a personas afectadas por la Ley Turística de 2013. Antonia es ejemplo de ello, le llegó una sanción de 2.250 euros recientemente porque ha agotado la vía administrativa. “Tengo un plazo para pagarla y estoy reuniendo el dinero, pero soy viuda y tengo una minusvalía”, explica.

La plataforma de afectados por la Ley Turística sostiene que hay miles de personas afectadas o susceptibles de serlo: muchas con apertura de expediente o propuesta de resolución. En sus registros cuentan con un fichero donde van actualizando las personas o complejos notificados.

“Hay una serie de modificaciones legislativas en torno a la actividad turística que están en trámite y que las mismas van a diferente ritmo pero que por otro lado la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias está vigente y su aplicación hace que se estén tramitando diferentes expedientes sancionadores que están sembrando un clima de incertidumbre”, ha dicho Marco Aurelio Pérez en un comunicado.

El alcalde incide en que la suspensión de las multas sea durante “un período lo suficientemente largo como para que todas las modificaciones legislativas que están en trámite queden aprobadas y nos permitan tener una visión de conjunto del sector en Canarias”.

Cabe recordar que en las multas que están llegando se expone que la infracción cometida se encuentra tipificada “como muy grave”, siendo sancionable con multa entre 30.001 y 300.000 euros“.