Caso Mascarillas: el contrato del Gobierno canario con RR7 no se financió con fondos europeos

El contrato del Servicio Canario de la Salud (SCS) con la empresa RR7 efectuado durante la pandemia para la adquisición por 4 millones de euros de un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas no se financió con fondos europeos, según ha asegurado la subdirectora de Gestión de Fondos Europeos de la Comunidad Autónoma, Pilar Almeida, en la comisión del Parlamento de Canarias que investiga el caso Mascarillas.

El Servicio Canario de la Salud (SCS), aunque en principio pudiera haber tenido voluntad de obtener esa financiación europea, ni siquiera llegó a solicitar para este contrato los fondos extraordinarios que la UE permitió durante la pandemia, presumiblemente porque nunca se llegó a cumplir uno de los requisitos exigidos, que el material contratado hubiera sido entregado.

La subdirectora, que durante la pandemia era jefa del servicio de planificación económica en la Consejería de Hacienda, ha indicado en su comparecencia que en el caso de los contratos con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al caso Koldo, sí hubo en principio financiación europea por 10,9 millones de euros, a solicitud del SCS.

En este caso, el SCS sí se acogió a los fondos europeos y se verificó que cumplía con los requisitos establecidos entonces para los contratos de emergencia y que se cumplieron las fases del procedimiento: contratación, recepción del material y pago.

El SCS solo pagó el material efectivamente recibido, no todo el inicialmente contratado, debido a problemas con los proveedores con la calidad de algunas partidas de mascarillas.

No obstante, los 10,9 millones de euros con cargo a los fondos de la Unión europea fueron posteriormente descertificados de manera preventiva por el Ministerio de Hacienda y la Consejería de Hacienda, con la aprobación de la Comisión Europea, una vez que el caso fue judicializado, a la espera de cómo terminen los procedimientos en los tribunales, explicó la funcionaria.

A preguntas de los grupos de PP y CC, Pilar Almeida manifestó que desconoce por qué la Fiscalía Europea asumió el caso mascarillas en noviembre de 2022 si el contrato con RR7, que es el que dio origen al procedimiento judicial, no fue financiado con fondos europeos.

Almedia dejó claro reiteradamente que no existe constancia de ninguna declaración de gastos presentada por el SCS solicitando ayuda de fondos europeos para el contrato con RR7.

También con reiteración confirmó que el contrato con Soluciones de Gestión sí fue cofinanciado, con un gasto certificado de aproximadamente 10,9 millones de euros.

Pero añadió que es una práctica habitual que cuando un contrato es objeto de una investigación judicial, se proceda a una retirada preventiva de los fondos, si bien si el proceso judicial concluye sin irregularidades, el gasto puede volver a certificarse.

La solicitud de financiación a la Unión Europea solo puede realizarse por reembolso, una vez que los gastos han sido abonados por la Comunidad Autónoma, de manera que no se pueden solicitar fondos por anticipado.

En el caso de Soluciones de Gestión, los gastos realizados por el SCS fueron certificados y sometidos a controles de primer nivel a partir de la documentación presentada y no se detectaron irregularidades concretas, de manera que la retención posterior de la subvención fue “una medida de prudencia” ante la judicialización del caso.

En este expediente de Soluciones de Gestión se incluían las actas de entrega del material sanitario y recuentos de material efectivamente recibido, ya que hubo retiradas de mascarillas por no cumplir los requisitos.

“Solo se pagó el material efectivamente recibido, y hubo controles sobre la calidad de las mascarillas. El control de primer nivel verificó que el gasto cumplió con los requisitos establecidos”, concluyó Pilar Almeida.