La posible disolución del Grupo de Reserva y Seguridad nº 8 en Canarias, una unidad de élite que presta servicio en materia de terrorismo, inmigración y lucha contra organizaciones criminales, ha provocado una ola de reacciones de diferentes asociaciones y del propio Gobierno regional, lo que a su juicio supondría un “retroceso en la capacidad de las fuerzas de seguridad en las islas.
El Ejecutivo canario ha transmitido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su preocupación por el posible cierre de la unidad, ubicada en Tenerife. A tal efecto la consejera autonómica de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha dirigido este martes un escrito al ministro en el que advierte de que “en un contexto geográfico y logístico tan particular, este Grupo de Reserva y Seguridad ha demostrado ser un pilar fundamental” en la respuesta a situaciones de emergencia y en el mantenimiento del orden público.
“Desde el Gobierno de Canarias llevamos un año y medio pidiendo que se amplíe el catálogo de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y consideramos que este no es el momento de restar efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estratégicamente, sería una medida contraproducente y muy difícil de justificar”, apunta Barreto.
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido “transparencia y una respuesta clara” por parte de la Dirección General de la Guardia Civil respecto a ello.
AUGC ha criticado en un comunicado la falta de información oficial sobre el futuro de este grupo y por ello, ha añadido, ha presentado una consulta formal a la Dirección General de la Guardia Civil.
El cierre o traslado del GRS 8 tendría “un impacto significativo tanto para los agentes afectados como para la seguridad en la isla”, prosigue la AUGC, que advierte de que la falta de comunicación solo genera más inquietud e inseguridad entre los profesionales que desempeñan su labor “con compromiso y dedicación”.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha expresado también su preocupación, a lo que considera “un agravio” y un grave perjuicio para la seguridad.
En un comunicado la presidenta del Cabildo tinerfeño ha transmitido además su “firme respaldo” a la Guardia Civil y ha manifestado su rotundo rechazo en caso de que el Ministerio del Interior confirme esta decisión.
Este pasado lunes, seis asociaciones representadas en el Consejo de la Guardia Civil rechazaron esta posible disolución.
La Asociación Profesional de Cabos, Asociación Profesional de Suboficiales, la Unión de Oficiales, la Asociación Unificada y la Asociación Española han considerado en una nota que se trata de una decisión “tomada en Madrid, sin razón objetiva aparente, y que conllevaría un grave perjuicio a la seguridad de los canarios”.
Este grupo también presta colaboración en materia de Protección Civil, en particular en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, como los grandes incendios acaecidos en Canarias, las crisis vulcanológicas, como las registradas en El Hierro y La Palma, y la búsqueda de desaparecidos.
Recuerdan que esta unidad vela por la seguridad de infraestructuras críticas susceptibles de atentados, como puertos, aeropuertos e instalaciones sensibles, como centrales eléctricas y térmicas.