Caso Grúas: aforamiento, Choclán, Marchena, ¡archivo!

La euforia era indisimulable este martes en Coalición Canaria tras conocerse la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de archivar el caso Grúas, o por ser más precisos, la parte del caso Grúas que atañe al expresidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo. Hay motivos de sobra para esa euforia: por un lado, porque el partido que gobernó Canarias durante tres décadas veía coronada con éxito su estrategia político-judicial de sacar al investigado del ámbito de la justicia ordinaria, la del común de los mortales, para colocarlo en la exclusiva de lo aforados. Y por el otro, porque gracias a este auto de archivo, recurrible pero de difícil rectificación por el mismo tribunal, Clavijo ve expedito su camino hacia su elección como jefe máximo de Coalición Canaria en el inminente -aunque sin fecha- congreso “nacional”. Y quién sabe, incluso para repetir como candidato a la presidencia del Gobierno cuando sea menester, como muy tarde, en 2023.

Para llegar a este auto de archivo, el equipo médico habitual de Fernando Clavijo, formado por su núcleo duro en Coalición Canaria, algunos empresarios y unos pocos magistrados escogidos, recomendó desde el principio el aforamiento del investigado. Para eso había que torcer los planes, dejar fuera a José Manuel Bermúdez, el inicialmente designado para ocupar la plaza de senador por la Comunidad Autónoma que, por costumbre parlamentaria, correspondía a Coalición Canaria. El cabreo de Bermúdez se ha ido aliviando con el tiempo tras comprobar que el mismo equipo médico habitual está haciendo todo lo posible -y más- para que prospere una moción de censura que lo vuelva a colocar en la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Previa dimisión, eso sí, de un concejal de Ciudadanos, la aparición estelar de una inquieta concejala de Ciudadanos, y las correspondientes instrucciones de Ciudadanos para que se respete la estabilidad institucional, instrucciones que serán convenientemente quebradas. Pero ésa es otra historia que se está escribiendo en los mismos despachos en estos mismos momentos.

El ascenso al Senado de Fernando Clavijo se forzó cuando había fracasado un intento previo de aforarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde sus acólitos daban por hecho que tendría acogida y archivo. Pero la Sala de lo Penal, con el voto en contra de su presidente, acabó pronunciándose a favor de que el caso Grúas se quedara residenciado en el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, donde entró por reparto, pese a que en el momento de ser denunciado no había entrado en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía, que casualmente a propuesta de Ciudadanos, convirtió a Canarias en la primera autonomía que acababa con los aforamientos de sus altos cargos. El presidente del TSJC, Antonio Doreste, que fuera al inicio de su carrera política consejero del Gobierno de Canarias en las filas de Coalición Canaria, hizo lo posible por dejar a Clavijo bajo su cobijo, y puso dos votos particulares que ya quisiera para sí cualquier otro justiciable.

De haber permanecido como aforado en Canarias, Clavijo seguramente se podría haber enfrentado a una instrucción y, de prosperar los indicios de delito, a un juicio y a una sentencia. Y habría acabado directamente como segunda instancia en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la que ahora acaba de archivar de plano la cuestión. Es decir, se habría saltado la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que era otro bicho que su equipo médico habitual quería evitarse.

El caso era estar aforado a toda costa, especialmente después de las dos censuras que sufrió la jueza instructora de La Laguna al intentar archivar por las bravas la causa. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife le afeó la instrucción y la obligó a continuar investigando, lo que encendió todas las alarmas en los cuarteles generales CC y forzó ese cambio de estrategia.

Cuando Clavijo fue finalmente llamado a declarar ante la jueza de La Laguna se activaron las defensas del expresidente. Y no solo las jurídicas. Enseguida cambió de abogado por indicación, consejo y apoyo de determinados empresarios conocedores de la casuística a acometer. Y si al principio se entregó a los conocimientos y las habilidades de Esteban Sola, que en realidad era el defensor del concejal nacionalista José Pérez-Godiño, para dar el salto a la arena nacional se hizo con los servicios (y los honorarios) de José Antonio Choclán, magistrado en excedencia y, como él mismo presume, amigo de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, la sala donde se dirime la suerte de todos los aforados de España que tienen la mala suerte de resultar encausados.

En lo mediático ya hacía tiempo que al investigado le protegía su propia división acorazada, la que le aupó a la candidatura a la presidencia del Gobierno y la que le acompañó y le sigue acompañando hoy, tanto en los días de gloria como en los de zozobra y desesperanza. Para los anales del periodismo quedará un titular de los diarios de Editorial Prensa Ibérica en la Islas, que se hacían eco de la declaración de Clavijo como imputado resaltando que se había celebrado tal acto judicial ¡sin atribuírsele ningún delito al imputado! Y en lo empresarial, a Clavijo no le ha faltado nunca de nada porque hay un núcleo importante de hombres de negocios que quieren el regreso de Coalición Canaria al poder institucional en el Archipiélago porque con ese partido siempre les ha ido bien. Son casi los mismos que revolotean ahora mismo alrededor de la futura concejala de Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife Evelin Alonso (Ciudadanos), cuyo voto puede dar un vuelco a la gobernabilidad de esa ciudad devolviéndosela a CC. Pero, como habíamos acordado más arriba, ésa es otra historia. O no.

Una vez en el Senado, sólo había que esperar a que el Supremo reclamara para sí la causa al juzgado de La Laguna, lo que ocurrió hace escasamente tres meses. Manuel Marchena, el ponente del auto dado a conocer este martes, fue meteórico. Sin pedir informe al Ministerio Fiscal y sin más referencia que la exposición razonada que, por obligación, elevó la jueza instructora, el presidente de la Sala Segunda archivó de plano las dos imputaciones que pesaban sobre Clavijo. Le bastó la opinión de una jueza cuya instrucción sólo ha sido elogiada hasta la fecha por el ponente del auto de archivo y en la que no se incluyeron diligencias y alegaciones posteriores a esa remisión.

La acusación particular ha anunciado recurso de súplica ante el mismo tribunal, lo que pondrá fin a las acciones judiciales. Falta por precisar si este archivo se extenderá a la parte de la causa que quedó en La Laguna, si los demás imputados (José Alberto Díaz, Pérez-Godiño…) se beneficiarán o no de esta posición del Supremo. Hay un antecedente cercano y elocuente: el de la jueza López Medel (la misma que ahora tramita la causa contra el Gobierno por la manifestación del 8-M), que mandó a Pablo Casado al Supremo por su falso máster y, al recibir el archivo sobre el presidente del PP, sepultó el resto de la causa.

Luego vendrá el caso reparos, en el que también está involucrado Clavijo, pero tras este auto de Marchena, ya sabrá la jueza instructora de La Laguna por dónde van los tiros.

De las acciones políticas cabe esperar de casi todo, incluso que Coalición Canaria consiga ahora convencer al PSOE de un acuerdo que le devuelva a las instituciones en nombre de la estabilidad y de la responsabilidad que en este último tramo ha demostrado como oposición. En eso también trabaja el equipo médico habitual de Clavijo. Próxima estación: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.