Un 8M en regresión: en vez de combatir la desigualdad hay que volver a demostrar su existencia

El Día Internacional de la Mujer encuentra a los feminismos dando peleas que hace tiempo se creían terminadas. Si la discusión alguna vez fue de políticas y reclamo de recursos para combatir la desigualdad de género, en 2025 de pronto hay que volver a demostrar la existencia de la problemática. 

Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, en los primeros dos meses del año hubo 52 femicidios. En 19 casos había denuncias previas que no alcanzaron para prevenir el asesinato. Sin embargo, la postura del Gobierno sigue siendo la planteada por Javier Milei en el Foro de Davos: que el femicidio no existe como tal. No importa la evidencia, ni siquiera la que produce el propio Estado. El último informe de la Corte Suprema indica que el 88% de las víctimas de 2023 (último dato oficial disponible) conocían a su agresor, en el 64% de los casos se trató de una pareja o ex. La decisión política de ignorar la naturaleza particular de la problemática deja desamparadas a las víctimas. 

Implica, además, un retroceso que no es sólo declamatorio: bajo la falacia de que “la violencia no tiene género” se eliminó la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y se reconfiguró la línea 144, antes dedicada a violencia de género y ahora abierta a otras víctimas de violencia sin tener en cuenta la especificidad de la problemática y la especialización de las operadoras. De todas formas, el recorte presupuestario hizo estragos en la cantidad de personal y cayeron las campañas de difusión. 

ELA (Equipo Latinoamericano de Género) impulsó un recurso de amparo que en diciembre ordenó al Estado frenar la reducción de recursos humanos e infraestructura a las áreas encargadas de prevención de la violencia de género. Se les instó a que expliquen de qué manera están cumpliendo con su rol de protección contra la violencia de género, previsto en la ley 26.854. No hubo respuesta y han apelado la medida desde el Ministerio de Justicia, que encabeza Mariano Cuneo Libarona. “Hay un claro desincentivo a recurrir a los espacios de ayuda”, denuncia Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA.

“Las organizaciones feministas populares seguimos ahí donde no está el Estado. Pero haciendo malabares porque la crisis económica golpea y tenemos menos recursos para ofrecer. Estamos en modo de supervivencia”, asegura Raquel Vivanco, directora del Observatorio “Ahora que sí nos ven”, que fundó en 2015. El Programa Acompañar, que ofrecía ayuda económica para que víctimas pudieran salir de relaciones violentas ha sido virtualmente cancelado: las beneficiarias han disminuído en un 98%.

Organizaciones en jaque

Shalom Bait es una organización de la comunidad judía y abierta a la sociedad en general. Atienden de manera integral a mujeres víctimas de violencia, madres protectoras y sobrevivientes de abuso sexual en la infancia. “Estamos en una situación de emergencia financiera y a la vez con demanda creciente”, explica Tamara Santoro Neiman, coordinadora del área de prevención. Ofrecen acompañamiento psicológico y patrocinio jurídico. Sólo en 2024 asistieron a 447 mujeres. En enero sorprendieron con un pedido de ayuda económica en las redes sociales: “Trabajamos desde 2003 y nunca nos había pasado”, explica Santoro Neiman. No es la única ONG que acusa el impacto de la crisis económica. Fundación Huésped también denuncia la situación más acuciante en 35 años de trabajo, que incluye prevención de enfermedades de transmisión sexual y salud sexual y reproductiva. Para muchos programas de asistencia, las dificultades económicas vernáculas encuentran un agravante en la avanzada conservadora a nivel internacional. Muchos fondos del exterior (públicos y privados) han sufrido recortes en consonancia con el nuevo tiempo político, en especial desde la nueva asunción de Donald Trump. 

Las empresas no son ajenas a esta ola: aquellas nunca habían visto la diversidad como estratégica o transversal a sus intereses están cancelando las iniciativas con la misma velocidad con las que crearon las áreas“, asegura Agustina Kupsch, antropóloga y fundadora de Panóptico Social. 

Sin derecho a decidir

En materia de derechos sexuales y reproductivos, el ataque es en todos los frentes: recortes en acceso al aborto, pero también a los anticonceptivos y la educación sexual integral. Algunos programas continúan figurando, pero con reducciones de recursos que los vuelven letra muerta.

El Plan ENIA, que había logrado reducir 49% la tasa de fecundidad adolescente en apenas cuatro años ha sufrido un recorte de más del 65%. “Se desmanteló la política pública en materia de salud sexual y reproductiva y se ha interrumpido la compra y distribución de insumos esenciales recomendados por OMS para garantizar el acceso al aborto seguro y en condiciones de calidad, lo que pone en riesgo el pleno y efectivo acceso al aborto para niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar en Argentina. A esto se suma el faltante de métodos anticonceptivos, los ataques a la educación sexual integral y las suspensiones en la entrega de insumos del Plan Mil Días. En definitiva, hay una desresponsabilización del Estado que abandona a las mujeres niñas y adolescentes en su derecho a elegir libremente su proyecto de vida”, denuncia Lucila Galkin, directora de Género de Amnistía Internacional Argentina. El plan Mil Días es el que se había aprobado en paralelo al aborto legal en 2020 para garantizar el derecho a decidir también de quienes deciden parir y maternar. Para ellas, tampoco hay. 

Muchas provincias han salido a cubrir aquellos insumos que antes garantizaba el Estado Nacional. Tampoco es uniforme la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral, sancionada en 2006 y cuestionada ahora desde el gobierno central. Como respuesta, un dato: el Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires indica que entre el 70% y 80% de los denunciantes de 12 y 14 años lograron identificar situaciones de abuso gracias a la ESI. Pero la Ciudad es uno de los distritos que puso los contenidos bajo revisión. 

No hay plata

En los barrios populares el desborde se ve también en las carencias económicas. “Las situaciones de violencia han aumentado porque las políticas de ajuste repercuten dentro del hogar. Dentro de los barrios siempre se recurrió a las promotoras, pero ahora ellas también están buscando una changa con la que sostenerse. Falta lo que se había empezado a trabajar con la ley de Integración socio urbana y la de emergencia social”, dice Dina Sánchez, secretaria federal adjunta de UTEP. Dice que hoy la principal preocupación de las mamás es el narco: “Están desesperadas porque se aprovecha esa miseria para buscar a los pibes y hacerlos soldados”. 

“Para nosotras es muy importante poner en evidencia lo que está significando el modelo económico de Milei: el nivel de crisis social que hace imposible la autonomía económica para salir de la violencia. Una de las demandas principales que impulsamos es que vencen las moratorias previsionales y 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar”, marca Luci Cavallero, del Colectivo Ni Una Menos, que convocó el sábado a la marcha bajo la consigna “Contra el hambre, el saqueo y la crueldad. Milei sos una estafa”.

DTC