La comisionada de Transparencia no admite una denuncia sobre la ocultación de las dietas del Parlamento canario

La comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García Leal, no ha admitido a trámite una denuncia contra el Parlamento de Canarias por haber retirado de su página web la información que ofrecía hasta noviembre sobre el cobro de dietas por parte de los 70 diputados.

La institución del Comisionado de Transparencia “carece de competencia para controlar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa” por parte del Parlamento de Canarias, señala García Leal en su respuesta.

La denuncia fue interpuesta por el presidente de la Asociación por la Transparencia en Canarias (AxTeC), Mikel Prat, a quien la comisionada aclara a título informativo que el Parlamento cumple sus obligaciones legales, que son publicar en el portal de transparencia las retribuciones de los diputados y su régimen económico y de protección social.

No obstante, la comisionada precisa que su criterio interpretativo en los ámbitos en los que sí tiene competencias es que la información pública “se presente de la forma más clara y accesible que sea posible”.

Precisamente, la retirada de la información de forma “clara y accesible” sobre el cobro mensual de dietas por parte de cada diputado o diputada fue el origen de esta denuncia, según ha declarado a EFE Mikel Prat, quien ha mostrado su decepción con la respuesta de la comisionada de Transparencia.

En su opinión, Noelia García Leal, exdiputada y exalcaldesa de Los Llanos de Aridane por el PP, “ha tirado más de su perfil político que de lo que representa su cargo”.

“Se ha olvidado de que ella está al servicio del ciudadano, no del Parlamento de Canarias”, ha agregado.

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un órgano auxiliar del Parlamento de Canarias y su titular es designada por la Cámara autonómica.

Para Mikel Prat, es “una falta de respeto” que la comisionada de Transparencia suscriba la tesis de la Mesa del Parlamento de Canarias, que básicamente consiste en decir al ciudadano que pregunta por las dietas que consulte por su cuenta la legislación vigente y “haga sus propios cálculos” a partir de los datos de asistencia de cada diputado, según Mikel Prat.

La información sobre los ingresos mensuales por dietas de cada parlamentario era pública y accesible desde enero de 2017 hasta su retirada en noviembre pasado, en coincidencia con la publicación en los medios de comunicación de que los parlamentarios habían aumentado sus dietas en un 131% de un año a otro.

Ante esa circunstancia, AxTeC recurrió a la Comisionada de Transparencia, que puede fiscalizar a las administraciones autonómicas y locales con la excepción del propio Parlamento.

Las resoluciones de la Mesa del Parlamento en respuesta a las solicitudes de información solamente son recurribles por la vía contencioso administrativa.

Recientemente, la Mesa del Parlamento ha desestimado una solicitud de un periodista de la Agencia EFE para que volviera a publicar la información sobre las dietas, tal y como sucedía hasta noviembre.

En su repuesta, la Mesa del Parlamento no explica los motivos para no facilitar la información requerida y remite al solicitante a la información general sobre el régimen económico de los diputados y a los datos sobre asistencia a las reuniones parlamentarias

La Ley de Transparencia y Acceso a la Función Pública de Canarias obliga a las administraciones públicas a facilitar la información “de manera clara y entendible” y sin más limitación que las establecidas legalmente.

En su normativa interna sobre la aplicación de la Ley de Transparencia, el Parlamento de Canarias se compromete a publicitar la información relativa a su actividad de forma “activa”, así como a publicarla “de una manera clara, estructurada y entendible para las personas interesadas y, preferiblemente, en formatos reutilizables”.

La Ley de Transparencia está en proceso de revisión por iniciativa del Gobierno de Canarias, que quiere unificarla con la Ley de Participación Ciudadana de Canarias, normas que datan de 2010 y 2014, respectivamente.

Esta reforma legal está actualmente en proceso de consulta pública, antes de que el Gobierno autonómico la remita al Parlamento de Canarias, que será la institución encargada de tramitarla y en su caso aprobarla.