Engoar al proletariado

La política de comunicación del Gobierno de España sobre la subida del salario mínimo ha funcionado regular tirando a mal por el súbito enfrentamiento entre dos vicepresidentas, la ministra de Hacienda y la de Trabajo. Un logro que tenía que haber sido celebrado debidamente por el Gobierno progresista de coalición ha quedado manchado por una disputa absurda y torpe que tenía que haberse resuelto antes de anunciar oficialmente la subida salarial. 

Nadie entiende que una noticia tan positiva para los españoles como la subida del sueldo mínimo se haya convertido en una trifulca soterrada entre dos vicepresidentas, la una defendiendo la Hacienda Pública y la otra una mejor retribución a los trabajadores. 

El Gobierno no ha sabido vender bien esta medida que supone que el salario mínimo haya subido en España el 61% en los últimos seis años con la presidencia de Pedro Sánchez. El PP congeló los salarios mínimos cuando gobernaba y se opone a la subida cuando está en la oposición, como ahora. Pero en cambio tiene el cuajo de aparentar que defiende a los trabajadores peor pagados. 

La ministra de Trabajo se ha apuntado un tanto al conseguir por quinto año consecutivo la subida de sueldo para los trabajadores más desfavorecidos pero al mismo tiempo su medida estrella, junto con la reforma laboral apoyada por la figura estelar e inopinada de un tal Casero (un diputado popular muy impopular entre los suyos), no ha podido celebrarla como se merecía ya que por primera vez el salario mínimo tendrá que tributar a Hacienda. 

María Jesús Montero vela por el erario público y al ser la ministra de los impuestos le toca el desagradecido papel de bailar siempre con el más feo, mientras que Yolanda Díaz no quiere que se le reste ni un céntimo a los trabajadores que menos ganan. Las dos ministras se han enredado en un lío bastante tonto e inútil. Son las dos caras de la misma moneda. 

Por un lado, una ministra no quiere que los trabajadores que ganan poco tengan encima que devolver parte de la subida, aunque eso solo pasaría con el 20% de todos los afectados por la medida, mientras que la otra ministra quiera aplicar los impuestos a todos los ciudadanos, aunque de forma proporcional y progresiva. 

Es un debate un poco absurdo puesto que no estaríamos hablando de esto si el salario mínimo no se hubiese incrementado. Estamos hablando de los supuestos perjuicios de una subida salarial. Ojalá todas las discusiones políticas se circunscribieran a este tipo de casos. Nadie discute que el nuevo SMI es positivo y vaya a mejor, lo que se debate es en qué parte empeora esa mejoría. Precisamente están tributando las rentas más bajas porque han sido incrementadas. Sin subidas no hay tributos. O como diría Mariano Rajoy: sin tributos no hay subidas. 

Díaz no quiere que dos de cada diez trabajadores devuelvan veinte de los cincuenta euros de subida mientras que Montero preconiza que los impuestos solidarios, proporcionales y progresivos son los que permiten tener buenos servicios públicos y mantener el estado de bienestar. 

Montero no cree que sea un buen ejemplo que haya trabajadores que estén exentos de pagar el IRPF después de la subida del SMI. Pedro Sánchez lo ha justificado diciendo que “sin una tributación justa, nunca tendremos los recursos para luchar contra la pobreza”. 

Montero pretende dar ejemplo con la contribución proporcional. O sea, recaudación progresiva típica de los gobiernos progresistas. Lo que se está tratando es una cuestión más de forma que de fondo. Cada uno ve la moneda desde una parte, pero es la misma moneda. 

La izquierda propugna los impuestos progresivamente proporcionados porque conforman la base del Estado del Bienestar. En realidad la subida del salario mínimo no solo beneficia a los trabajadores sino también a los empresarios porque ese dinero circulará en el mercado y volverá a las empresas ya que habrá más contribuyentes con mayor poder adquisitivo y consumirán más.

El PP ha querido pescar en río revuelto y ha entrado de lleno en la charca de las ranas de Esperanza Aguirre para echar más leña al fuego y sembrar cizaña entre Montero y Díaz. Feijóo pincha en hueso porque además el comportamiento del principal partido de la oposición vuelve a ser una vez más deplorable. Por mucho que lo quiera disimular, el Partido Popular no es el Partido de los Trabajadores como una vez llegó a decir la solemne y pizpireta Dolores de Cospedal después de ir a Pekín para firmar un acuerdo entre el PP y el Partido Comunista Chino.

Esa pose del Partido Popular no cuela. Defiende que las rentas más bajas no declaren a la Agencia Tributaria, pero es porque el partido no quiere siquiera que haya impuestos para los más ricos. Sería un cante tremendo estar en contra del impuesto a los ricos y en cambio estar a favor del tributo a los pobres. La derechona repulsa el intervencionismo público a no ser que sea para socorrerle en la época de vacas flacas con inyecciones con el dinero de todos. 

Resulta paradójicamente repugnante que el partido que de forma sistemática se ha opuesto a la subida de los salarios de los trabajadores y a la fijación de un sueldo mínimo sea el mismo que ahora quiere presumir de defensor de la clase obrera. El PP los quiere pobres pero no honrados. 

Sin embargo, se está debatiendo una teoría falsa porque todos los trabajadores, incluidos los que están exentos de hacer la declaración de la renta, contribuyen de una forma u otra al erario público ya que pagan impuestos indirectos como el IVA y el IGIC. Son impuestos obligados si quieres permitirte el lujo de comer todos los días. 

En cualquier caso, la subida del salario mínimo solo debe considerarse un éxito que no puede empañar la disputa entre dos ministras engalladas y aguajeras, y menos aún la grotesca capitalización que ha pretendido formalizar el principal partido de la oposición, que quiso pescar en río revuelto aprovechando que el Manzanares pasaba por Madrid. 

Al final lo único que ha conseguido Feijóo es quedase con cara de besugo después de tragarse el engodo. Tendrá que buscar otra ocasión para engoar al proletariado.