Menos exigencias para las clínicas privadas y un mes y medio más de plazo para que puedan presentar sus ofertas. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha modificado los pliegos del concierto de hospitalización de media estancia, dotado con 220 millones de euros a repartir en cuatro años, para corregir errores materiales, facilitar la subcontratación de especialistas y permitir que los centros puedan mantener los contratos aunque pierdan camas homologadas, es decir, aunque durante su periodo de vigencia incumplan parte de los requisitos exigidos para poder resultar adjudicatario del servicio.
Según recoge el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del lunes 16 de julio, el plazo para la presentación de ofertas, que concluía ese mismo día, se pospone al 28 de agosto. La orden está firmada, al igual que en anteriores ocasiones, por el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Narvay Quintero, en sustitución de José Manuel Baltar, titular de Sanidad, que se ha abstenido de participar en este procedimiento por imperativo legal derivado de una causa de incompatibilidad, ya que antes de acceder al cargo ocupaba un puesto de responsabilidad en uno de los grupos hospitalarios que aspiran al concurso, San Roque, el mayor de titularidad privada de la provincia de Las Palmas y el máximo beneficiado por el aumento de derivaciones.
Baltar sólo ha firmado un documento vinculado a este concurso, la polémica orden de homologación que da un año más de plazo a las clínicas privadas para que acrediten requisitos que se les exigen desde 2006 pero que casi ninguna cumplía a la fecha de la convocatoria. Esa orden, que ha cambiado las reglas del juego a mitad del procedimiento (se publicó en marzo, un mes después que los pliegos), es precisamente la que sirve ahora de cobertura a la Consejería de Sanidad para introducir un nuevo supuesto que garantiza la continuidad de los contratos aun cuando los centros modifiquen las dotaciones humanas y de equipamiento que, en su momento, les harán acreedores de la adjudicación del servicio.
La modificación afecta al apartado 1 de la cláusula 27, referida a la obligación de los contratistas de notificar cualquier alteración, incluida la pérdida de homologación, durante el periodo de vigencia del contrato y la posibilidad de resolverlo si el incumplimiento es grave. La nueva redacción incluye un párrafo, a propuesta de la dirección del Servicio Canario de Salud, cuyo tenor es el siguiente: “Si antes de la extinción del acuerdo marco o del correspondiente contrato en él basado, algún adjudicatario viera reducido el número de camas homologadas que le fueron adjudicadas por transcurso del plazo concedido para el cumplimiento de determinados requisitos de la Disposición Transitoria Única de la orden del consejero de Sanidad del 27 de marzo de 2018 (...), que regula los requisitos que deben cumplir los centros sanitarios para su homologación en el grupo de hospitalización, tanto el acuerdo marco como, en su caso, el contrato, continuarán ejecutándose por el número de camas efectivamente homologadas en cada momento, hasta el límite de las adjudicadas”.
La Consejería de Sanidad no ha respondido a las preguntas formuladas por Canarias Ahora, en las que solicitaba una aclaración sobre las consecuencias de esa modificación de los pliegos y, más en concreto, sobre si los pagos se realizarán sobre el número total de camas adjudicadas o sólo sobre las homologadas.
Sin embargo, fuentes oficiosas también consultadas por este periódico, especialistas en Función Pública, la califican de “barra libre” para las clínicas privadas. “No importa si se pierde la homologación. Se pueden seguir contratando las camas (adjudicadas) mientras dure el contrato”, explica una de ellas, que añade que con esta modificación “siempre habrá camas disponibles” para derivar pacientes, estén o no homologadas.
Los pliegos del concurso de hospitalización contemplan el inicio de la prestación del servicio para noviembre de 2018. Será entonces, salvo nueva modificación, cuando la Consejería de Sanidad rompa con los conciertos que arrastra desde la época franquista al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo, las clínicas privadas aún tendrán cuatro meses más, hasta marzo de 2019, para homologarse. Es decir, podrán resultar adjudicatarias sin haber acreditado los requisitos que se les exigen. El número de camas homologadas depende, entre otros factores, del número de profesionales sanitarios vinculados al servicio, por lo que las variaciones de plantilla tendrían incidencia en las autorizaciones.
La orden publicada en el BOC, firmada por Narvay Quintero, también recoge una reivindicación de las clínicas privadas, la eliminación de las limitaciones porcentuales a la subcontratación. Según consta en un informe de dirección del Servicio Canario de Salud fechado el 25 de junio pasado, esta modificación se adopta como consecuencia de “las dificultades existentes para que los potenciales licitadores dispongan de determinado personal”. Alude, en concreto, a la escasez de médicos especialistas en Geriatría y Medicina Interna en el mercado.