Clavijo espera “lealtad institucional” del Estado y las comunidades para cumplir el decreto de menores migrantes

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este martes en el Parlamento de Canarias “lealtad institucional” entre el Estado y las comunidades autónomas para poder desarrollar el decreto-ley de distribución de menores migrantes. El discurso del presidente ha evitado criticar al PP su postura respecto al decreto, así como reconocer el trabajo realizado desde el Gobierno central para conseguir finalmente el apoyo necesario en el Congreso de los Diputados para sacar adelante la reforma de la Ley de Extranjería demandada por Canarias.

En respuesta a una pregunta de NC-BC, Clavijo ha asumido que los intentos de solidaridad “fracasaron” por lo que ahora toca ejecutar este decreto a partir del 31 de marzo, cuando las comunidades hayan definido la capacidad de su red de acogida y su grado de saturación.

Ha insistido en que el decreto es un ejemplo de “gran éxito de la política útil” y ha dejado clara la “colaboración” de Canarias para que la distribución se haga efectiva y velando siempre por el interés superior del menor.

El portavoz de NC-BC, Luis Campos, ha dicho que el decreto-ley es una “gran noticia” para los menores migrantes, los territorios que son “puerta de entrada” a la inmigración y el valor que aporta la “política” a la resolución de los “grandes temas”.

En esa línea, ha indicado que la solución “llega antes” gracias a los llamados “separatistas” que de los que se “autodenominan partidos de Estado”, en alusión al PP, al tiempo que ha agradecido la respuesta de la sociedad canaria, “especialmente la herreña” con su “papel altruista”, frente a quienes “cuestionaban” quién pagaba los entierros o “metían migrantes en las guaguas” y los llevaban hasta la Delegación del Gobierno.

Igualmente ha reconocido el trabajo del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, porque “sin él empujando esto no sería posible”, y la gestión de su propio partido (NC-BC), que incluyó la reforma de la ley de extranjería en el 'Pacto Canario por la Inmigración'.