Koldo García planta a la comisión de investigación y el Parlamento de Canarias lo llevará ante la Fiscalía

El exasesor del Ministerio de Tranportes Koldo García no ha acudido este lunes al Parlamento de Canarias, donde había sido citado para intervenir en la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia de COVID por parte del Ejecutivo regional.

García y su abogado se negaron a recoger la notificación de manos de la Policía Nacional y ante esta incomparecencia la Cámara regional va a elaborar un informe jurídico que remitirá a la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia.

A García ya se le intentó citar en junio del año pasado, pero no se le pudo entregar la notificación.

En declaraciones a los medios tras finalizar la comisión, el presidente de la misma, Raúl Acosta (AHI), ha explicado que la Mesa entiende que ese ha producido un presunto delito de desobediencia tipificado en el artículo 502 del Código Penal. “Esta comisión hizo todos los esfuerzos para que el señor Koldo compareciera. De hecho, cuando nos enteramos de que iba a acudir al Tribunal Supremo mandamos a la Policía con una notificación requiriéndole que acudiera hoy, pero se negó a recogerla”, ha ahondado Acosta.

“Hemos hecho todos los esfuerzos para que pudieran estar debidamente enterados de que hoy debía comparecer en esta comisión en el Parlamento de Canarias. Negarse a recogerla [la citación] es por lo que entendemos que puede haber una posible comisión de ilícito penal”, ha resumido.

Además, ha confirmado que la comparecencia de José Luis Ábalos se mantiene como estaba prevista, para el 21 de abril, si bien ha avanzado que se ha acordado modificar el calendario previsto para la comparecencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y expresidente del Gobierno canario durante los hechos que se investigan, Ángel Víctor Torres, quien este domingo anunció que padece un cáncer, motivo por el que se ha aplazado sin fecha su comparecencia, que previsiblemente se celebrará a finales de mayo.

Raúl Acosta ha deseado una pronta recuperación a Torres y ha manifestado que la fecha dependerá de la evolución de su recuperación.

Este lunes sí han comparecido ante el Parlamento las exconsejeras de Turismo y de Educación, Yaiza Castilla y Manuela Armas, respectivamente, y en próximas sesiones se espera, entre otros, al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el actual ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres.

Yaiza Castilla ha explicado que “nunca” se discutió la compra de material sanitario durante la pandemia en las reuniones del Consejo de Gobierno regional, presidido entonces por el socialista Ángel Víctor Torres. “No propuse ninguna empresa, tampoco me llamaron”, ha señalado. Y ha añadido que no formó parte de los comités de gestión organizados por el Ejecutivo, aunque sí de algunas reuniones específicas en las que se tomaban medidas.

Contratos de emergencia

Por su parte, la exconsejera de Educación Manuela Armas defendió la contratación de emergencia en pandemia pese a que haya un “golfo” que no entregó las mascarillas tras cobrar cuatro millones de euros, en referencia a la empresa RR7 United.

“Si en una cosa como fue la pandemia no se contrata de emergencia, ¿en qué momento se contrata?, esa emergencia, ¿cuándo sería?”, se ha preguntado en la comisión de investigación.

Armas ha destacado el empeño del Gobierno de Canarias por “abrir las escuelas” durante la pandemia y que se convirtieran en un “refugio seguro” para familias y niños por lo que ha instado a los diputados a “sacar pecho” de una acción que se hizo bien y ha agradecido su “esfuerzo” a los profesionales de educación.

Ha reconocido que hubo “desconcierto, angustia, momentos muy complicados y muy difíciles” pero defendió la “coordinación absoluta” que había con Salud Pública y Sanidad en la toma de decisiones. “Conserven la escuela pública, por favor, es una garantía de todo, tienen que ser los garantes”, ha rogado a los diputados.

Sobre la compra de material sanitario ha comentado que “nunca” se habló de ese tema en los consejos de gobierno aunque ha precisado, no obstante, que las deliberaciones son secretas, y ha limitado la intervención de su departamento a dos contratos, de casi 12.000 euros y 110.000 euros para personal de administración dado que los centros educativos tenían autonomía para hacer compras menores.

Ha resaltado que “nunca” tuvo conocimiento de las irregularidades de los contratos de mascarillas, pues se enteró por los medios de comunicación, aunque sí se habló posteriormente en el Consejo de Gobierno una vez fue pública la información. “En los consejos se hablaba de todo”, ha indicado.

Con todo ha apuntado que en pandemia se hizo “lo mejor” que se pudo “y lo que permitía la ley” y ante las críticas de la oposición, cree que no se malgastó dinero público y que la estafa al Gobierno de Canarias “está en los tribunales”, sin obviar que le parece “mal” que no se hagan bien las cosas, sí así lo determina la justicia.

Ha comentado, a diferencia de su compañera Yaiza Castilla, que sí acudió a algunas reuniones del comité de gestión pero ha reiterado que “nunca” se habló de los contratos de RR7, Megalab o Soluciones de Gestión.