La Asociación de Alquiler Vacacional denuncia ante la UE el proyecto de ley del Gobierno canario para el sector

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha presentado ante la Comisión Europea (CE) una denuncia, admitida a trámite, sobre una presunta vulneración de la normativa comunitaria del proyecto de ley que regulará esta actividad; una de las “múltiples irregularidades” que detecta en el texto.

Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa la presidenta de ASCAV, Doris Borrego, y el vicepresidente, Javier Valentín, quienes han pedido al Gobierno de Canarias que archive su “proyecto Frankenstein”.

En todo caso, ya han pedido a la Mesa del Parlamento que abra un trámite de consulta pública durante la tramitación en la Cámara del proyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de la vivienda, y, en paralelo, reclaman la suspensión de licencias para “frenar el efecto llamada”.

Javier Valentín ha detallado el contenido de un informe elaborado por ASCAV, que incluye un análisis de una catedrática de Derecho Administrativo, en el que se concretan las “irregularidades” observadas en el proyecto de ley.

Una de ellas es que el Gobierno de Canarias ha hecho “caso omiso” a la directiva que obliga a los Estados miembros a comunicar a la CE cualquier norma que limite la libre prestación de servicios.

Valentín ha explicado que esta denuncia no tiene efectos suspensivos, es decir, que “no paralizará” el proyecto de ley, pero podría acarrear “sanciones económicas” para España.

Más allá de este aspecto, ASCAV considera que el proyecto de ley de la vivienda vacacional vulnera competencias de los municipios y normativa básica del Estado, ante “la imposibilidad de exigir un doble título para la prestación de una misma actividad: declaración responsable y comunicación previa”.

Pero es que además considera que el proyecto de ley vulnera los principios de proporcionalidad, necesidad y no discriminación, y “prohíbe” que propietarios de viviendas vacacionales hagan un uso residencial puntual de las mismas.

A todo esto, ASCAV suma el hecho de que la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ve “un obstáculo invalidante” porque en la memoria económica del proyecto, Turismo indica que no tendrá incidencia en las arcas públicas, lo que el departamento de Matilde Asián, sostiene la patronal del sector, “desmiente rotundamente”.

ASCAV calcula en más de 107 millones de euros anuales el dinero que dejarán de ingresar las arcas públicas canarias vía IGIC e IRPF.

Doris Borrego ha denunciado que el proyecto de ley, “lejos de perseguir el consenso, parece ser el del enfrentamiento”, y se ha remitido a las 5.083 alegaciones presentadas en el trámite de consulta pública, el 68% de las cuales se pronunciaban “frontalmente en contra”.

Ha recalcado que no es solo ASCAV quien se opone al proyecto de ley de vivienda vacacional, y ha sumado en ese bloque crítico a Fecam, Fecai, las dos patronales canarias, el Consejo Económico Social, las asociaciones de agencias inmobiliarias, el Colegio de Administradores y las federaciones de la construcción.

Borrego ha remitido a un informe del Colegio de Economistas de Las Palmas que cifra en un 89% la vivienda vacacional en manos de pequeños propietarios, y en un 64% la ubicada en municipios turísticos, con lo que su detracción del mercado de vivienda residencial es “más que residual”.

La presidenta de ASCAV ha advertido de que este proyecto de ley afectará a todos los canarios, porque sin vivienda vacacional, ha dicho, “ni jóvenes ni familias de clases medias no podrán viajar” si el Gobierno regional “se doblega” a la pretensión de la patronal hotelera de “menos oferta y mayores precios”.

También perjudicará a los pequeños propietarios, pues el turismo vacacional, ha dicho, “es patrimonio de todos los canarios” y esta es “la única modalidad que redistribuye la riqueza y la comparte con muchos subsectores” como las empresas de alquiler de coches, de actividades de ocio, el comercio, las empresas de limpieza, o de mantenimiento.

Preguntada por las protestas de este fin de semana contra el actual modelo turístico en Canarias, la presidenta de ASCAV ha indicado que no pueden estar “más de acuerdo” con las reivindicaciones de los colectivos convocantes.

Ha considerado “insólito” que el propio sector pidiera y siga pidiendo “una moratoria” en cuanto a la emisión de licencias de vivienda vacacional, ante la previsión de un “efecto llamada” que se ha producido con más de 15.000 actas desde octubre de 2023.

Ha hablado de “falta de previsión” en vivienda pública y ha puesto el foco en las “más de 211.000 viviendas vacías” en el archipiélago.

Doris Borrego ha indicado que más del 40% de la vivienda residencial se ha retirado del mercado por la “inseguridad jurídica” generada por la nueva Ley de Vivienda: la mitad ha pasado “por si acaso” a la vacacional, aunque no se publicita en plataformas, y la otra mitad permanece “cerrada a cal y canto”.